La Federación Internacional de Periodistas informa sobre profesionales asesinados y encarcelados en 2021

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha publicado las listas de periodistas que permanecen encarcelados y de periodistas asesinados en 2021, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que incluyen a 45 periodistas que han sido asesinados desde el 1 de enero de 2021 y 365 siguen en prisión por hacer su trabajo.

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Ambas listas ponen de manifiesto la profunda crisis del periodismo que sufrimos en un momento en el que se amenazan de forma sistemática los derechos y la libertad de prensa en muchas regiones del mundo.

Según las dos listas de la FIP, 365 periodistas siguen en prisión a 10 de diciembre de 2021, frente a los 235 del año anterior. China (102), Turquía (34), Bielorrusia (29), Eritrea (29), Egipto (27), Vietnam (21), Myanmar (18), Rusia (12), Azerbaiyán y Yemen (11), Camboya (10) e Irán (9) son los mayores carceleros de periodistas.

Asia encabeza la lista regional de la FIP con 162 periodistas en prisión, seguida de Europa (87), Oriente Medio y Mundo Árabe (65), África (49) y América (2).

La represión y las detenciones masivas de profesionales de los medios de comunicación en regímenes autoritarios como Myanmar, Bielorrusia, Azerbaiyán y Hong Kong explican el creciente número de compañeros/as que se encuentran actualmente entre rejas.

La lista de la FIP de periodistas y personal de los medios de comunicación asesinados en lo que va de 2021 se ha reducido con respecto al año pasado, con 45 asesinatos registrados frente a los 65 de 2020.  Aunque este descenso es una buena noticia, la violencia contra periodistas sigue cobrándose la vida de periodistas en países como Afganistán (9), México (8) e India (4) y Pakistán (3).

Una vez más, Asia encabeza la lista como la región más peligrosa para ejercer el periodismo con veinte asesinatos, por delante de América (9), África (8), Europa (6) y Oriente Medio y el Mundo Árabe con una muerte.

La posición de Asia-Pacífico se explica por la delicada situación de los periodistas en Afganistán tras la vuelta al poder de los talibanes, con su declarada intolerancia al periodismo independiente y su actitud hostil a la participación de las mujeres en la vida pública y en los medios de comunicación. El colapso del gobierno afgano y la retirada de las tropas occidentales dejó a miles de periodistas luchando por ponerse a salvo, fuera de su país y abandonando su profesión y medios de vida.

Estas no son las únicas violaciones del derecho de los periodistas a ejercer su profesión con seguridad e independencia. La FIP ha denunciado la nueva forma de vigilancia masiva de los periodistas a través del software Pegasus, un programa de espionaje muy avanzado que se utiliza para interferir en las comunicaciones de miles de personas, incluidas las de los periodistas.

Incluso el único acontecimiento positivo para los periodistas, la concesión del Premio Nobel de la Paz 2021 a los periodistas Maria Ressa y Dimitry Muratov, sirvió para recordar los sacrificios que tuvieron que hacer para defender la libertad de prensa y la democracia en sus países, como hacen tantos otros/as colegas en todo el mundo.

«El mundo tiene que despertar ante las crecientes violaciones de los derechos de los/as periodistas y de la libertad de prensa en todo el mundo», ha declarado el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger:

«Nuestras listas de periodistas encarcelados/as y de colegas asesinados/as son una prueba clara de los actos deliberados para acabar con el periodismo independiente. También apuntan a la violación del derecho fundamental de las sociedades a acceder libremente a una información precisa, objetiva y justa para poder informarse adecuadamente sobre los asuntos públicos, lo que es un requisito para una sociedad inclusiva y un verdadero gobierno democrático».

La FIP insta a las Naciones Unidas a adoptar una Convención sobre la seguridad de los periodistas para promover, proteger y garantizar la seguridad de los profesionales de los medios de comunicación en tiempos de paz y durante los conflictos armados, y para salvaguardar su capacidad de ejercer su profesión de forma libre e independiente en un entorno propicio, sin enfrentarse a acosos, intimidaciones o ataques contra su integridad física.

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