Atendiendo la petición de la Fiscalía, la Gip (Quinta Sección Penal) de Catania, en Sicilia, ha archivado la causa abierta contra el comandante Marc Reig Creus y la jefa de misión Ana Isabel Montes Mier del barco de la ONG española ProActiva Open Arms, acusados de asociación para delinquir y de pertenencia a las mafias de la inmigración.
En concreto, los dos españoles estaban acusados del desembarco en marzo de 2018, en el puerto de Pozzallo, de 218 migrantes a los que socorrieron en alta mar cerca de Libia. Tanto la fiscalía como el juez instructor han concluido que no existen pruebas para acusarles de tráfico de personas.
Sin embargo, tienen pendiente todavía, en la fiscalía de Ragusa, Sicilia, un procedimiento abierto por “favorecer la inmigración clandestina y violencia privada”. Este último cargo se refiere a la doble negativa de los acusados de entregar a los inmigrantes a la Guardia Costera de Libia y de atracar en un puerto de Malta, lo que motivó que el barco estuviera inmovilizado en el puerto de Pozallo durante algunas semanas por orden judicial.
“Nos sentimos muy felices de saber que se ha dado un paso más hacia el establecimiento de la verdad -ha sido la respuesta de ProActiva Open Arms al archivo de la causa- Confirmamos que siempre hemos actuado respetando las convenciones internacionales y el Derecho del Mar, y que continuaremos haciéndolo movidos por el único objetivo de defender la vida y los derechos de las personas más vulnerables”.
“Estamos seguros –continúa el comunicado de la ONG española- de que las evidencias judiciales de los últimos meses podrán servir de dique frente a las opciones de la política europea y ayudarán a reconstruir con claridad una trágica página histórica, la de los miles de vidas ahogadas en el Mediterráneo Central ante el silencio de Europa».
Según la información facilitada por algunos abogados, en Trapani, siempre en Sicilia, continua abierta la causa contra los cooperantes de la ONG alemana Jugend Rettet, entre los que se encuentra el bombero español Miguel Roldán, contra los que dicen tener “graves indicios” de contactos entre la tripulación y los traficantes de personas, al menos en tres ocasiones, en 2016 y 2017.
Según la acusación «se sospecha que los traficantes escoltaban a inmigrantes en barca hasta dejarlos en manos de la tripulación del barco Iuventa», propiedad de Jugend Rettet.
