Este 30 de enero 2023 se reanuda en Nueva York el juicio penal contra Genaro García Luna, el alto funcionario de seguridad pública en los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en el que se espera rindan testimonio más de setecientos testigos.
En la edición dominical de la víspera, el diario «El País», nos da a conocer dos noticias de gran calado: la que puede convertirse en una disputa entre gobiernos, referente o respecto a la fortuna oculta y acumulada del director de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI, creada durante el Gobierno de Fox (2000-2006), y la de secretario de Seguridad Pública -federal-, también dependencia elevada a Secretaría de despacho creada especialmente para el jefe policíaco en la Administración de Calderón (2006-2012).
La segunda grave noticia es la decisión de la Agencia de Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como «La DEA» por sus siglas en inglés, de despedir a su director en México, Nicholas Palmeri, «por sus vínculos con abogados de narcos». Está acción ocurrió en marzo del año pasado, pero hasta ahora trascendió.
Vayamos por partes, primero esa fortuna oculta y corrupta del que fuera zar antidrogas que se calcula en más mil millones de dólares: Mientras el Gobierno mexicano acusa al exfuncionario de desviar fondos públicos por más de 250 millones de dólares a Florida, Washington pone la mira a los millonarios sobornos que supuestamente le entregó el Cartel de Sinaloa, y cuyo tráfico de la droga a Estados Unidos dañó en forma muy grave a su población.
El Gobierno de México ha cumplido con todos los protocolos de ley: el 18 de octubre de 2021 envió una carta al reo número 59745-177 del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, preso por narcotráfico y delincuencia organizada, por la cual se le avisó oficialmente de que las autoridades de su país también iban a abrir otro frente legal en su contra.
«Deliberada e ilegalmente, usted obtuvo o usó un total de al menos 250 millones de dólares que legítimamente le pertenecen a los Estados Unidos Mexicanos», se lee en el documento.
La demanda civil, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, que asciende a 750 millones de dólares se debe, y en la misma misiva se especifica, que el exsecretario de Seguridad Pública aprovechó sus contactos después de dejar sus puestos y encabezar un esquema corrupto que desvió fondos públicos para crear un «imperio» multimillonario inmobiliario en Florida, con la ayuda de sus empresas creadas exprofeso y con el apoyo de sus socios o testaferros.
Resalta el diario que no hay un precedente de que el Gobierno mexicano utilizara una estrategia legal similar para recuperar fortunas amasadas por actos de corrupción que terminaran en otros países. Eso es verdad, ningún gobierno mexicano se atrevió antes a demandar en país alguno a sus exfuncionarios corruptos.
«Lo que nosotros vamos a procurar es recoger el dinero, eso nos corresponde a nosotros», dijo en la semana anterior el presidente, Andrés Manuel López Obrador, recordó el medio internacional.
La Secretaría de Hacienda mexicana contrató a un despacho de abogados de Estados Unidos para que actué como su representante en el litigio: la firma Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA, conocida como KCM. A cambio de sus servicios legales, el Gobierno mexicano se comprometió a pagarle el 30 por ciento de lo que logre recuperar en los tribunales de la fortuna corrupta de García Luna. Si la demanda no prospera, los litigantes estadounidenses se irán con las manos vacías.
Por cierto, la UIF acusa también a Linda Cristina Pereyra, la esposa de García Luna, de ser una de las mayores beneficiarias del «imperio de lavado de dinero» que encabezó su marido, así como a otros seis cómplices que actuaron como testaferros y ayudaron a que la pareja se estableciera en Miami durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Con estos subterfugios, el exfuncionario abrió empresas de consultoría que les ayudaron a hacerse de múltiples contratos gubernamentales y a dividir los beneficios entre los socios, según los actos reclamados por el Gobierno mexicano.
