Según el informe Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano, entre 2018 y 2024 al menos 913 periodistas de quince países fueron obligados a rehacer su vida profesional fuera de sus países por la persecución, amenazas, la represión y el cierre de espacios cívicos.
Este estudio, elaborado por PROLEDI-UCR con apoyo de la Unesco, Fundamedios y la Universidad Diego Portales, alerta del impacto de este éxodo en la libertad de expresión regional.
Alcance y metodología del informe
El informe se nutre de una investigación desarrollada en 2024, con veintinueve entrevistas, cuatro grupos focales en España, México, EEUU y Costa Rica; dos encuestas virtuales y un amplio análisis documental, en la que se contabilizan 913 periodistas desplazados en quince países latinoamericanos entre 2018 y 2024.
Países responsables del éxodo
Venezuela, Nicaragua y Cuba concentran el 92 por ciento de los casos de exilio periodístico. En cifras aproximadas:
- Venezuela: 477 periodistas
- Nicaragua: 268
- Cuba: 98
Voces desde la investigación
Óscar Mario Jiménez, coordinador del estudio, advirtió que este desplazamiento constituye un «ataque directo a la democracia». Dagmar Thiel, directora de Fundamedios en EEUU, alertó de que «el periodismo se transformó en una actividad de alto riesgo en Latinoamérica».
Aunque el informe detalla el fenómeno desde la investigación social, son pocos los testimonios personales divulgados. Para aportar voces humanas, valdría la pena indagar en oenegés como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF) o el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), donde han emergido casos individuales de exiliados que denunciaron amenazas y persecución directa a su labor informativa.
Contexto más amplio
En Nicaragua, por ejemplo, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) documenta que entre 2018 y finales de 2024, 283 periodistas fueron exiliados, de los cuales 46 en 2024, y 52 abandonaron el oficio.
Esta crisis local refleja la tendencia regional recogida en «Voces desplazadas», un éxodo de periodistas que vulnera la pluralidad informativa, debilita el periodismo independiente y empobrece el debate democrático.
Cuando quienes deberían estar contando las historias son forzados a silenciarse, la ciudadanía pierde acceso a información crítica y a diversidad de voces.
Enfoque profesional y recomendaciones
Como periodistas y defensores del derecho a la información, organizaciones como CLIP, CPJ, FIP-IFJ, Fundación Gabo, UNESCO o ICFJ están llamadas no solo a documentar los casos, sino a impulsar mecanismos de protección, redes de acogida internacional, programas de reasentamiento y apoyo psicológico y laboral.
Se puede concluir que el informe «Voces desplazadas» ofrece una radiografía inquietante del exilio periodístico en América Latina, con 913 casos documentados entre 2018 y 2024.
El fenómeno concentra en tres países el 92 por ciento, bajo condiciones de represión que constituyen un claro ataque a la democracia.
Es urgente que instituciones periodísticas, académicas y de derechos humanos actúen con redes de apoyo para frenar la creciente diáspora de voces críticas y garantizar su derecho a informar, vivir dignamente y contribuir al bien público desde cualquier lugar donde decidan reconstruir sus vidas.
