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Convención de Minamata sobre Mercurio desde América Latina

El 16 de agosto del 2017 ha entrado oficialmente en vigor la Convención sobre Mercurio suscrita en 2013 en la localidad japonesa de Kumamoto. Cabe precisar que, a diferencia de los convenios multilaterales firmados en las capitales de los Estados, este instrumento se suscribió en una pequeña localidad japonesa. Kumamoto es la ciudad en la que se ubicó la corporación Chisso, que optó por verter grandes cantidades de mercurio en los años 40 y 50, impactando la Bahía de Minamata y a sus pobladores.

El título “Convención de Minamata” alude a esa comunidad costera japonesa, que se dio a conocer cuando se reconoció oficialmente en 1968 una de las peores tragedias humanas causadas por este metal pesado, al consumir sus integrantes peces con altos niveles de mercurio. La historia de las víctimas de Minamata es también la lucha por no dejar que un silencio oficial, amenazas, intimidaciones y presiones de todo tipo logren esconder la verdad.

Foto de Tomoko Uemura tomando un baño sostenida por su madre, tomada en 1972 por el fotógrafo Eugene Smith, extraída de esta nota titulada: "Tomoko en el Baño"
Foto de Tomoko Uemura tomando un baño sostenida por su madre, realizada en 1972 por el fotógrafo Eugene Smith

 

W. Eugene Smith 1971 JAPÓN. Minamata. La mano lisiada de Iwazo FUNABA, víctima de la enfermedad.
W. Eugene Smith 1971. Japón. Minamata. La mano lisiada de Iwazo FUNABA, víctima de la enfermedad.

 

No fueron si no las fotos del reportero norteamericano Eugene Smith, las cuales fueron tomadas en 1971 (véase algunas de ellas en este enlace), las que interpelaron al mundo ante este drama humano, pese a los esfuerzos en Japón para que no trascendiera mayormente (véase nota sobre el libro de Eugene Smith y las amenazas que recibió).

Una intensa batalla legal en Japón logró finalmente que, en 2004, la justicia japonesa responsabilizara también al Estado por su omisión en la atención a esta tragedia (véase nota del Japan Times). Para algunos abogados, esta batalla legal  aún no ha concluido y no están registradas todas las víctimas.

Las asociaciones de víctimas y familiares de éstas y el Estado difieren sobre el número de personas afectadas y que deben ser compensadas. Por ejemplo, en este estudio publicado por las autoridades japonesas sobre los alcances en Japón de la enfermedad de Minamata, se lee que:

” Hasta finales de mayo del 2013, el número total de pacientes certificados era de 2.977 (1.784 en la Prefectura de Kumamoto, 491 en la Prefectura de Kagoshima y 702 en la Prefectura de Niigata), de los cuales 646 (330 en la Prefectura de Kumamoto, 130 en la Prefectura de Kagoshima, y 186 en la Prefectura de Niigata) siguen con vida. Mientras tanto, el 16 de abril de 2013 el Tribunal Supremo dictó una sentencia para dos casos que demandan la anulación de las decisiones respectivas del gobierno de rechazar la solicitud de la certificación bajo la Ley de Indemnización” (página 10).

La Convención sobre Mercurio

Fue a partir de reuniones de expertos de la FAO y de la OMS sobre los daños a la salud humana, a los suelos y a las aguas, provocados por el mercurio (véase nota del 2003) cuando se hizo imperioso contar con un instrumento internacional vinculante con respecto a esta sustancia. Las negociaciones sobre su conveniencia, y luego sobre su contenido, duraron diez años.

El convenio suscrito en 2013 (véase texto y anexos, versión en español) establece una serie de obligaciones para prevenir daños a la salud humana en los Estados partes causados por el mercurio, limitando o prohibiendo su uso. El artículo 7 se refiere a obligaciones relacionadas a la extracción de oro artesanal y a pequeña escala. El artículo 11 se refiere a los desechos de mercurio y el 12 a la necesidad de identificar y evaluar lugares contaminados.

Se prevé también un sistema de limitaciones progresivas a la producción e importación de ciertos productos que contienen mercurio. Al respecto, la fecha del año 2020 estipulada en el Anexo 1 obliga a tomar medidas comerciales a medio y corto plazo. Hace unos pocos meses, la Unión Europea (UE) acordó prohibir el uso de implantes odontológicos con mercurio en niños y mujeres embarazadas a partir de 2018, con miras a su prohibición total (véase nota de prensa y comunicado de prensa de la UE que abarca otras de las medidas tomadas).

Esta convención multilateral obliga a los Estados a regular y a limitar el uso del mercurio, un ámbito en el que en muchos Estados no existe regulación alguna. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, en este reciente artículo sobre la situación del mercurio con relación a las regulaciones costarricenses, se indica que:

“Son muchos los productos y sustancias con mercurio que se importan al país y contar con los datos exactos de las importaciones de éstos es una tarea compleja, ya que la descripción comercial de las partidas y subpartidas arancelarias de productos, que podrían contener este elemento, tiene información vaga y deficiente para identificarlos a cabalidad” (página 158).

De la misma manera, en este informe de las autoridades de Chile de 2009 titulado “Plan Nacional para la Gestión de los Riesgos del Mercurio” (véase texto completo), se lee que:

“En Chile actualmente no se producen productos con contenido de mercurio, por lo tanto, el mayor problema radica en la importación de éstos. Los principales productos importados y que contienen mercurio son pilas, termómetros, manómetros, medidores, barómetros, sensores, interruptores, fuentes de luz con mercurio, productos farmacéuticos de uso humano y veterinario, químicos y equipos de laboratorio. En todos los casos, no existe regulación para el ingreso y/o contenido de este metal” (página 14).

Quiénes no firman, firman y no ratifican, y quiénes sí ratifican

A la fecha de su entrada en vigor, este convenio internacional de Minamata cuenta con 128 firmas y 74 ratificaciones (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).

Como era de esperar, ni Argelia ni Kirguistán ni siquiera han firmado este texto.

El continente africano figura como la región con mayores Estados que han ratificado el texto. Se trata de Benín, Botswana, Burkina Faso, Chad, Congo, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Lesotho, Madagascar, Mali, Marruecos, Mauritania, Níger, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Swazilandia, Togo, Yibuti y Zambia.

Si bien lo han firmado, no aparecen en la lista de Estados que hayan ratificado esta convención los siguientes: Alemania, Australia, Bélgica, Corea del Sur, España, India, Italia, Irlanda, Marruecos, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica y Turquía. A diferencia de Eslovenia, Estados Unidos, China, Francia, Hungría, Irán, Japón, Países Bajos y Rumanía, entre otros, que sí lo han hecho.

¿Por qué no ratificar este instrumento sin más preludio? ¿Qué duda persiste aún desde 2013 sobre los efectos del mercurio en la salud humana y en el ambiente por falta de regulaciones? Estas y algunas otras son preguntas muy válidas que las organizaciones sociales deben hacer a sus respectivas autoridades.

En América Latina, después de Uruguay, primero en la región en ratificar esta convención (septiembre de 2014), seguido por Nicaragua (octubre del 2014), México y Panamá (septiembre de 2015), figuran como Estados Partes Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, y Perú. Nótese que en la región, ni Cuba ni Haití han optado por firmar siquiera este instrumento. En este enlace está disponible un detallado informe sobre la implementación de esta convención en América Latina y en el Caribe.

Como se puede apreciar, con la notable excepción de Guatemala, Centroamérica es parte de este novedoso instrumento, que llama a reforzar la cooperación para limitar el comercio del mercurio y su circulación. No es el caso de la región andina, en la que Chile y Colombia (al igual que Argentina) han optado por no someterse (aún) a este tratado. De igual forma, la región amazónica adolece de Estados, como Colombia y Venezuela. Recientemente, en Costa Rica, las autoridades detectaron que el mercurio usado por quienes se dedican a la minería artesanal ilegal proviene de Nicaragua (véase nota reciente de La Nación).

Nótese que Canadá, Estados Unidos y México son Estados partes, por lo que la armonización de nuevas reglas comerciales podría ser más fácil de acordar en este bloque subregional, que en la actualidad ha procedido a renegociar su principal acuerdo comercial (el NAFTA). Regiones que deseen librarse de los efectos del mercurio podrían a su vez renegociar los anexos de algunos productos incluidos en sus acuerdos comerciales, o condicionar la vigencia de algunos de estos acuerdos a enmiendas a aprobar específicas al mercurio. Es de señalar que la Unión Europea (UE) ha ratificado esta convención como organización internacional.

Mercurio, productores y consumidores

Se considera que los mayores productores de mercurio a nivel global es España, seguida por Kirguistán, Argelia y China (véase recuadros en páginas 5-6 de este informe al 2003).

Muchos de los Estados en los que se extrae oro de manera no regulada e informal (o bien en zonas en conflicto o disputadas) ven grandes cantidades de mercurio liberado por los obreros. En este artículo sobre el mercurio en Colombia publicado en 2015 se lee que:

“Prácticamente todo el mercurio que entra al país va a las minas ilegales, porque las legales utilizan cianuro”, dice el profesor de la Universidad del Rosario Leonardo Güiza, biólogo y abogado experto en minería.

A modo de ejemplo sobre el oro extraído en zonas en conflicto y los graves problemas suscitados por la falta de control estatal, remitimos al lector a la guía elaborada por la OCDE en 2016 sobre el oro colombiano, titulada “Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiana: perspectivas generales”, disponible aquí. Es muy probable que el caso del oro colombiano no sea si no un simple reflejo de lo que ocurre en muchas otras latitudes del planeta.

Ahora bien, el problema del mercurio está muy lejos de circunscribirse a zonas de extracción de minerales como el oro. Sobre los daños a la salud humana del mercurio, véase daños y patologías asociadas al mercurio, reseñadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mercurio y otros metales pesados, y salud humana

El mercurio, al igual que otros metales pesados, suele ser absorbido o inhalado por el ser humano en cantidades que superan los valores mínimos al estar en contacto directo o bien expuesto a sustancias químicas que lo contienen, como vapores, polvo de ciertos cementos, aceites y grasas, y otras sustancias químicas usadas en la industria, o bien al consumir agua contaminada o productos del mar u otros, a través del fenómeno conocido como “bioacumulación”, entre otras formas de ingerirlo. En esta interesante guía para ONG sobre contaminación con mercurio, se lee que:

“El metilmercurio (CH3 Hg+ ) es la forma de mercurio con mayor responsabilidad por la contaminación con mercurio de los peces y mariscos, y de las aves y mamíferos que se los comen. Cuando una persona ingiere metilmercurio, el estómago y los intestinos lo absorben en forma mucho más completa que el mercurio inorgánico” (página 17).

En esta tesis doctoral presentada en 2010 en Francia sobre la insospechada contaminación con mercurio del río Beni en Bolivia, la autora concluye proponiendo a los geógrafos una metodología propia para estudiar las cuencas hidrográficas incorporando el parámetro del metilmercurio (página 236 y subsiguientes).

La ingesta o inhalación de metales pesados en cantidades superiores a las recomendadas afecta el sistema nervioso y varias funciones cerebrales del ser humano. Con relación a un metal pesado como el plomo, en este “Manual de Pruebas Neuroconductuales” (véase texto completo) publicado en Costa Rica en el año 2000 y cuya lectura recomendamos al ser Costa Rica uno de los mayores importadores de plaguicidas y pesticidas en América Latina, se señala que:

“Un ejemplo de un efecto neurotóxico temprano es la disminución del coeficiente de inteligencia (CI) en niños con niveles elevados de plomo en la sangre. Un gran número de estudios ha puesto en evidencia la relación entre el nivel de plomo en la sangre de niños y la disminución del coeficiente de inteligencia en ausencia de una enfermedad clínica” (página 9).

Un artículo de opinión publicado en 1999 en Costa Rica reseñaba las muertes y accidentes laborales producidos por el Gramoxon (también conocido como Paraquat), sin provocar mayor reacción en prensa de las autoridades costarricenses. El Paraquat figura entre los plaguicidas con mayor volumen de importación en Costa Rica (véase informe del IRET al 2006, p.13). El IRET es una entidad académica de Costa Rica que usualmente detecta sustancias químicas en el agua que no descubren los análisis realizados por las autoridades (Nota 1).

Con relación al cadmio, este informe reseña las diversas formas de ingerirlo o inhalarlo, y sus graves efectos en la salud humana.

El plomo, el mercurio, el cadmio, el titanio, el arsénico y muchos otros metales pesados se encuentran liberados, mezclados a otras sustancias, sin que se sepa a ciencia cierta en qué proporciones, pero con efectos devastadores para la salud humana. La contaminación causada a la comunidad de La Oroya, en Perú, se tramita actualmente ante el sistema interamericano de derechos humanos (véase nota de AIDA y ampliación a nuevos beneficiarios de las medidas cautelares, ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo de 2016).

Cuando los desechos electrónicos y eléctricos, los residuos de centros hospitalarios, así como muchos otros conteniendo metales pesados, no son adecuadamente tratados o reciclados, el agua sirve de colector, en particular en las zonas tropicales, concentrándose gran cantidad de metales dispersos en quebradas, ríos, lagunas y lagos, pero también en acuíferos. Por efecto de la escorrentía, polvos de cementeras, minas, industrias diversas o las partículas que liberan los motores del parque automotor también terminan en los cuerpos de agua.

Desde el 2014, un Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Sustancias Tóxicas está sistematizando información sobre el tema, además de recibir denuncias y visitar Estados, ante los desafios que plantean, en materia de derechos humanos, las sustancias tóxicas usadas en la industria y en la agricultura (véase sitio oficial).

A modo de conclusión

La Convención de Minamata nace de una indignación generalizada que encontró su origen en un reportaje conteniendo fotos tomadas en Japón en 1971 por un valiente periodista norteamericano. Sin este esfuerzo individual y la fuerza contenida en las imágenes publicadas, es probable que esta tragedia humana hubiese pasado desapercibida, o casi, como muchas otras. El hecho de que las autoridades japonesas accedieran a que se firmara en Japón la “Convención de Minamata” en 2013, no las exime de las cuestionables omisiones con las que en el pasado intentaron invisibilizar esta tragedia colectiva.

La serie de obligaciones que asumieron los Estados en la Convención de Minamata con relación al mercurio (y cuya implementación constituye en sí todo un desafío) debe ahora encontrar algún eco en regulaciones comerciales a adoptar a corto y medio plazo, al menos para los Estados partes a esta convención.

Adicionalmente, es deseable que con la entrada en vigor de este novedoso instrumento, las organizaciones sociales exijan a los Estados examinar con mucha mayor atención los efectos en la salud pública de los metales pesados que, de una u otra forma, ingieren sus habitantes. Documentar los alcances de estos efectos nocivos, cuantificarlos, identificar las zonas en las que se dan con mayor frecuencia, permitirá prevenir mayores daños, sufrimiento y proyectos de vida truncados.

 

  • Artículo publicado inicialmente por Curso de Derecho Internacional, en el que puede leerse también un apartado dedicado específicamente a Costa Rica, además de varias notas aclaratorias.

Sobre Nicolas Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

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