Se cumple un año del horrendo asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul, cuando iba a recoger un certificado de divorcio que le permitiría casarse en Turquía con una ciudadana de ese país.
El crimen hizo temblar al régimen saudí y casi pone fin a la carrera del príncipe heredero, Mohamed ben Salmán, de no ser por el firme apoyo de la Casa Blanca, a pesar de las duras críticas de congresistas tanto demócratas como republicanos que exigían el sacrificio del narcisista e irresponsable MBS para mantener a la familia Saúd en el poder.
Mucho han cambiado las cosas en un año. Dos meses después del escandaloso crimen, MBS aparecía en la cumbre del G20 en Argentina, para poco a poco ser reintegrado en el panorama internacional a pesar de la falta de transparencia en el juicio a los supuestos asesinos y la nula colaboración con las autoridades judiciales turcas ni con la relatora especial de la ONU encargada de investigar el crimen, Agnes Callamard.
En los últimos días se ha sabido que el reino del desierto ha trasladado su consulado de Estambul a otra dirección y puesto a la venta la sede anterior donde tuvo lugar el asesinato de Khashoggi a un precio tres veces más bajo que el coste de mercado, en un intento de borrar la vergüenza de la memoria de los defensores de los derechos humanos y de la libertad de prensa.
Asimismo, y con motivo del aniversario del asesinato, el mayor sospechoso del crimen y señalado por todos, el príncipe Mohamed ben Salmán, ha multiplicado sus apariciones en los medios estadounidenses de renombre, como es el programa ’60 minutos’ de la CBS y el documental de Martin Smith en Frontline, en donde por primera vez reconoce su responsabilidad moral pero no legal, al tener lugar el asesinato en “su era”.
La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, que elaboró un informe al respecto de cien páginas en el que asegura que el Estado saudí es responsable del asesinato, ha manifestado, en una entrevista al canal catarí Aljazeera, que las últimas declaraciones de MBS son un intento de eludir su responsabilidad en el asesinato, así como su desconfianza en el sistema judicial saudí, calificando el juicio del reino a los once sospechosos de farsa.
Hasta el momento no se sabe nada del juicio que se celebra en el reino, ni de los restos de la víctima. Lo que sí se sabe es que el consejero personal de MBS y comandante del Grupo Tigre, especializado en acallar a los opositores al régimen y coordinador de la operación que acabó con Jamal Khashoggi, sigue libre y desarrollando sus funciones a pesar de que el gobierno saudí declaró su cese oficialmente.
Desde que ben Salmán irrumpió en el escenario político de su país hace cuatro años, primero como ministro de defensa y después como príncipe heredero y rey en funciones, no hace más que cosechar fracasos estratégicos. En Yemen no sólo está siendo derrotado por los hucíes, sino que su economía, que prometía que dejaría de depender del petróleo en 2020, sufre ataques a su columna vertebral, las instalaciones petrolíferas de Aramco; su coalición militar se hace añicos, su pulso con Irán se debilita, su embargo a Catar fracasa, su apoyo a las dictaduras de Egipto y Sudán no logran los frutos esperados, los suníes de Líbano se le rebelan, sus milicias en Siria son derrotadas,… y su dependencia de Washington es cada vez mayor a pesar de la desconfianza que tiene de Trump.
Un año después, MBS se encuentra en una situación paradójica. Por una parte disminuyen las voces críticas por su relación con el asesinato del afamado periodista; por otra su irresponsabilidad y continuos fracasos ponen en duda su capacidad para liderar el país en las próximas décadas.
La supercopa española se juega en Arabia Saudí
La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado recientemente que seguirá el ejemplo de los italianos y celebrará la supercopa de España en su nuevo formato en el Reino del Desierto, una iniciativa golosa que traería una suma de treinta millones de dólares para las arcas de la RFEF, suscitando la polémica sobre la conveniencia de celebrar un evento deportivo en un país donde los derechos humanos son pisoteados y donde las mujeres no gozan de derechos.
Una polémica que pierde fuelle cuando se sabe que el gobierno español vende armas a Arabia Saudí, armas y municiones que están siendo utilizadas en la guerra de Yemen. Ante el reto de no caer en una flagrante incoherencia en un momento electoral, el gobierno en funciones no quiere manifestarse.
Sin ir más lejos, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, respondió a una pregunta sobre la cuestión afirmando que él es más seguidor de baloncesto y que desconocía los detalles, la misma respuesta daría unas horas después la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá.
Para salir al paso de las críticas al gobierno sobre este asunto, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, aseguró este 2 de octubre de 2019 que el CSD no apoyaría la celebración de la Supercopa de España «en países donde se violan los derechos de la mujer.»
