El ministro del Interior del gobierno de Sánchez, Fernando Grande-Markaska, ha considerado la posibilidad de retirar de las vallas de Ceuta y Melilla, las llamadas «concertinas», de forma que se proteja la zona pero que no cause heridas de consideración a la población que intenta saltar la valla.
En el anuncio de su voluntad de retirarlas considera que no es aceptable que sucedan esas situaciones y está barajando la sustitución de las mismas mediante otros sistemas más adecuados. Asimismo descarta que la retirada de las «cuchillas» de las vallas pueda causar un efecto llamada y los inmigrantes salten con facilidad. Para el gobierno, es necesario actuar en los países de tránsito para solucionar este problema y gestionar las causas de la inmigración. Asimismo, quiere elaborar un informe para buscar métodos menos cruentos de control fronterizo; unos que no supongan daño para las personas, según lo ha expresado la ministra portavoz, Isabel Celaá en rueda de prensa.
La triple valla de siete metros de altura contiene una alambrada ciclónica, cuchillas y mallas en un perímetro de doce metros y está inclinada unos diez grados hacia Marruecos. Algunas ONGs han culpado a las cuchillas de la muerte de algunos de los inmigrantes porque al no poder apoyarse en los flejes de acero la inestabilidad de la alambrada a la hora de escalar les ha hecho cortarse severamente, aunque el ministro del gobierno anterior considerase que eran heridas superficiales.
La segunda valla, si se consigue pasar la primera, tiene seis metros de altura y hay que pasar a lo largo de la sirga tridimensional; un entramado de cables de acero con estacas de diferentes alturas. A estas medidas hay que añadir las otras tecnológicas que alarman a la guardia civil, focos cegadores, cámaras móviles y sirenas que avisan de forma visual y sonora si detectan movimientos.
Desde que el juez fuera nombrado ministro de justicia de España ha coordinado la situación de la acogida del barco Aquarius y ha comentado que asume tranquilo su cargo y modificará entre otras cosas, la ley de seguridad ciudadana, la subida salarial para la policía nacional y la guardia civil, así como el traslado a prisiones de Catalunya a los exconsejeros y líderes del «procés» encarcelados provisionalmente a la espera de juicio por delitos de rebelión, sedición o malversación, para facilitar la vida familiar, todo ello si el juez del Tribinal Supremo, Pablo Llarena, lo autoriza.
