Ayer el aún presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunciaba que tras el último revés sufrido en los tribunales su Gobierno decaía en la pretensión de privatizar la gestión de seis hospitales madrileños, y anunciaba la dimisión del consejero Javier Fernández Lasquetty.
La noticia ha supuesto una enorme alegría para quienes hemos defendido siempre nuestro sistema sanitario público y nos hemos opuesto frontalmente a su desmantelamiento y privatización, opina Carlos Barra Galán1.
La noticia ha supuesto el triunfo de la sociedad madrileña que ha dicho BASTA YA a las tropelías que los sucesivos gobiernos del PP, con Esperanza Aguirre a la cabeza e Ignacio González como lugarteniente, han cometido en la sanidad pública madrileña desde hace una década.
Hay que remontarse al 2005, cuando adjudicada en tiempo record la construcción de siete hospitales con financiación privada, la Consejería de Sanidad con el Manuel Lamela al frente propició el llamado “Caso Lamela”, que mediante la utilización de una denuncia anónima y falsa trató de criminalizar a profesionales del hospital Severo Ochoa imputándoles mala praxis con resultado de muerte en 400 casos. Esa agresión brutal a la profesión médica ocupó todo el espacio mediático y la Consejería consiguió momentáneamente dos objetivos: por un lado generar desconfianza en la actuación de profesionales de un hospital público y por otro conseguir que la entrada de las excavadoras para comenzar la construcción de los nuevos hospitales con financiación privada pasara desapercibida y alejada del debate público.
En un magnifico documental emitido en aquellas fechas por La Sexta ( El Severo me duele) varios profesionales advertíamos ya de la privatización y desmantelamiento de la Sanidad Pública que se avecinaba; colectivos vecinales percibieron también que tras esa agresión se encontraba la puesta en marcha de un proceso salvaje de ataque a lo público y por ende un desmantelamiento de la sanidad pública y comenzaron a manifestarse contra ello. Eran los comienzos de la resistencia social a la política neoliberal del PP con Aguirre como máximo responsable.
De entonces acá los sucesivos gobiernos del PP en Madrid han llevado a cabo una política sanitaria que ha primado el trasvase de presupuesto sanitario público al sector privado, ha tratado de convertir la asistencia sanitaria en un producto más de consumo y ha abierto todas las vías para que se convierta en un negocio apetecible a las empresas privadas; así lo denuncié junto a otros compañeros reiteradamente en 2008. La planificación y ordenación de servicios sanitarios, elementos esenciales en cualquier sistema sanitario, fueron eliminados y la Consejería se convirtió en un lugar donde empresas y consultorías eran habituales visitantes y los trabajos que los funcionarios realizaban servían para que tuviesen un excelente conocimiento de la realidad sanitaria madrileña. La instauración del Área Única y la pretendida Libre Elección supuso la generación intencionada de un caos en la ordenación y organización de los servicios que facilitaba poder derivar pacientes a centros privados mediante la creación y puesta en marcha del “Call Center”. La libre elección no la ejerce el ciudadano más que en contados casos, es la Administración quien utiliza el circuito instaurado para derivar pacientes donde realmente quiere: al sector privado; las derivaciones a esos centros privados son, por su cuantía y por las mentiras que se utilizan para llevarlo a cabo, escandalosas e intolerables y son un ejemplo más de la forma de actuar de unos responsables políticos que no quieren favorecer el interés general sino el de sus aliados del sector privado. Las campañas propagandísticas llenas de mentiras que la Consejería ha llevado a cabo han supuesto un despilfarro económico importante y no han conseguido ningún objetivo planteado. ¿Algún madrileño se cree hoy la espera de 30 días para ser intervenido quirúrgicamente? Ni con trampas han conseguido reducir la lista de espera, esa es la realidad mal que les pese.
La Atención Primaria, pieza básica en nuestro sistema sanitaria ha sido abandonada por la Consejería, la precarización en medios humanos y los recortes presupuestarios han impedido pueda hacer correctamente su función fundamental como puerta de entrada al sistema. Los hospitales públicos de gestión tradicional, incluidos los más emblemáticos, han sufrido unos recortes de tal severidad que les está impidiendo asumir una asistencia con la calidad y eficiencia que son capaces de aportar.
Todo lo anterior se ha llevado a cabo en el marco de una opacidad absoluta que invitaba a pensar en posibles irregularidades en la actuación de los responsables sanitarios, por desgracia esta sospecha se ha hecho realidad y así supimos, según informó la cadena Ser el 8 de mayo de 2013, que un informe de la Intervención General de la Administración del Estado remitido al juez Ruz reflejaba que se fraccionaban contratos de forma irregular vulnerando la ley y adjudicándolos a empresas de la trama Gürtel (en la Consejería de Sanidad 29 operaciones).
Los ciudadanos han ido conociendo todo lo expuesto y han sufrido las consecuencias de los recortes, los profesionales han seguido desempeñando su labor cada vez con medios más escasos, además han sido agredidos permanentemente por unos dirigentes incapaces de dialogar y rectificar, se han visto obligados a aceptar condiciones laborales insoportables y muchos de ellos han recibido un trato ofensivo incluso cuando se les ha expulsado del sistema de forma arbitraria irregular y posiblemente ilegal ( cuestión que dilucidarán los tribunales).
El escenario expuesto se ha hecho insufrible y ha propiciado que por primera vez desde hace más de 20 años, médicos, enfermería y resto de trabajadores sanitarios se han echado a la calle y junto a los ciudadanos han llenados con sus mareas las zonas más emblemáticas de nuestra ciudad dando un ejemplo de compromiso con un servicio esencial: la sanidad pública .
La decisión del Gobierno Regional de renunciar a la licitación de los seis hospitales no significa que la sanidad pública madrileña esté libre de privatizaciones, así como la dimisión de Lasquetty no significa que desaparezca el auténtico responsable del desmantelamiento de la sanidad madrileña; ese responsable es hoy Ignacio González, y antes la auténtica artífice del proceso privatizador, Esperanza Aguirre. El Presidente después de este fracaso, uno más, debería plantearse dimitir también, y así evitar que en breve los madrileños le echemos en las urnas siempre que su partido le mantenga como cabeza de lista.
Para concluir , en mi opinión la marea blanca tiene que seguir expresando su rechazo a todo proceso privatizador, debe exigir se investiguen todas las cuestiones que han sido recurridas, algunas de enorme gravedad como la querella que tiene imputados a a los Sres Lamela y Güemes y a una parte importante de la cúpula del SERMAS. Los madrileños hemos demostrado que defendiendo una causa justa y de manera transparente SI SE PUEDE.
- Carlos Barra Galán es médico del Sistema Madrileño de Salud, Médico Especialista en Gerencia de Áreas de Salud, exgerente de Hospital Universitario, exdirector Provincial de Insalud. Licenciado en Derecho
