El Gobierno mexicano se ha sometido al examen periódico del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como consecuencia de las desapariciones forzadas en el país.
Marcha por los desaparecidos en MéxicoYa en 2014, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU transmitió 418 casos de desaparición de personas a 42 Estados en el periodo comprendido entre noviembre de 2012 y mayo de 2014. Durante ese tiempo, el Grupo llegó a solucionar 47 casos, pero se calculaba que permanecían sin esclarecer más de 43 000, y que muchos de ellos se remontaban a varias décadas, debido en parte a que no se realizan esfuerzos suficientes para determinar el paradero de esas personas.
En aquella ocasión, Ariel Dulitzky, presidente del grupo, señaló que lo que hacía falta era “la implementación efectiva, en el día a día, de políticas públicas que aseguren la prevención de la desaparición forzada, su erradicación, y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, y garantías de no repetición, de las víctimas de desaparición forzada”.
Cuatro años más tarde, la situación no parece haber mejorado mucho, porque el Gobierno ha recibido una lista de 264 recomendaciones en la materia que se centran, sobre todo, en el combate a la impunidad frente a todo tipo de atropellos.
Las desapariciones de personas fueron una de las principales preocupaciones en la evaluación quinquenal a México, de este mes de noviembre, con varios países pidiendo investigaciones imparciales, identificación y enjuiciamiento de responsables mediante instancias especializadas y legislación específica.
El caso de Ayotzinapa mereció una mención especial por parte de Estados Unidos, que además de a la indagación, llamó a la rendición de cuentas de quienes la obstruyan.
Entre los asuntos abordados destacaron asimismo las agresiones y asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, para quienes se pidió justicia por medio de investigaciones a fondo que revelen los motivos y procesen a los responsables materiales e intelectuales. Además, los Estados que han participado en los encuentros recomendaron proteger a esos profesionales y activistas, y garantizarles el libre ejercicio de su labor.
La violencia de género y los feminicidios ocuparon otro de los principales puntos de discusión con recomendaciones múltiples de aclararlos y sancionarlos con todo el peso de la ley para poner fin a este flagelo. Varios países sugirieron trabajar en el terreno de la prevención atacando las raíces de ese tipo de violencia y creando mecanismos de protección para mujeres y niñas. Hay cálculos que estiman que en México se produce una media de nueve feminicidios al día. Según el Observatorio Nacional del Feminicidio (OCNE). Entre los años 2014 y 2017 fueron asesinadas un total de 8904 mujeres, y solo 2188 fueron investigados como feminicidios.
Respeto a los migrantes, recomiendan tomar todas las medidas legales y administrativas necesarias para asegurar los derechos de los migrantes y las personas en movimiento, particularmente en las zonas fronterizas, En este capítulo, algunos países se pronunciaron sobre la necesidad de adoptar medidas contra la trata y el tráfico de personas.
La lista continuó con recomendaciones contra la discriminación de indígenas, personas discapacitadas y miembros del colectivo LGBTI.
El Gobierno reconoce sus fallos
La delegación mexicana que presentó en Ginebra el informe sobre el país estuvo presidida por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabaña, quien reconoció que “México enfrenta retos considerables en materia de derechos humanos, no venimos aquí ni a minimizarlos ni a negarlos”, y aseguró que el Estado mexicano aborda los desafíos con toda su capacidad y que está abierto a recomendaciones.
La impunidad rampante; la tortura; las desapariciones de personas; la violencia contra periodistas y activistas de derechos humanos; los feminicidios y violencia de género; las violaciones a los derechos de los migrantes; y la discriminación contra grupos vulnerables fueron algunos de los atropellos que el Gobierno mexicano aceptó que ocurren de forma sistemática en su territorio.
El presidente de la delegación señaló que estas transgresiones exigen a todos los servidores públicos de los tres niveles del gobierno redoblar los esfuerzos para garantizar a la ciudadanía el pleno goce de sus derechos y libertades básicas.
El gobierno de López Obrador, que toma posesión en próximo día 1 de diciembre, tiene sobre la mesa un trabajo ímprobo para recomponer un tejido social que se descompone desde hace demasiado tiempo. Y no estaría de más que exigiera responsabilidades al equipo de Peña Nieto.
