Banco Mundial: persisten barreras legales contra las mujeres,

La violencia y la falta de empleo son algunos de los principales obstáculos para las mujeres en los países en desarrollo

En muchas economías en el mundo persisten barreras legales que impiden el avance económico de las mujeres, excluyéndolas de ciertos empleos, limitando su acceso al crédito y dejándolas desprotegidas contra la violencia, según el informe del Grupo del Banco Mundial, Mujer, Empresa y el Derecho 2016, presentado el 9 de septiembre de 2015.

El informe, que examina las leyes que impiden el empleo y la capacidad empresarial de las mujeres, concluye que éstas enfrentan restricciones al empleo en 100 de las 173 economías analizadas. Por ejemplo, en 41 economías las mujeres tienen prohibido trabajar en ciertos empleos en recintos industriales; en 29 economías se les prohíbe trabajar de noche y en 18 economías no pueden obtener un empleo sin el permiso de sus esposos. Sólo en la mitad de las economías analizadas existe la licencia por paternidad, y menos de la tercera parte cuenta con licencias parentales, lo cual limita las posibilidades de los hombres de compartir responsabilidades en la crianza de los hijos. En 30 economías, las mujeres casadas no pueden elegir dónde vivir y en 19 economías están obligadas por ley a obedecer a sus esposos.

Estas y otras desigualdades analizadas en el informe tienen consecuencias a largo plazo pues perjudican, no solo a las mujeres, sino también a sus hijos, sus comunidades y las economías de sus países. El informe calcula casi 950 situaciones de desigualdad de género, en el marco de siete indicadores.

“Es una grave injusticia cuando las sociedades establecen restricciones legales que limitan las posibilidades de las mujeres para conseguir empleo o participar en la vida económica. Las mujeres, al igual que los hombres, merecen tener oportunidades para desplegar su potencial, sin importar dónde vivan. Estas restricciones son además perjudiciales desde el punto de vista económico. Las mujeres representan más de la mitad de la población mundial. No podemos darnos el lujo de desaprovechar ese potencial, ya sea porque las leyes no logran proteger a las mujeres contra la violencia o porque las excluyen de las oportunidades financieras, de la posesión de bienes o del ejercicio de una profesión”, afirmó Jim Yong Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial. “Cuando las mujeres pueden trabajar, administrar ingresos y dirigir empresas, los beneficios se extienden mucho más allá del nivel individual y alcanzan a los hijos, a las comunidades y a las economías en su totalidad. No descansaremos hasta que las mujeres gocen de plenos derechos económicos en todo el mundo”.

Una reducida igualdad de género en la ley se asocia con un número menor de niñas en las escuelas secundarias, menos mujeres empleadas o en la gestión de empresas, y una diferencia más marcada entre los salarios de hombres y mujeres. Donde la ley no protege contra la violencia doméstica, es probable que las mujeres vivan menos años. Pero donde los gobiernos apoyan el cuidado infantil, las mujeres tienen más probabilidades de tener un empleo.

«Es muy significativo que, si bien casi todos los países del mundo declaran que no se debería discriminar a la mujer, esto es lo que ocurre invariablemente en la práctica, aunque en grados muy diferentes. Cuando se recopila cuidadosamente información empírica sobre la situación real de la vida económica en todo el mundo, se observa con claridad que las mujeres enfrentan numerosas restricciones en sus lugares de trabajo y que la eliminación de esos obstáculos permitiría desplegar energía e impulsar el crecimiento. Resulta alentador que algunos países, como Kenya, estén impulsando reformas para lograr condiciones equitativas”, afirmó Kaushik Basu, primer vicepresidente y economista principal del Banco Mundial. “Espero que este informe motive a los gobiernos de todo el mundo a tratar de igual manera a hombres y mujeres en la fuerza laboral y contribuya a alcanzar la meta colectiva de un mundo sin pobreza extrema y con oportunidades para todos”.

En el informe se observa que en 18 economías las mujeres no tienen restricciones legales en las áreas analizadas. Estos son: Armenia, Canadá, España, Estonia, Hungría, Kosovo, Malta, México, Namibia, Nueva Zelandia, Países Bajos, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, República Eslovaca, Serbia, Sudáfrica y Taiwán (China).

Lograr la igualdad

Bajo el título Lograr la igualdad, el informe señala que en los últimos dos años la mayoría de las reformas dirigidas a generar condiciones más equitativas para las mujeres se llevaron a cabo en las economías en desarrollo. Con respecto a la distribución regional, 19 reformas fueron implementadas en Europa y Asia Central, 18 en África al Sur del Sahara, 16 en América Latina y el Caribe, 12 en Oriente Medio y el Norte de África, y 11 en Asia Oriental y el Pacífico. Asia Meridional fue la región que  realizó la menor cantidad, con sólo 3 reformas.

En las economías de ingreso alto que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde las mujeres gozan de una amplia igualdad, se continuó a trabajar para promover las oportunidades económicas de las mujeres. Doce economías adoptaron 15 reformas en esta región en los últimos dos años.

El informe también señala que las leyes que protegen a las mujeres contra la violencia doméstica son siempre más comunes en el mundo, en parte como respuesta a los crecientes esfuerzos y compromisos internacionales en contra de la violencia contra la mujer. Actualmente, 127 economías han adoptado leyes contra la violencia doméstica, mientras que hace 25 años, casi ningún país contaba con normas de este tipo. No obstante, en 46 economías analizadas aún no se han establecido estas protecciones legales.

«A pesar de los avances, persisten las desigualdades. En los últimos dos años, solo cuatro economías (Croacia, Hungría, Kenya y Nicaragua) han reformado su legislación para mejorar los derechos de propiedad de la mujer, y dos economías (Egipto y Mozambique) han promulgado leyes para proteger a las niñas del acoso sexual en las escuelas, con el objetivo de facilitar su acceso a la educación secundaria», señalóAugusto López-Claros, director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial, que elabora el informe.

«Estos ejemplos ponen de manifiesto un enorme programa inconcluso de reformas que beneficiará no sólo a las mujeres, sino también a sus familias y sus comunidades», añadió López-Claros.

En efecto, el 90 por ciento de las economías analizadas tienen por lo menos una ley discriminatoria hacia la mujer. Las desigualdades de género más difundidas se vinculan con las normas laborales, que son distintas para hombres y mujeres en todas las economías analizadas por el informe. Algunas de estas diferencias -viabilizan la participación de la mujer en la fuerza laboral, pero muchas otras la impiden. El país con más obstáculos relacionados con el empleo es Rusia, donde las mujeres están excluidas de un total de 456 trabajos.

Las mujeres en Oriente Medio y el Norte de África enfrentan la mayor cantidad de limitaciones -cuando miramos en su totalidad todos los indicadores analizados por el informe. Las leyes que prohíben que las mujeres casadas se conviertan en jefas de su hogar, soliciten su pasaporte u obtengan empleo sin permiso de sus esposos tienen el efecto de impedir la actividad empresarial y el empleo formal. En esta región se encuentran 11 de las economías más restrictivas del mundo: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Iraq, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Siria, y Yemen. . Junto con Afganistán, Brunei, Mauritania y Sudán,  éstas conforman las 15 economías más restrictivas en términos de posibilidades para las mujeres poder trabajar o establecer una empresa, según se mide en el informe.

Las barreras al progreso económico de la mujer también abundan en Asia Meridional, región que se encuentra rezagada respecto a otras en la aplicación de reformas que promuevan una mayor igualdad de género. En los últimos dos años, solo se han puesto en marcha tres reformas en dos de las economías de la región.

En África al Sur del Sahara, las iniciativas de reforma mostraron un ritmo sólido, con 18 reformas en los últimos dos años. La región alberga a casi la tercera parte de las 30 economías más restrictivas del mundo, pero también a 2 de las 18 economías en las que no hay barreras de género.

En América Latina y el Caribe, continuaron las reformas y casi todas las economías de la región cuentan ahora con leyes que protegen a la mujer contra la violencia doméstica, aunque su aplicación sigue representando un desafío. Además, aún persisten numerosas restricciones en las oportunidades de empleo.

La región de Europa y Asia Central destaca como una de las más avanzadas en términos de derechos de propiedad y de sucesión, acceso al crédito y licencia por maternidad y paternidad. No obstante, las leyes laborales continúan limitando innecesariamente el acceso de la mujer a muchos trabajos.

En la región de Asia Oriental y el Pacífico, se han logrado avances significativos en la inclusión económica de la mujer, como la promulgación de leyes laborales. Las economías de esta región muestran además innovadores mecanismos de acceso al crédito y políticas fiscales orientadas a respaldar las oportunidades económicas de la mujer.

«A pesar que las leyes no garantizan un trato igual para las mujeres, son el primer paso hacia la creación de un terreno de juego parejo, donde las mujeres tengan la oportunidad de prosperar», afirmó Sarah Iqbal, autora principal del informe.

Mujer, Empresa y el Derecho

Mujer, Empresa y el Derecho mide cómo las leyes, reglamentaciones e instituciones establecen diferencias entre hombres y mujeres de manera tal que afectan los incentivos o la capacidad de las mujeres para trabajar o establecer y llevar adelante una empresa. El proyecto analiza las diferencias legales de género observadas en 173 economías circunscritas a siete áreas: acceso a las instituciones, uso de la propiedad, obtención de empleo, incentivos para trabajar, capacidad de generar un historial crediticio, acceso a la justicia y protección de la mujer contra la violencia. El informe se publica cada dos años.

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