Defender los territorios de la Amazonía de la deforestación, la minería y otras actividades extractivas, y de las violencias contra las mujeres, con un claro llamado a la unidad de las luchas de los pueblos, fue uno de los consensos del Foro Social Panamazónico (Fospa) celebrado en la ciudad boliviana de Rurrrenabaque, entre el 12 y 15 de junio, informa Mariela Jara (IPS).
«Vivo en carne propia lo que muchas hermanas y hermanos han contado, lo que es la tala de árboles, la venta de tierras y el narcotráfico en nuestros territorios. Y mientras los defensores y defensoras comunitarios mueren defendiendo nuestros bosques y ríos, los gobiernos están de brazos cruzados», denunció Bernardita Vaga, lideresa del pueblo asháninka de la selva central peruana.
Ella fue una de las 1300 personas que llegaron hasta Rurrenabaque a participar del undécimo Fospa, que veintidós años después de su surgimiento en el marco del Foro Social Mundial, continúa siendo un espacio de confluencia de las luchas en defensa de la naturaleza y de los derechos de los pueblos amenazados por un modelo que asume la Amazonia como un medio de lucro.
La cuenca amazónica abarca de 7,5 millones de kilómetros siendo una fuente principal de agua para el planeta y pulmón global por sus bosques y su gran biodiversidad.
Participaron en este Fospa organizaciones y pueblos indígenas, movimientos sociales, instituciones y colectivos diversos de la ciudad y el campo de los nueve países de esta cuenca: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Guyana Francesa, Suriname y Venezuela.
Rurrenabake, en el departamento del Beni, es una pequeña urbe turística, que sirve de entrada a la Amazonia boliviana, con una población de unos 20.000 habitantes, según el Censo de 2012.
Conocido más por sus altas planicies andinas, Bolivia, un país plurinacional ubicado en el centro de América del Sur, tiene también una rica región amazónica.
Pablo Solón, integrante de la comisión organizadora del Fospa, indicó a IPS que se eligió la región de Rurrenabaque y San Buenaventura –una ciudad próxima donde también se desarrollaron actividades del foro- porque los dos municipios resisten el avance de la contaminación y otros problemas de la actividad minera.
«Queríamos fortalecer esta muralla de pueblos indígenas y organizaciones sociales ambientalistas en la región para que el cáncer de la contaminación de mercurio no avance», sostuvo.
Durante cuatro días, los delegados y delegadas, la mayoría de Bolivia seguidos por las de Brasil, Colombia y Perú, dialogaron sobre cuatros ejes: Pueblos indígenas y amazónicos, Amazonia y madre tierra, Alternativas a los extractivismos y Resistencias de las mujeres.
Además, se celebró el Tribunal de Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres de la Panamazonia, que, a través de siete casos emblemáticos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, evidenció un patrón sistemático para el despojo de los territorios que ellas, sus familias y pueblos habitan, con graves impactos en diferentes dimensiones de sus vidas.
Uno de los casos más estremecedores fue el de la violación de más de quinientas niñas del pueblo awajún, del peruano departamento de Amazonas, por docentes de las instituciones educativas. Crimen que permanece impune pese a las reiteradas denuncias ante las autoridades locales y nacionales.
En su sentencia el tribunal compuesto por cinco juezas instó a los Estados, la sociedad y organizaciones a desarrollar los esfuerzos para transitar hacia el buen vivir de los pueblos amazónicos y andinos en base a relaciones de igualdad y respeto con la naturaleza como sujeto de derechos, y entre mujeres y hombres.
También se comprometió al seguimiento del caso de violaciones sexuales a niñas.
Defender los territorios, defender la vida
Producto de las conclusiones de cada eje temático, del Tribunal de Mujeres y de las diferentes iniciativas de acción que articulan la dinámica del Fospa, el 15 de junio se compartió en el coliseo Hermanos Nacif Velarde, la declaración final denominada Mandato del XI Fospa.
Colocaron como parte del contexto político que amenaza la naturaleza y la humanidad el recrudecimiento de la extrema derecha, el fascismo, el patriarcado, el racismo y los fundamentalismos. Incluyeron a los gobiernos de la región que elegidos democráticamente tienen una posición de ataque a los derechos humanos, criminalización y asesinato de defensores y defensoras.
El pronunciamiento recuperó la diversidad de identidades que luchan por una Amazonía para la vida: mujeres, hombres y personas de la diversidad sexual comprometidos en trabajar por el reconocimiento pleno de sus derechos, el autogobierno de los pueblos, por democracias comunitarias, por el pleno ejercicio de culturas, espiritualidades ancestrales e identidades étnicas de los pueblos.
«Convocamos a construir un acuerdo para la vida, para hacer frente al colapso climático y ecológico», remarca el documento que también extendió las luchas en la Panamazonia hacia la defensa de los derechos de las mujeres, la juventud, niñas, niños, personas Lgbtiq+ y población de zonas rurales y de las periferias urbanas.
Junto con la declaración se aprobaron las conclusiones de los cuatro ejes temáticos. En cada uno participaron en el debate y reflexión delegaciones de los diferentes países compartiendo escenarios comunes de amenaza y llamados a la unidad para fortalecer una lucha que necesita de todos.
«Si no nos unimos nos avasallarán»
Jane Cabral, del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, del estado amazónico de Pará, describió a IPS la situación de acaparamiento de tierras que se da en su país tras el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, que envalentonó al sector de terratenientes.
«Nosotros continuamos con las tomas de tierra porque si no, no habrá reforma agraria en Brasil. Vemos la expansión del agronegocio y del latifundio, terratenientes le compran la tierra a la propia gente que, desesperada por la pobreza, vende», manifestó.
Ella forma parte del MST desde 1989 cuando era estudiante universitaria, hoy continúa en esta lucha que considera vital y articulada a las que se dan en los demás países panamazónicos que «resisten el acoso de grandes empresas a las que solo les importa el dinero».
«Hay que tener esperanza en que las cosas mejoren para detener lo que los gobernantes y grandes empresas le hacen a la naturaleza y que han causado el crimen climático. Es una lucha que nos debe unir en el lugar donde estemos, porque si no, nos avasallarán los intereses de las grandes empresas», exclamó.
Del mismo parecer fue Nelly Aguilar, joven indígena quechua del municipio de Arani, en el departamento boliviano de Cochabamba: «Quiero que las mujeres del Ande y de la Amazonia nos unamos para fortalecer la lucha en defensa de nuestros territorios, de nuestra agua. Sin agua no hay vida y la minería está contaminando nuestros ríos», dijo a IPS.
«He escuchado lo que dicen hermanas de Perú, de Colombia, de Brasil y los mismos problemas les han sucedido. No es diferente lo que nos pasa por vivir en otros países, las fronteras nos dividen, pero tenemos que unirnos para luchar más fuerte y juntos», planteó.
Añadió que «aquí veo todo verde, mi territorio está seco porque no hay agua, no tenemos cultivos, si los poderosos no nos matan con balas, nos matarán de hambre, por eso la esperanza de esta unión llevo a mi comunidad».
Remarcó que esa lucha debe incluir la defensa de defensores, «porque los están matando».
Esa realidad la vivió directamente Bernardita Vega, lideresa asháninka, uno de los 51 pueblos indígenas amazónicos de Perú. Su esposo, Santiago Camilo Condori, defendía su territorio de la tala ilegal y del narcotráfico y fue asesinado en abril del año pasado. Murió en sus brazos.
Ella nació en la comunidad de Puerto Ocopa del municipio de Río Tambo, en la selva central peruana. Toda su vida ha transcurrido en ese territorio que habita el pueblo asháninka desde tiempos ancestrales.
«En todas las comunidades hay inseguridad para los defensores, hermanas de Colombia, Brasil han denunciado los asesinatos que van aumentando sin que las autoridades les protejan. Me llega al sentimiento lo que he escuchado en el Fospa, es como si los presidentes de nuestros países quisieran que vuelva la violencia de los años ochenta y noventa», lamentó.
A su esposo lo asesinaron varios sicarios tras recibir permanentes amenazas. «El murió luchando por nuestros bosques, nuestros ríos, para que los jóvenes, los niños, puedan vivir libres y seguros en la comunidad. Eso le costó la vida y ahora no tenemos justicia», denunció.
Concluido el Fospa son muchos los desafíos, pero también las esperanzas. Solón, uno de los organizadores del foro, adelantó que el mandato recibido de las organizaciones indígenas es no cerrar con una declaración, sino sostener en cada país, de aquí en adelante, las acciones comprometidas.
«Las alternativas a desarrollar deben surgir desde el territorio para vivir libres de extractivismos», dijo.
Como resaltó Cabral, del MST brasileño, «los que luchamos tenemos más aliento y coraje para sostener la esperanza, los que están solos sufren más».
