Fue en julio de 2004 cuando el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en proceso de desmovilizarse, reconoció ante el parlamento de Colombia que esa fuerza de extrema derecha controlaba 35 por ciento de los escaños.
Diez años después la proporción se asemeja: el nuevo Congreso legislativo sería paramilitar en una tercera parte, informa Constanza Vieira (IPS) desde Bogotá.
Así se desprende del seguimiento de la no gubernamental Fundación Paz y Reconciliación a los candidatos de las elecciones legislativas del domingo 9.
Son 33 figuras relacionadas o presuntamente relacionadas con este actor de la guerra colombiana, que resultaron elegidas para integrar el Senado, un 32,4 por ciento de sus 102 escaños. En la Cámara de Representantes, fueron elegidos 36 de ellos, 21,7 por ciento de sus 166 puestos, según la fundación.
Estos ya son los herederos de los políticos relacionados con el paramilitarismo (parapolíticos, en el lenguaje local, de los que hay decenas condenados); o bien tienen supuestos vínculos directos con organizaciones criminales que sucedieron a su desmovilización, promovida por el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
El portal especializado VerdadAbierta.com indica a su vez que al Senado llegaron 15 políticos investigados por hacer, supuestamente, pactos con paramilitares, mientras que 11 lograron un escaño en la Cámara de Representantes.
Fue así como, con una abstención de 56,42 por ciento, los colombianos escogieron el Congreso legislativo potencialmente más importante en medio siglo.
Este parlamento deberá definir el destino de los acuerdos de paz que eventualmente se logren en la negociación que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos con las guerrillas izquierdistas en La Habana.
Además de la abstención, del total de 14,3 millones de personas que sí votaron, más de 2,3 millones emitieron votos inválidos, y 885.375 electores, más de seis por ciento, votaron en blanco tras una campaña por las redes sociales promoviendo esa opción, según los datos preliminares de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Esto significa que una minoría decidirá el destino de los acuerdos que pondrían fin a una guerra fratricida de 50 años, y los nuevos proyectos de ley vinculados a esta negociación.
Pero ningún partido obtuvo más de 20 por ciento de la votación, lo que indica que se mantiene y se profundiza la división de las elites frente a una salida negociada o militar de la guerra, la verdadera razón para que los diálogos de paz hayan podido avanzar.
En la presidencia desde 2010 y ahora candidato a la reelección para el periodo 2014-2018, Santos logró en su mandato un significativo consenso político de respaldo a sus esfuerzos de paz, con una coalición de cinco partidos que denominó Mesa de Unidad Nacional: el Partido de la U, Cambio Radical, el Partido Conservador (los tres de derecha), el Partido Liberal (centro) y Alianza Verde (centroizquierda).
Esta alianza tenía 80 de los 102 escaños del Senado, donde 100 los disputan los partidos y otros dos se definen por circunscripción indígena.
Santos puntea en los sondeos por amplio margen la preferencia de voto para las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta será el 25 de mayo. Pero analistas indican que su triunfo demorará hasta la segunda vuelta, el 15 de junio.
De confirmarse las encuestas, Santos contaría en el Congreso que se instalará el 20 de julio con 46 senadores, excluyendo a los conservadores, que se dividieron, y controlará la cámara baja, con unos 92 representantes de 166.
Seguramente, el Partido Conservador, que bajó de 22 a 19 escaños, jugará de nuevo el papel de bisagra, y sabrá cobrar caro su apoyo a cambio de cargos burocráticos y contratos para sus militantes. Cuatro de sus parlamentarios elegidos tienen abiertas investigaciones por supuesto paramilitarismo.
La U cayó de 28 escaños a 21, aunque sigue siendo el partido más votado. Ocho de estos parlamentarios son investigados por parapolítica. Cambio Radical subió de ocho a nueve puestos, con cuatro electos investigados. Los liberales conservan 17 senadores, siete de ellos con supuestos nexos paramilitares.
Por su parte, Alianza Verde mantiene cinco escaños y uno de ellos será ocupado por Claudia López, la principal investigadora de los vínculos entre la política y el paramilitarismo.
Según Verdad Abierta, 16 por ciento de los congresistas electos de Cambio Radical y 14 por ciento de La U están investigados por paramilitarismo.
Otro partido que ha apoyado algunas iniciativas de Santos, Opción Centro, está fuertemente cuestionado por vínculos con el paramilitarismo de extrema derecha y 27 por ciento de sus legisladores son sospechosos.
El Polo Democrático Alternativo, de centroizquierda, bajó de cinco a tres senadores. Este pequeño bloque, que expulsó de su seno al Partido Comunista, sería un aliado de la paz.
Para algunos, la mayor amenaza para la paz negociada se erige ahora desde la extrema derecha con el nuevo partido Centro Democrático, creado por Uribe y que obtiene, prácticamente, las 19 curules que perdieron juntos La U y el Partido Conservador.
Uribe aboga por obligar a la guerrilla a deponer las armas mediante la derrota militar, con penas de cárcel acordes con sus crímenes, sin aplicación de medidas de la denominada justicia transicional y sin derechos políticos, lo que equivale a bombardear la negociación de paz.
El anuncio de esas conversaciones exasperó al expresidente, también investigado por supuestos nexos con paramilitares.
La dimensión del enfrentamiento se mide en investigaciones judiciales y periodísticas que indicarían que Santos y sus negociadores de paz fueron espiados por elementos de la Inteligencia militar que mantienen pactos de lealtad con Uribe, posiblemente relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Uribe no logró la tercera parte del Senado, que era su aspiración, pero el Centro Democrático consigue más de 14 por ciento de sus escaños y se erige como la segunda fuerza, con más de dos millones de votos.
