El pasado 20 de enero la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos fue legalmente disuelta mediante una resolución judicial que los activistas de la LADDH conocieron por las redes sociales.
El procedimiento judicial, iniciado el 4 de mayo de 2022, tiene su origen en un requerimiento del Ministerio del Interior presentado el 29 de junio ante el Tribunal Administrativo de Argel.
La opinión pública ha podido saber ahora que el pronunciamiento judicial fue tomado el 29 de septiembre, sin que los implicados pudieran conocerlo, ni por tanto asumir sus consecuencias.
El golpe final ha llegado incluso sin que mediara comunicación previa alguna a la sede oficial de la LADDH, por lo que algunas voces lo consideran anónimo.
Ese desarrollo explica por sí sólo las garantías –o la falta de ellas– con las que se ha llevado a cabo todo el procedimiento.
«Detenciones masivas de activistas, procedimientos expeditivos contra militantes, criminalización de la acción política y sindical, prohibición de conferencias, encarcelamientos contínuos, censura… La situación de los derechos humanos en Argelia es insostenible. Explosiva», afirma Le Matin d’Algérie (28 de enero de 2023).
En París, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) ha expresado su sorpresa absoluta al conocer el modo en el que ha sido suprimida su rama argelina. La FIDH afirma que «las maneras con las que se ha tomado esa decisión son especialmente grotescas y dicen bastante sobre la ausencia de independencia de la justicia en Argelia».
Entre otras cosas, las autoridades reprochan a la LADDH su disconformidad con la normativa sobre las asociaciones cívicas, no haber celebrado su congreso anual y la persistencia de sus denuncias internacionales ante el constante incumplimiento de los derechos humanos en su país. Esto último resulta sorprendente porque denunciar las violaciones de los derechos humanos es precisamente el objetivo declarado, fundador y fundamental, de una asociación nacida en 1985 durante el mandato del presidente Chadli Bendjedid.
En su día, éste no ilegalizó a la LADDH sino que se limitó a promover una asociación oficialista de nombre similar. Entre los reproches que el régimen formula para acabar con la LADDH, se cita también el hecho mismo de que haya distintas tendencias defensoras de los derechos humanos en Argelia. Como corolario represivo, las autoridades han ordenado también el cierre del Centro de Documentación e Información sobre los Derechos Humanos, que está en la ciudad de Bejaïa (Bugía) y la Casa de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía, que tiene su sede en Tizi Ouzou, capital de la Cabilia.
En dos textos anteriores, ya nos referimos a la LADDH y a su histórico fundador Ali Yahia Abdenour, quien «mantuvo siempre una posición firme a favor de las libertades democráticas y contra la tortura, las desapariciones, los malos tratos y contra la violencia, incluida la de origen institucional».
El régimen argelino mantiene sus castigos habituales contra los disidentes del protestario Hirak (movimiento callejero en demanda de libertades democráticas plenas). Resulta ilustrativo y, a la vez, paradójico que las nuevas medidas represivas se apliquen cuando el Hirak agoniza.
Medios de comunicaciones y asociaciaciones juveniles, círculos y personalidades críticas, siguen cayendo bajo los reflejos autoritarios del sistema gubernamental y judicial.
Alice Mogwe, presidenta internacional de la FIDH, ha comparado las medidas arbitrarias del poder argelino con las tomadas por el Kremlin contra su disidencia interna. Mogwe se ha referido al caso de la asociación rusa Memorial, disuelta en diciembre de 2021, semanas antes de que empezara la invasión militar de Ucrania.
En Argelia, el Hirak logró acabar con la prolongada presidencia de un Abdelaziz Bouteflika prácticamente mudo y paralizado en una silla de ruedas. Sin embargo, las manifestaciones decayeron tras el obligado confinamiento impuesto por la pandemia y desapareció la fuerza del impulso inicial. El poder aprovecha desde tiempo ese reflujo de la contestación popular.
«La degradación de la situación de los derechos humanos en Argelia es más preocupante que nunca», afirman en un comunicado la FIDH y otras organizaciones internacionales que subrayan «la represión» contra los más diversos opositores al régimen.
Según los firmantes de las citadas oenegés, las redes sociales son un buen testimonio de todo lo anterior, «sin olvidar las detenciones basadas en acusaciones falsas y arbitrarias de periodistas, abogados, sindicalistas y defensores de los derechos humanos».
Piden que Argelia respete los tratados y convenciones sobre las libertades y derechos humanos que ha ratificado. Recuerdan la detención del periodista Ihasane El Kadi, editor de Radio M y de Maghreb Émergent, cerrados recientemente.
Los defensores argelinos de los derechos humanos estiman que hay más de 250 personas encarceladas por supuestos delitos de opinión.
Mientras, los tribunales siguen juzgando a distintas personas por motivos similares o por su participación en el casi desaparecido Hirak.
