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Volkswagen: el Gobierno de España lava la imagen por el dieselgate

La Dirección General de Tráfico (DGT) de España ha reconocido al juez que instruye la causa penal contra el grupo Volkswagen por la manipulación fraudulenta de sus motores diésel que “no tiene conocimientos ni competencias respecto de los defectos detectados ni sobre el alcance de su reparación”.

Pese a desconocer si los vehículos perderán prestaciones tras la revisión puesta en marcha por la multinacional, el organismo que dirige Gregorio Serrano ha elaborado una carta en la que indica a cada conductor afectado que “debe” someterse a ella.

Grupo-Volkswagen
Logotipos del Grupo Volkswagen en España

Facua, Consumidores en Acción denuncia que la carta elaborada por la DGT representa un escandaloso lavado de cara a una multinacional imputada de los delitos de estafa, publicidad engañosa, fraude en subvenciones y contra el medio ambiente. La asociación representa a cerca de 7000 conductores en la causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

“Nuestra única colaboración con los fabricantes consiste en facilitar las direcciones de contacto de los titulares de los vehículos afectados por los defectos de fabricación detectados”, asegura en la Subdirección General de Gestión de la Movilidad de la DGT en un oficio remitido el pasado 9 de junio a la Audiencia Nacional.

La DGT no dice la verdad al Juzgado

Facua denuncia que los responsables de Tráfico no han dicho la verdad al Juzgado, ya que lo cierto es que la carta con logotipo del Ministerio del Interior que ha sido enviada por las filiales de Volkswagen en España incluye afirmaciones de la propia DGT que falsean la realidad sobre el origen de las irregularidades en los vehículos y además instan a hacer una revisión cuyas consecuencias son objeto de la instrucción judicial.

La asociación denuncia que en la comunicación remitida a los conductores, Tráfico oculta que Volkswagen ha cometido un fraude para falsear las emisiones contaminantes y simular que sus coches cumplen la normativa europea. Así, la DGT habla en su carta de una simple “incidencia” que “deriva de la instalación de un software que optimiza los valores de emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) en el banco de pruebas”.

Facua denuncia que siguiendo la línea iniciada desde que estalló el escándalo por el Ministerio de Industria, el de Interior sigue tapando las graves irregularidades cometidas por Volkswagen y finge que lo ocurrido es una inocente anomalía, lo que no hace más que inducir a error a los conductores y desincentivar que emprendan actuaciones judiciales contra la empresa para reclamar las pertinentes indemnizaciones.

Casi 50 000 afectados unidos a Facua

Tras el estallido del escándalo, a finales de 2015, Facua constituyó una plataforma de afectados de la que hoy forman parte casi 50 000 propietarios de automóviles Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Se trata del mayor colectivo de víctimas del fraude de toda la Unión Europea.

Cerca de 7000 de los conductores miembros de la plataforma de afectados de Facua se han sumado ya a la causa penal abierta en la Audiencia Nacional contra la matriz de Volkswagen en Alemania. Los afectados interesados en sumarse a la acción judicial a través del equipo jurídico de la asociación con el objeto de reclamar indemnizaciones pueden solicitarlo desde la web Facua.org/QuerellaVW.

La asociación también ha interpuesto 4175 denuncias ante las autoridades autonómicas de consumo en nombre de sus socios. Sólo Galicia ha comenzado a imponer multas a las filiales de la multinacional, la primera de las cuales ha sido de 33 800 euros, casi el doble del valor del vehículo afectado por el fraude. Por su parte, Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha iniciaron expedientes sancionadores por el fraude masivo, con lo que la cuantificación de las multas debería tener en cuenta el número total de afectados en cada comunidad, frente a la fórmula utilizada por Galicia, consistente en imponer una sanción por cada usuario que reclama. Ante la existencia de una causa penal, las autoridades de consumo balear y castellanomanchega decidieron suspender sus expedientes hasta que se dicte sentencia.

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