Desde el día 26 de julio, el periodista francés Loup Bureau, quien -entre otros medios- trabaja para las cadenas Arte y TV5 Monde, está preso en Turquía. Ocho días después de aquella detención, en un caso aparentemente distinto, la Policía Nacional española detuvo en el aeropuerto de Barcelona a Hamza Yalçin, también ciudadano de la Unión Europea.
Yalçin es ciudadano sueco desde hace años y vive en Suecia desde 1984. Teniendo en cuenta sus circunstancias, hay que recalcarlo: es un ciudadano europeo con pasaporte de un país miembro de la UE.
Bureau fue arrestado después de atravesar legalmente, con su pasaporte y documentación en regla, la frontera Irak-Turquía en el paso fronterizo de Habur. Lo llevaron hasta una localidad próxima, después fue liberado al final de ese día. Sin embargo, cuando esperaba un autobús, una unidad policial antiterrorista se lo llevó detenido de nuevo.
Y como el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, lleva a cabo una purga a todos los niveles (purga que incluye a 4000 jueces y magistrados) Bureau fue obligado a comparecer ante una jueza especializada en asuntos de la infancia. Ésta lo inculpó del delito de “pertenencia a banda armada” sin molestarse en especificar a cual, ¿a qué banda armada se refiere?
Dicha acusación se basa en un reportaje hecho por Bureau (en 2013) y emitido en la televisión francesa. Trataba de una milicia kurda siria (siglas YPG) distinta al Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK, en su idioma de origen) que Turquía combate desde hace décadas. Además, resulta que cuando Bureau hizo su trabajo, el PKK y las fuerzas armadas turcas mantenían una tregua mutuamente acordada y el brazo político de YPG, el Partido de la Unión Democrática (PYD), también estaba en paz con el gobierno de Ankara. El deterioro de esa tregua armada y política se rompería dos años más tarde.
Por su parte, Hamza Yalçin, fue puesto a disposición del juez Ismael Moreno, tras saltar una alarma policial con su nombre en la base de datos del aeropuerto del Prat (Barcelona) cuando pasaba un control para volar hacia Londres. El origen de esa alarma es un mandato internacional emitido por Turquía. Acusaciones contra él: “insultos al presidente Erdogan” y el rutinario “participación en un complot terrorista”. El juez Ismael Moreno ordenó que entrara en el Centro Penitenciario Brians I de Barcelona. Allí sigue. El régimen de Ankara ha emitido 35 mandatos internacionales de detención contra periodistas, así que el caso específico de Yalçin podría tener continuidad en otros.
Naturalmente, las autoridades suecas están haciendo gestiones en favor del detenido Yalçin. Lo mismo ha hecho el Sindicato de Periodistas de Suecia que ha puesto a su disposición un asesor legal.
Las organizaciones españolas de periodistas, la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), y en particular el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), se han movilizado para pedir el fin de la injusta situación de Hamza Yalçin. También la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que ha presentado un informe en favor de la liberación de Yalçin y relativo a las violaciones de los derechos humanos en Turquía. La Federación Internacional de Periodistas (FIP/IFJ) ha asumido las demandas de liberación inmediata de Yalçin y Bureau.
Los sindicatos de periodistas de Francia (SNJ, SNJ-CGT y CFDT-Journalistes) también se han movilizado. En un comunicado conjunto, denuncian las semanas que el joven periodista Loup Bureau lleva en los calabozos de Erdoğan, a pesar de la conversación sobre el caso del presidente francés, Emmanuel Macron, con el encarcelador de disidentes turcos. De todos modos, los periodistas franceses señalan: “Hay que felicitarse porque ha habido una declaración presidencial, pero sentimos que no haya mención alguna de la suerte de 160 periodistas turcos y kurdos encarcelados”. Mientras, señalan, “Europa sigue mantiene su silencio ensordecedor ante los graves atentados contra las libertades democráticas que el régimen turco perpetra, incluso en España”.
El 17 de agosto, el autor de este texto acompañó a Yolanda Quintana y Stéphane M. Grueso (de la PDLI) a la Fiscalía General del Estado para depositar un informe sobre las vulneraciones de los derechos humanos en Turquía. Desde esa base, está claro que el Mandato Internacional de Interpol (a petición turca) contra Hamza Yalçin está viciado de origen y carece de credibilidad.
Quintana insistió ante los medios de comunicación en que «Hamza Yalçin es un ciudadano sueco. Y hay jurisprudencia suficiente contra la posibilidad de extradición de un ciudadano de la Unión Europea a un país fuera de la UE, si no lo acepta su país, en este caso, Suecia. Y desde luego no hay marco legal, ni cobertura para extraditarle desde España. Porque nuestra Ley de extradición pasiva permite rechazar la demanda si la persona afectada puede ser torturada, sometida a violencia física, carecer de un juicio justo o simplemente si los cargos que se le imputan no tienen credibilidad. No es razonable que siga en prisión«.
Las autoridades judiciales y gubernativas españolas debieran actuar en consecuencia. Al menos, Yalçin debería esperar fuera de los muros de la cárcel la necesaria resolución jurídica de la demanda de extradición contra él. Nos consta que el Sindicato de Periodistas de Suecia está dispuesto a costearle un lugar donde alojarse en Barcelona, a la espera de su libertad definitiva. Turquía dispone de 40 días (hasta el 11 de septiembre) para completar la documentación.
Pero no hay otra salida aceptable que la libertad completa de los dos periodistas citados, ambos ciudadanos de la Unión Europea. No es aceptable que Turquía encarcele a ningún periodista sólo por ejercer su oficio; pero es irritante que Erdoğan extienda su mano represora hasta un país de la UE, como es España. Ni las organizaciones de periodistas, ni la ciudadanía europea en general deben permitirlo.
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