La tarjeta se pondrá en marcha en 2018 y pretende controlar el fraude en las prestaciones sociales, el bono social y otras ayudas sociales.
La única forma de asegurar que el dinero público está correctamente repartido y para evitar el fraude en este sector, el ministerio de trabajo ha puesto en marcha una tarjeta inteligente que controlará a los 14.2 millones de personas que actualmente reciben una prestación económica de carácter público.
Con este sistema se considera que se tendrá un control de las prestaciones públicas para evitar fraudes y duplicidades. Actualmente existen solapamientos que están fuera del control público.
Con ella se podrá comprobar la prestación por desempleo, ayudas familiares, pensiones, prestaciones por discapacidad y se sabrá si tienen derecho a recibir el bono social eléctrico en función de la renta.
Esta tarjeta estará conectada al Registro General de Prestaciones, un instrumento de control de las ayudas públicas que depende del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La tarjeta dará acceso a una clave y servirá como documento acreditativo para beneficiarse de subvenciones o rebajas en establecimientos comerciales y tendrá datos de las pensiones de viudedad, incapacidad permanente u orfandad así como prestaciones por desempleo, jubilación, discapacidad, etc.
Se podrá utilizar con el teléfono móvil si se accede al registro general y en el caso de no conocer las tecnologías se podrá solicitar para que se envíe la tarjeta física. En algunas comunidades también se sabrá el perfil sociolaboral de los beneficiarios de las prestaciones y todas las intervenciones sociales.
