Un tribunal suizo pide a un periodista declarar contra su informante

La Federación Europea de Periodistas (FEP ) ha criticado hoy la decisión de un tribunal suizo de pedir a un periodista testificar en contra de su fuente de información en un caso de trafico de drogas que fue publicado en la lengua alemana en el diario suizo Basler Zeitung ( BaZ ), en octubre de 2012 .

Basler-Zeitung-BaZ Un tribunal suizo pide a un periodista declarar contra su informante«Se trata de una violación flagrante del derecho de los periodistas a proteger sus fuentes confidenciales», señala Ricardo Gutiérrez , secretario general de la FEP,  quien añade que «la protección de las fuentes es un derecho garantizado por la Constitución Federal de Suiza (artículo 28 bis) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza la libertad de prensa».

La filial de la FEP en Suiza, Impressum, también ha condenado la decisión diciendo que es «escandalosa».

Esta decisión judicial «tiene un efecto contraproducente para las autoridades y el interés público, ya que sin esta información no se hubiera iniciado la investigación», sostiene Urs Thalmann, secretario general de Impressum.

De acuerdo con el artículo 28 bis del Código Penal suizo, periodistas y organizaciones de medios tienen derecho a proteger sus fuentes. Esta protección se extiende también a la identidad del autor (en caso de publicación anónima), el contenido de la publicación y todos los materiales de investigación utilizados. También protege a los periodistas y medios de comunicación locales de órdenes de búsqueda y captura.

En junio de 2013, el Tribunal de Apelación de Basilea dictaminó que el periodista no debe revelar su fuente bajo la ley suiza de la protección de las fuentes. Sin embargo, el Tribunal Federal ha dictaminado hoy que el periodista debe prestar testimonio contra su fuente con el fin de perseguir al traficante de drogas que se menciona en el artículo de prensa. El Tribunal Superior sostuvo que el derecho a la protección de las fuentes se ve comprometido cuando se trata de una «acusación criminal grave».

«Es crucial que los periodistas sean capaces de ofrecer una protección adecuada a sus fuentes con el fin de producir periodismo de investigación responsable», enfatiza Gutiérrez, al advertir que «esta decisión dañará la confianza entre las fuentes y los periodistas e impedirá el periodismo de investigación».

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