La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), señala al gobierno de Daniel Ortega por cometer graves violaciones de derechos humanos durante las protestas que han tenido lugar en el país.
Torturas, vejaciones, ejecuciones extrajudiciales, agresiones a estudiantes y el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado así como de terceros armados es el resultado de la situación que actualmente viven los nicarangüenses. La CIDH ha cifrado en 76 muertos y 868 heridos y ha registrado denuncias de detenciones ilegales, censura, ataques contra la prensa y otras formas de amedrantamiento contra la población.
A todo esto, el gobierno de Nicaragua ha negado anteriormente su responsabilidad en los hechos violentos y lo atribuyen a la acción de los grupos de la derecha. Tanto la policía como las fuerzas antimotines, han utilizado la fuerza para disolver protestas y manifestaciones. Daniel Ortega ha negado rotundamente que la policía haya usado la fuerza de forma desproporcionada y niega que tengan órdenes de disparar contra manifestantes. Según sus palabras, solamente garantizan el órden público y buscan evitar actos vandálicos.
Hay que señalar también que los cuerpos sin vida de estos atentados no han sido documentados a tal efecto y no se han practicado las diligencias correspondientes, con lo cual, no se ha alcanzado la justicia, según afirma la comisión.
El ambiente de intimidación contra los opositores así como las amenazas de muerte y el hostigamiento contínuo en redes sociales hace insostenible la vida en el país y es un claro ejemplo de violación de los derechos humanos.
El gobierno ha negado que existan presos políticos o desaparecidos tras las protestas y ha iniciado, según citan, un diálogo con los estudiantes y la iglesia católica con el fin de permitir la entrada de la CIDH para que evalúen in situ los hechos registrados y consideren la situación. La comisión ha instado al gobierno a implementar un total de 15 recomendaciones para cesar la represión, garantizar el derecho a la protesta y considerar la libertad de expresión como un derecho humano.
Asimismo, consideran que los hechos acontecidos deben ser evaluados por un mecanismo de investigación internacional, como lo han denominado, que vele por los derechos de las personas y analice los hechos de violencia ocurridos hasta ahora. Consideran pues, que se deben investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de la violencia y a los presuntos grupos parapoliciales.
Es para ellos imprescindible que además de todo ello, se garanticen los derechos humanos del sistema interamericano y de las Naciones Unidas y de otros miembros de la comunidad internacional.
Por otro lado, el centro nicaragüense de Derechos Humanos, (CENIDH), ha calificado de preliminar el informe de la CIDH y considera que se han denunciado los hechos correctamente, según cita su presidenta, Vilma Núñez. Las manifestaciones continúan en las calles de Managua, Granada y León contra el gobierno de Ortega. Banderas azul y blanco para participar de las protestas que ya duran más de un mes, con el movimiento 19 de abril. Reclaman, justicia por las muertes y reformas en el sistema político del país; eso y una patria libre y llena de esperanza.
