A 15 días del asesinato de Berta Cáceres Flores, las autoridades hondureñas siguen sin escuchar las voces de quienes exigen justicia mediante una investigación independiente e imparcial, sostienen Olivia, Bertha, Laura y Salvador Zuniga Cáceres, hijos[1] de la defensora de los derechos indígenas.
Berta CáceresEl pasado 6 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas de protección para garantizar nuestra vida e integridad (familiares de Berta, e integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)), y también para que se garantice nuestro derecho a defender derechos humanos, en condiciones de seguridad. A su vez, la CIDH solicitó una investigación efectiva del asesinato de la defensora del pueblo lenca y de los bienes comunes y de la naturaleza.
Para consensuar la forma de cumplimiento de las medidas de protección dictadas por la CIDH, los hijos de Berta, el COPINH y sus representantes legales, participaron en reuniones con el Secretario de Seguridad Pública, con altos mandos de la Policía Nacional Civil y con el secretario y la subsecretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, a quienes presentaron, por escrito, solicitudes concretas sobre la investigación del asesinato, sobre su protección física y sobre las medidas para evitar que continúe la violencia hacia el pueblo Lenca, sin que hasta ahora hayan recibido una respuesta formal de las autoridades.
Asimismo, solicitaron reuniones con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y con el fiscal general de la República, Oscar Fernando Chinchilla, quienes ni siquiera respondieron a la propuesta.
En relación con el proceso de investigación, se le ha solicitado al Estado que pida asistencia técnica a la CIDH, formando un grupo de personas con experiencia y reconocida trayectoria en investigación criminal, que apoye técnicamente las investigaciones internas y que tenga la capacidad de participar activamente en todas las diligencias, así como de sugerir rectificaciones y presentar denuncias, entre otras funciones. De esta manera, consideran que se garantizaría una investigación transparente, independiente e imparcial que preserve el derecho a la verdad y la justicia.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, así como el Fiscal General de la República emitieron comunicados públicos sobre la asesoría que dará la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) a través de sus representantes en Honduras. De acuerdo con la Fiscalía General, en el marco de este apoyo, se estaría solicitando a dicha instancia “certifique la transparencia y estricto apego” de la Fiscalía al mandato constitucional y legal en el proceso de investigación. También le piden “el acompañamiento para refrendar la objetividad e imparcialidad en la conducción de todo el proceso investigativo.”
Considerando lo dicho públicamente por las autoridades, el pasado 16 de marzo las hijas de Berta y representantes del COPINH participamos en una reunión con Silvia Lavagnoli, representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras y con Félix Gómez, funcionario del mismo órgano internacional, a efectos de conocer los alcances de su participación en las investigaciones. Ellos manifestaron que su mandato no incluye hacer investigación criminal, que no tienen la experiencia para hacerlo y que no participarán directamente en el proceso. Aclararon que harán una observación desde una perspectiva de derechos humanos y desde ese ámbito formularán recomendaciones al Estado.
En consecuencia, consideran que el Estado hondureño pretende confundir a la comunidad nacional e internacional sobre lo que será la participación de la OACNUDH en el caso, porque es evidente que este órgano internacional no tiene la competencia para participar activamente en una investigación independiente e imparcial del asesinato de Berta Cáceres.
Con estos datos, los familiares denuncian la falta de voluntad política para garantizar una investigación transparente, independiente y de acuerdo con los más altos estándares internacionales, y que el discurso oficial no se corresponde con la realidad.
Manifiestan por ello «desconfianza en el trabajo que está llevando a cabo el Ministerio Público» y responsabilizan a las autoridades de «impedir nuestro derecho a participar en el proceso investigativo».
Concluyen reiterando la demanda de #JusticiaParaBerta, mediante la participación de un grupo de personas expertas independientes y de trayectoria internacional.
- La denuncia pública la suscribe también el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y cuenta con el acompañamiento y representación legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
