La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH¹) repudia los actos de violencia contra el Capitolio de los Estados Unidos de América, cometidos el 6 de enero de 2021, en contra de las instituciones y procedimientos democráticos, y que resultaron en la muerte de cinco personas.
La Comisión urge al Estado a garantizar el pleno respeto de sus instituciones democráticas, así como a investigar rigurosamente los hechos, sancionar a los responsables y garantizar su no repetición.
Durante la Sesión Conjunta del Congreso de los Estados Unidos del 6 de enero –convocada para contar y certificar los votos del Colegio Electoral respecto de la elección presidencial celebrada el 3 de noviembre de 2020–, centenares de personas se apoderaron del Capitolio por medio del uso de la fuerza.
Conforme con información pública, como resultado de la acción violenta, cinco personas fallecieron –entre ellas, un oficial de policía, y una mujer herida por disparos– y diversas personas y agentes de las fuerzas de seguridad habrían resultado heridos. Asimismo, dispositivos explosivos y armas de fuego fueron encontrados en distintos lugares de Washington, DC.
Por su parte, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) también registraron hechos de violencia contra periodistas.
Estas agresiones no ocurrieron de forma espontánea, y ciertamente –como se registró en el pasado– son el resultado de un constante ambiente de estigmatización a la labor de los medios de comunicación alentado desde las más altas autoridades.
Al respecto, la Comisión urge al Estado a cumplir con su deber de investigar los hechos con la debida diligencia, identificando aquellas personas que hayan incitado la violencia y los atentados contra las instituciones democráticas. Asimismo, recuerda el deber de sancionar a las personas responsables, y garantizar la no repetición de estos hechos.
La CIDH observa que las fuerzas de seguridad retomaron el control del edificio del Capitolio y destaca que la misma noche de ocurridos los hechos, la Sesión Conjunta del Congreso retomó sus actividades en cumplimiento del mandato constitucional.
La Comisión manifiesta su preocupación por la persistencia de la grave tensión en el tejido social en el contexto poselectoral y, en este sentido, urge a que las voces con responsabilidades públicas cesen discursos que animen al odio o sean permisivos con el uso de la violencia en contra de personas e instituciones del Estado de Derecho.
Asimismo, la CIDH no puede pasar por alto reconocer que los actos de violencia registrados están precedidos por un complejo y prolongado fenómeno de desinformación que constituye en sí mismo un serio desafío para los derechos humanos.
La Comisión reitera que la garantía de la institucionalidad democrática es condición indispensable para asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en el país, por lo que urge al Estado a que se respeten los procesos democráticos que permitan la transición pacífica y ordenada de la nueva administración federal.
La CIDH ha reconocido que, cualquiera sea la modalidad de la protesta, los instrumentos interamericanos establecen que el derecho de reunión debe ejercerse de manera pacífica y sin armas. En el mismo sentido, señala que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público.
La Comisión y su RELE reiteran que es deber de funcionarios públicos condenar y no justificar este tipo de violencia, y recuerdan que quienes ocupan cargos de responsabilidad pública, tienen el deber de abstenerse de generar con su discurso un clima de hostilidad contra periodistas, comunicadores y medios de comunicación.
- La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
