Inicio / NOTICIAS / Derechos Humanos / Ecuatorianos en España: una deuda perpetúa

Ecuatorianos en España: una deuda perpetúa

Los ecuatorianos en España han recibido novedades alentadoras y otras más que desalentadoras en torno al problema social de la deuda hipotecaria.

Ecuatorianos en lucha contra los desahucios en España
Ecuatorianos en lucha contra los desahucios en España

 

En los últimos meses, se han producido en España novedades alentadoras y más que desalentadoras en torno al problema social de la deuda hipotecaria. El Colegio de Registradores anunciaba que en 2012 se produjo un desahucio cada 15 minutos, es decir, 115 al día, afectando a más de 30.000 primeras viviendas, aproximadamente la quinta parte de ecuatorianos, informa Aitor Montero (Andes)

Al mismo tiempo, la Junta de Andalucía calculaba que había en la Comunidad Autónoma[1] entre 700.000 y un millón de viviendas vacías, de las cuales, al menos, el 50% pertenecen a las entidades financieras e inmobiliarias.

Hace unos meses, el Código de Buenas Prácticas bancarias reflejó 291 daciones en pago y 691 reestructuraciones de deuda, y hace unas semanas, el gobierno español de Mariano Rajoy daba la espalda a los ciudadanos tergiversando la Iniciativa Legislativa Popular sobre la Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social (ILP). Y hace unos días, España se levantaba con 6.202.700 desempleados. Aunque siempre hay un rayito de esperanza en el que aferrarse, como la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que confirmó la ilegalidad de las ejecuciones hipotecarias en España.

El texto de la ILP surgió ante la negativa de los grupos parlamentarios mayoritarios a modificar la ley hipotecaria, que el mismo presidente de Ecuador, Rafael Correa, tachó en su reciente visita a España como “ley criminal e inmoral”. En el mes de febrero, los promotores de la ILP (CCOO-Catalunya, CONFAVC, Observatori Desc, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Taula del Tercer Sector y UGT de Catalunya) celebraban que el Congreso de los Diputados admitiera a trámite la iniciativa ciudadana tras conseguir 1.402.854 firmas ciudadanas.

Los tres mínimos exigidos en la ILP

Como indica el propio nombre de la ILP, las tres medidas impulsadas por la sociedad civil para empezar a actuar frente a la problemática de la vivienda en España son el alquiler social, la dación en pago retroactiva y la paralización de las ejecuciones hipotecarias.

Precisamente lo que han peleado Carmita y Patricio, un matrimonio ecuatoriano con dos hijos que reside en el popular barrio de Vallecas y que de momento han conseguido paralizar el desahucio. Vinieron hace trece años tras la crisis financiera de Ecuador de 1999 en busca de una situación laboral mejor. Patricio, perdió su trabajo como carpintero en 2009, y pagaban como podían con el salario de Carmita, que trabajaba en una casa. Ya era demasiado y deciden dejar de pagar en 2010. Acuden desesperados a AFES, un grupo de abogados, supuestamente especializado en la defensa de afectados por embargos y subastas, al menos así se definen.

“Fuimos porque empezamos a sufrir un hostigamiento diario, nos llegaban cartas, nos llamaban e incluso nos amenazaban con quitarnos el permiso de residencia. Es en ese momento cuando contactamos con AFES y nos prometieron que iban a luchar por la dación en pago, aunque, claro está, después de pagar 120 euros de afiliación y 2.000 para gastos del caso”, explica Carmita.

Quizá a estos afectados la situación les recordara a Sísifo, un mito que proviene de la antigua Grecia y conocido por el castigo que le impusieron los dioses: empujar una roca cuesta arriba hasta la cima de una colina pero que justo cuando estaba a punto de alcanzarla, la roca volvía a rodar hasta abajo. Así una y otra vez, ese era el castigo. Un bucle constante que pudo sentir este matrimonio ecuatoriano cuando se dieron cuenta de que fueron engañados de nuevo.

Carmita y Patricio recibieron el pasado mes de enero la notificación del desahucio para finales de junio por “razones humanitarias”, justo para la finalización del curso escolar de los niños. La pareja se personó en AFES con el pensamiento de poner punto y final al sufrimiento, en busca del alivio y la libertad, cual sensación de Sísifo, el fin del castigo hipotecario. Estaban equivocados: “Creíamos que teníamos que firmar la dación en pago”. Pero nada parecido, porque les comunicaron que se quedaban con “algo” de deuda: ese algo significaba entre 30.000 y 40.000 euros de cargos, más unos 80.000 euros de deuda, y sin contar los intereses.

“Me derrumbé”, recuerda Carmita, y no era para menos. Otra vez a empujar la roca hasta la cima. Sin embargo, después de esta última estafa, decidió llamar a su vecina y pedirla ayuda: “Comenzó a hacer llamadas, a ponernos en contacto con la Asamblea del 15M de la Villa de Vallecas, con su grupo de trabajo de Stop Desahucios y asimismo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca”.

Empezaron a percatarse de los engaños, de los abusos y decidieron quitarse la venda de los ojos cuando se enteraron de que su casa había sido subastada en 2011. Al poco tiempo, les llegó otra notificación de desahucio de la vivienda con fecha de 15 de abril. Con la ayuda de los compañeros del Stop Desahucios de Villa de Vallecas y la PAH, e incluso el apoyo de la Embajada del Ecuador, consiguen paralizarlo y solo tienen palabras de agradecimiento para ellos “puesto que en 17 días se hizo más que en años”. Ahora han solicitado un alquiler social, la dación en pago y la paralización de los desahucios. Exactamente lo mismo que recoge el texto de la ILP.

Historias que se cruzan en hipotecas cruzadas

No se tratan de palacios, sino de viviendas y de derechos. Así lo califica Aída Quinatoa, presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE) y afectada por el denominado fenómeno de las hipotecas cruzadas. Al igual que Carmita y Patricio (y la mayoría de los inmigrantes hipotecados), que vieron cómo el caos de los avales fue una práctica permitida durante la denominada época del pelotazo inmobiliario: “Para poder firmar la hipoteca necesitamos a mi hermano, a mi hermana, a mi primo y a un amigo como avalistas”, comenta Carmita que adquirió la casa en 2005 firmando la hipoteca con Bankia[2], entidad que permitió esta práctica descontrolada.

Además, “el problema es a la hora de firmar porque se hace deprisa y corriendo, sin explicaciones y sin saber realmente qué estamos firmando”, revela Aída. La CONADEE demandó en 2010 a Enrique Caño, responsable de la Central Hipotecaria del Inmigrante, una financiera especializada en esta clase de hipotecas y que lo hacía en consonancia con las entidades bancarias.

Aída echa la vista atrás y rememora los inicios de las movilizaciones entre sus compatriotas: “Empezamos a juntarnos para ver las escrituras e intentar comprender la letra pequeña. Cuando algunos abogados nos advierten de que se trataba de un fraude hipotecario, armamos talleres de información, comenzamos a movilizarnos en 2008, recogiendo firmas entre el colectivo de inmigrantes y, junto a la PAH, proponemos el tema de la dación en pago, la condonación de la deuda y el alquiler social para los afectados”.

Pero poco a poco los ecuatorianos fueron regresando a su país y vio cómo el apoyo se iba mermando, a pesar de que tuvieron una reunión con el entonces presidente de España en 2009, José Luis Rodríguez Zapatero, el gobernador del Banco de España y responsables de diferentes entidades financieras. La solución era la refinanciación de la deuda, justamente lo que le dijeron a Carmita y a Patricio pero con un eufemismo bien diferente: “Comenzar de cero”.

Tras esta decepción, Aída Quinatoa volvió a Ecuador para presentar un borrador de un proyecto de ley para visibilizar la gran problemática que vive la mayoría de los inmigrantes ecuatorianos residentes en España “pero no hicieron ningún caso”, asegura. Y continúa: “Sobre todo es muy importante que nuestros compatriotas sepan que trabajábamos sobreexplotados para enviar remesas y que no vivimos en palacios”.

La criminalización del escrache

Con la esperanza depositada en que la ILP pudiera llegar a aprobarse en el Congreso, la PAH inició una campaña de escraches, una acción que tiene su origen en Argentina. Una de las caras más visibles en esta lucha, Rafael Mayoral, abogado activista por el derecho a la vivienda y asesor jurídico de la PAH, entre otras cosas, lo explica: “Es una movilización social solicitando a los responsables políticos que tomen decisiones tendentes al cese inmediato de las violaciones sistemáticas de Derechos humanos con los deudores hipotecarios”.

Sin embargo, la posición del gobierno español es contraria a estas acciones, y aunque no están tipificadas como delito, también inició una campaña para deslegitimar y criminalizar los escraches, quizá también con la esperanza de imponer el criterio que reina en los consejos de administración de las entidades financieras.

La creación del enemigo comenzó a asolar las pantallas de las televisiones cuando, por ejemplo, la secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal, tildó estas acciones de “nazismo puro” y el diputado Vicente Martínez-Pujalte aseguraba que la dación en pago no era la solución. La portavoz más representativa de la PAH, Ada Colau, no tardó en contestar al gobierno en una carta en la que recordaba que “en los desahucios de momento los únicos domicilios violados y los únicos muertos los ha puesto la población”.

En cuanto a las identificaciones que se han realizado durante los escraches, Rafael Mayoral advierte que “se está utilizando una técnica muy vieja, que ya usó el franquismo y que es reprimir por medio de procedimientos administrativos, donde se encuentra la defensa muy disminuida por parte de la persona que recibe el procedimiento para poder defenderse frente a la Administración”.

Desahucio de la ILP

Es el turno de Manuel y de Jorge, dos ecuatorianos afectados por Kutxabank y víctimas de la vorágine inmobiliaria y la supremacía del capital sobre el ser humano, como ha llegado a señalar el presidente Rafael Correa. Manuel trabajaba en la época dorada del ladrillo pero se quedó en el paro en 2011 y se encuentra en estos momentos con la casa subastada. Jorge compró su casa por un valor de 270.000 euros, ahora está tasada en 140.000 y ha pagado más de 100.000 euros cuando más del 70% ha ido a parar a intereses bancarios.

Se concentraban ante un Congreso blindado con un fuerte dispositivo policial el mismo día en que el PP se apropiaba de la ILP presentando una ley hipotecaria (frente al rechazo de los demás grupos parlamentarios) que no recoge los mínimos exigidos en el texto de la iniciativa ciudadana original ni resuelve el problema social de la deuda hipotecaria.

Un jueves 18 de abril en el que las entidades promotoras de la ILP decidían retirarse exponiendo que “una vez más, la efectividad del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución española y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado español, queda supeditado a los intereses de las entidades financieras”.

Añadían que la ILP permitiría dar una segunda oportunidad a aquellas familias afectadas, facilitando el acceso, en régimen de alquiler social, a las viviendas vacías en propiedad de los bancos. Un maquillaje que “seguirá condenando a la pobreza y a la exclusión social a cientos de miles de personas”.

La lucha pasa por el colectivo y la justicia europea sentencia

La esperanza es infinita y la lucha pasa por el colectivo porque, según Rafael Mayoral, esta situación les da miedo: “Es una identificación en función de la condición social, de la situación social que vive la inmensa mayoría de la población, que es consciente de que cualquiera se puede ver abocado a no poder pagar la hipoteca y a la tiranía de las entidades financieras”.

El pasado 14 de marzo, el TJUE sentenciaba sobre la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria. Este tribunal, recuerda la PAH, es de obligado cumplimiento y da un paso adelante para que los jueces puedan impedir un desahucio si interpretan que hay cláusulas abusivas en el contrato.

Este hecho incurre además en que se han ejecutado órdenes judiciales que no se encuentran amparadas por una norma que sea legal, comenta Rafael Mayoral. “Deben pedir perdón a las víctimas de los procedimientos de ejecución hipotecaria declarados ilegales, puesto que sus derechos fundamentales han sido violados de forma sistemática”.

Gracias al caso del afectado Mohammed Aziz y su abogado Dionisio Moreno, la sentencia, además de haber respaldado teóricamente la ILP (en ese momento estaba en trámite parlamentario), supone un punto de partida para iniciar demandas contra entidades financieras que hayan incluido cláusulas excesivas o desmedidas en las hipotecas. Así lo han hecho, por ejemplo, Manuel, Jorge, Carmita y Patricio.

En el caso del matrimonio ecuatoriano, el fallo del TJUE consiguió paralizar el desahucio. También influyó el interés de la Embajada del Ecuador, que recibió en audiencia especial a Patricio y envió un comunicado oficial a la oficina de Bankia apoyando a los afectados.

En las últimas visitas de Rafael Correa, el presidente se ha posicionado frente a los abusos de la banca y ha recomendado al gobierno español “no cometer los mismos errores que Ecuador en la crisis de 1999”. Asimismo, la presidenta de la CONADEE afirmó que la estrategia actual que plantea el gobierno ecuatoriano es un buen paso.

Tanto la Embajada del Ecuador como la Secretaria Nacional del Migrante han asesorado ya a más de 6.000 ecuatorianos, y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador, Ricardo Patiño, comunicó que la siguiente fase de actuación es demandar colectivamente a los banqueros, los verdaderos responsables de esta situación, mediante la preparación de una base de datos y el análisis jurídico.

Álex Flores, miembro de la Asamblea del 15M de Villa de Vallecas, destaca que el posicionamiento del gobierno ecuatoriano “crea un precedente para que los colectivos de afectados de otras nacionalidades acudan a sus embajadas o misiones diplomáticas para formar un bloque común frente a esta problemática”.

Todavía queda un largo camino por recorrer. Las soluciones que parecieron factibles se han esfumado a favor de los intereses del poder financiero. Un sinsentido que Rafael Correa ya manifestó: “Si no hay una flexibilización con las hipotecas se va a llegar al peor de los mundos: gente que necesita casa sin casas y bancos que no necesitan casas con casas”.

[1] La comparación en Ecuador sería un departamento. Andalucía supone casi un tercio de la superficie de Ecuador y tiene una población alrededor de los 8.500.000 habitantes.

[2] En el pasado más conocido como Caja Madrid antes de la denominada “fusión fría” de 2010, absorbiendo varias cajas de ahorro y principal protagonista en el rescate de la Unión Europea en junio de 2012.

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Sobre editor

Los editores de Periodistas en Español valoran las informaciones y artículos recibidos en la redacción con criterios profesionales y tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las normas deontológicas que deben suscribir todos los colaboradores.

Ver también

El periodista argelino Said Chitour, libre

El periodista y fixer Said Chitour ha sido liberado a última hora del domingo 12 …

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.