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Andalucía reclama una reforma del modelo territorial y la financiación

El Gobierno de Andalucía ha hecho pública una comunicación en la que fija posición política ante un segundo Debate sobre el Estado de la Comunidad que se celebrará los días 15 y 16 de noviembre de 2017 para facilitar al poder legislativo la función de control sobre el ejecutivo, en el que defenderá la necesidad de una reforma constitucional que aborde el modelo territorial y la financiación.

Susana Díaz
Susana Díaz en el debate de investidura en 2015

Explica el Gobierno andaluz que este debate será “un foro excepcional para debatir cuestiones que afectan tanto a nuestra comunidad autónoma como al resto de España, en el que, mediante el diálogo y el acuerdo, pueden y deben surgir propuestas que redunden en el bienestar de la ciudadanía y en el progreso de los territorios”.

En el texto de la comunicación se señala que:

Andalucía observa estos días con preocupación la situación de inestabilidad en la que se ha sumido España a consecuencia de la deriva independentista por la que han optado las instituciones catalanas.

La inseguridad creada, además, ha sido aprovechada de forma interesada para cuestionar la totalidad de un sistema constitucional que nos ha permitido disfrutar, con sus carencias, del mayor período de paz, libertad, progreso y derechos sociales de toda nuestra historia moderna y contemporánea.

Andalucía, frente a las tensiones disgregadoras impulsoras de una España desigual, sigue defendiendo la validez del marco de convivencia constitucional, reclamando su profundización y su reforma y afrontando el reto del debate territorial con la voluntad de actuar como fiel de la balanza que garantice la igualdad de los territorios y de la ciudadanía, independientemente de su residencia.

La búsqueda del consenso para abordar la reforma constitucional y el alumbramiento de un nuevo modelo territorial es más necesaria hoy que nunca. Solo a través del encuentro y del acuerdo las reformas que se pongan en marcha garantizarán un nuevo período de convivencia pacífica y de prosperidad.

Este consenso debe partir de una premisa clara y fundamental, la igualdad. Igualdad de toda la ciudadanía española, igualdad de todos los territorios de España.

El Gobierno andaluz siempre ha considerado la estabilidad social y económica y la igualdad de las personas y de los territorios como un cimiento fundamental del progreso. Esta legislatura además se está caracterizando por la capacidad negociadora y la voluntad permanente del Gobierno andaluz por alcanzar acuerdos que posibiliten la estabilidad política e institucional de la comunidad autónoma y que trasladen a las personas la incipiente recuperación económica.

Ejemplo del compromiso del Gobierno andaluz con el diálogo y el acuerdo es que Andalucía ha sido la primera Comunidad Autónoma en presentar sus presupuestos para el próximo año. Unos presupuestos expansivos y de marcado carácter social orientados en su plenitud a conseguir que la recuperación económica llegue a las familias y no solo a los balances de empresas o administraciones. Unos presupuestos que son la plasmación de las grandes líneas de actuación del gobierno andaluz: la revitalización de los servicios públicos para no dejar a nadie atrás en este contexto de incipiente recuperación económica y la creación de empleo digno, estable y de calidad.

El Gobierno andaluz siempre ha manifestado su firme compromiso con la defensa, mantenimiento y profundización del Estado del Bienestar. Ahora que las cifras macroeconómicas comienzan a ser favorables es fácil volver a defenderlo. Pero Andalucía siempre lo hizo, ahora y en los momentos de crisis, momentos que algunas administraciones y partidos políticos aprovecharon para menoscabar el Estado del Bienestar y hurtar a la ciudadanía derechos y prestaciones que se habían ganado durante los años precedentes.

El compromiso andaluz con la defensa de los derechos sociales sigue vigente y es hoy más fuerte que nunca, destinando 8 de cada 10 euros de su presupuesto a gasto social.

En 2018 el Servicio Andaluz de Salud contará con el mayor presupuesto de su historia, más de 9000 millones de euros, manteniendo toda la cartera de servicios sin copagos.

En educación, además de mantener todas las prestaciones que se venían desarrollando, Andalucía ha implementado nuevos derechos como la bonificación de las matriculas universitarias. También, como nuevo derecho, los presupuestos para 2018 contemplan la puesta en marcha de la Renta Mínima de Inserción Social, para la que se han consignado 198 millones de euros.

Además, las pensiones asistenciales, aquellas que reciben las personas en situación de mayor necesidad, volverán a crecer en Andalucía un 2 %, por encima de la subida que establece el Estado para las pensiones contributivas.

Y todo ello pese al lastre que para nuestro desarrollo y prosperidad supone el actual sistema de financiación autonómica, que precisa ser reformado para que las Comunidades reciban un reparto justo y equitativo de los fondos estatales en función de la población de cada territorio.

Entre 2009 y 2015 Andalucía ha recibido 5522 millones menos que la media de las comunidades autónomas en el mismo periodo. Esa financiación que le correspondía a Andalucía y que ha dejado de percibir de forma injusta hubiera permitido que el PIB de nuestra comunidad hubiese crecido un 3,8 % más y que se hubieran creado otros 100 000 empleos.

Pero la situación es aún más injusta con nuestra tierra si a la infrafinanciación sufrida durante estos últimos años le unimos el olvido que Andalucía viene recibiendo por parte del Gobierno del Estado. Un solo dato basta para ilustrar este hecho: la inversión consignada para Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 tan solo representa el 0,7 % del PIB andaluz, lo que supone un mínimo histórico.

El Gobierno central, consciente de la injusticia cometida con Andalucía, ha intentado maquillar la situación utilizando los fondos provenientes de Europa como sustitutos de la financiación estatal. Este hecho ha agravado aún más el déficit de financiación que ha sufrido Andalucía, perdiendo más de 7500 millones de euros en fondos europeos.

Por todo ello hoy, cuando los signos de recuperación económica comienzan a adquirir firmeza, el Gobierno andaluz defiende la necesaria reforma del modelo territorial español y del modelo de financiación autonómica, desde el consenso, sin imposiciones.

Dos reformas necesarias y urgentes que guiadas por el principio fundamental de la igualdad contribuirán al desarrollo sostenible y equilibrado de cada uno de los territorios que conforman España y de España en su conjunto.

Dos reformas además que revitalizarán el Estado del Bienestar, en el que las personas siempre serán la prioridad.

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