El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha editado una guía informativa sobre obras de accesibilidad universal en comunidades de propietarios teniendo en cuenta las últimas reformas legales acometidas en esta materia.
La guía ha contado con el apoyo de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social y explica que dotar de accesibilidad universal a los edificios de comunidades de propietarios constituye para las personas con discapacidad y las personas mayores una necesidad básica que conecta con derechos humanos fundamentales, como la libertad de desplazamiento o de comunicación o el de disfrutar de una vivienda digna. La falta de accesibilidad representa una de las causas más frecuentes de discriminación de que son objeto las personas con discapacidad en España.
Actualmente según la legislación vigente las personas propietarias de inmuebles en los que residan personas mayores de 70 años o personas con discapacidad, pueden solicitar actuaciones de accesibilidad tales como la instalación de ascensores, rampas y diferentes dispositivos mecánicos.
Los gastos de estas reformas deben ser cubiertos por todos los vecinos.
El importe de los mismos será repercutido anualmente y se descontarán las subvenciones o ayudas públicas que no excedan de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes.
Ante el incumplimiento de dichas obras podrá acudir a la justicia tanto la persona afectada como la comunidad de vecinos que quiera denunciar el incumplimiento de uno o varios propietarios con las obligaciones establecidas. En la guía también se pueden consultar ejemplos de formularios de escritos de utilidad para los propietarios que tengan que solicitar la realización de obras en sus inmuebles o en los portales de acceso a los mismos.
Las obras de accesibilidad están regidas por la Ley de Límites al Dominio sobre Inmuebles para Eliminar Barreras Arquitectónicas a las Personas con Discapacidad y por la Ley de Propiedad Horizontal. Este último texto legal ha sido modificado este mismo año y recoge importantes avances, aunque todavía no se han atendido todas las solicitudes que han realizado las personas con discapacidad o las personas mayores a tal efecto.
