La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 2 de abril de 2013 el proyecto de resolución L.58 que contiene como anexo el Tratado sobre el Comercio de Armas. Votaron a favor 154 estados (entre ellos España y Estados Unidos). Se registraron tres votos en contra (Corea del Norte, Irán y Siria) y 21 abstenciones (entre otros: Bielorrusia, Bolivia, China, Cuba, Ecuador, Egipto, India, Indonesia, Nicaragua, Rusia y Venezuela). El tratado estará abierto a la firma y ratificación a partir del 3 de junio de 2013 en Nueva York y entrará en vigor cuando obtenga 50 ratificaciones, lo que se estima que tomará dos años más.
Carlos Villán Durán
Se trata de una iniciativa impulsada desde hace diez años por una amplia coalición de 1.000 organizaciones de la sociedad civil y secundada por Costa Rica y otros Estados. Lo más destacado del tratado es que prohíbe a los Estados que lo suscriban vender armas convencionales, incluidas las pequeñas y ligeras, a otros Estados en los que se corra el riesgo de cometer crímenes de genocidio, guerra o lesa humanidad. Fuera de esas hipótesis, el tratado legitima la venta internacional de armas entre Estados.
El macabro negocio de las armas puede mover 100.000 millones de dólares al año. Sin duda el nuevo tratado es un primer paso hacia el desarme, porque pondrá freno a las transferencias de armas que fomentan las peores atrocidades y abusos. Pero es insuficiente porque no prohíbe la venta de municiones de manera completa, ni la venta de armas a entidades no estatales. Además, la supervisión de la aplicación del tratado se deja en manos de la Conferencia de Estados parte.
El derecho al desarme general y completo bajo supervisión de las Naciones Unidas es un componente esencial del emergente derecho humano a la paz, también impulsado por la sociedad civil y algunos Estados, con el objetivo de que la Asamblea General apruebe a finales de 2014 la Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz. Se deberá regular no solamente la venta, sino también la producción misma de armas. Conforme al proyecto de declaración en curso de negociación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Estados deben reducir el gasto militar al nivel mínimo necesario para garantizar la seguridad humana; también deben eliminar las armas de destrucción en masa, incluidas las nucleares, químicas y biológicas. Por último, los recursos liberados por el desarme se deben destinar al desarrollo económico y social de los pueblos y a la justa redistribución de las riquezas naturales.
Carlos Villán Durán, presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)
