El despido de más de 100 000 personas empleadas en el sector público turco, tras la victoria de Erdogan en el referéndum que ha ampliado sus poderes y la duración de su mandato, es arbitrario y ha tenido consecuencias catastróficas para su vida y su sustento, revela Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado el 22 de mayo de 2017.
El informe No End In Sight: Purged public sector workers denied a future in Turkey muestra que decenas de miles de personas –entre ellas profesionales de la salud, agentes de policía, docentes, profesores universitarios y militares– a las que se ha tachado de “terroristas” y apartado del servicio público, están pasando ya graves apuros económicos.
“Las repercusiones de la represión ejercida en Turquía tras el intento de golpe de Estado continúan destrozando la vida de gran número de personas, que no sólo han perdido su trabajo, sino que también han visto arruinada su vida profesional y familiar”, ha señalado Andrew Gardner, investigador de AI sobre Turquía. “Tachadas de ‘terroristas’ y privadas de sus medios de vida, gran cantidad de personas no pueden ya continuar en su profesión en Turquía y no tienen tampoco otras oportunidades de trabajo porque se les niegan”.
El informe, basado en 61 entrevistas en Ankara, Diyarbakır y Estambul, revela la difícil situación que afrontan, sin medios de resarcimiento, muchas personas que tenían antes un trabajo seguro en el sector público. Todas las personas entrevistadas explicaron que la falta de otros medios de sustento, incluidas prestaciones de la seguridad social, las ha obligado a vivir de sus ahorros, depender de la ayuda de familiares y amistades, aceptar trabajos en la economía irregular o sobrevivir con pequeños donativos de sus sindicatos. Según AI, los despidos han afectado a 33 000 profesores y empleados del ministerio de Educación, 24 000 policías y empleados del ministerio del Interior, 8000 militares, 5000 profesores universitarios y empleados de la educación superior y cerca de 4000 jueces, fiscales y otros miembros del ministerio de Justicia.
Mención aparte merecen los casos de policías despedidos o detenidos. Según una información del diario turco Milliyet del 24 de abril de 2017, “mil policías han sido detenidos y 9103 suspendidos de sus funciones. En 81 ciudades del país se han dictado 7000 órdenes de arresto contra policías. Entre las personas detenidas, de 1009 se dice que han jugado un papel de “imanes secretos” que actuaban dentro de la policía. El resto serían adeptos del religioso Fethullah Gülen (conocidos como “gülenistas”), un antiguo aliado del presidente Erdogan que desde 2013 se ha convertido en su bestia negra
Muchas de las personas despedidas tienen prohibido el ejercicio privado de profesiones reguladas por el Estado, como la abogacía y la enseñanza. Asimismo, los agentes de policía y militares despedidos tienen prohibido por decreto buscar un trabajo similar en el sector privado. Los pocos profesionales a quienes se permite continuar desarrollando su actividad en el sector privado, como los profesionales de la salud, a duras penas encuentran trabajo, es especial en puestos equivalentes, con sueldos similares a los que tenían.
A los empleados públicos despedidos se les ha anulado el pasaporte, privándoles así de la posibilidad de buscar trabajo fuera del país, lo que restringe aún más y de manera grave sus oportunidades laborales. Incluso si algunos de los despidos –como los de militares que participaron en el intento de golpe de Estado– estuvieran justificados, el hecho de que las autoridades no hayan establecido unos criterios claros para llevarlos a cabo, ni proporcionado pruebas individualizadas de actos ilícitos, pone en entredicho su afirmación de que todos los despidos son necesarios para combatir el terrorismo. De hecho, los datos disponibles son indicativos de la existencia generalizada de motivos abusivos y discriminatorios tras la purga.
Ninguna de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional ha recibido explicación alguna del motivo de su despido aparte de la acusación generalizada de su vinculación con grupos terroristas. Sin embargo, a pesar de la arbitrariedad manifiesta de las decisiones de despido, no hay un procedimiento efectivo de apelación para que las personas empleadas en el el sector público impugnen su despido. Una comisión propuesta en enero para evaluar los casos carece de la independencia y la capacidad necesarias para ser efectiva. Y aún no ha empezado a trabajar.
Un pequeño número de ex empleados públicos ha protestado por su despido y han sufrido hostigamiento de la policía, e incluso detención y malos tratos. Nuriye Gülmen, profesora universitaria, y Semih Özakça, docente, llevan 75 días en huelga de hambre como protesta por sus despidos.
“Privar a 100 000 personas de acceso al trabajo es semejante a una aniquilación profesional en gran escala, y está claro que forma parte de una purga política más general de quienes ejercen o parecen ejercer oposición política”, ha afirmado Andrew Gardner. “Las autoridades deben poner fin de inmediato a estos despidos arbitrarios y rehabilitar a todas las personas que no hayan hecho nada ilícito. Se debe proporcionar a las personas despedidas acceso a un procedimiento rápido y efectivo de apelación para que puedan limpiar su nombre, recibir indemnización y volver a ejercer su profesión.”
Frente a las críticas, escriben en un artículo en el diario francés Le Monde, las autoridades turcas niegan que exista una caza de brujas y aseguran que estas medidas excepcionales son necesarias para “limpiar” las instituciones de elementos facciosos. “Ankara imputa el golpe de estado fallido al predicador islamista Fethullah Gülen, residente en Estados Unidos, acusado de estar a la cabeza de una organización terrorista que ha infiltrado las instituciones para construir un Estados paralelo”.
