Cuando se trata del juego, España y México adoptan enfoques muy diferentes. Ambos países tienen grandes mercados, conformados por tradiciones culturales, impulsores económicos y marcos reguladores. Para los operadores, inversores y jugadores, comprender estas diferencias es crucial, ya que lo que se aplica en España puede no trasladarse directamente a México y viceversa.
El marco regulatorio de España
En 2011, España introdujo su moderno marco regulatorio en materia de juego a través de la Ley del Juego. Esta ley creó un entorno altamente estructurado bajo la supervisión de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), el regulador nacional.
La concesión de licencias en España es un proceso centralizado. Cualquier operador que pretenda ofrecer servicios de juego online debe obtener una licencia de la DGOJ, que cubre áreas como las apuestas deportivas, el póquer, la ruleta y las máquinas tragaperras.
El sistema da prioridad a la protección del consumidor, la transparencia y la imparcialidad. España también ha implantado estrictas medidas de juego responsable, incluidos registros obligatorios de autoexclusión y normas de publicidad destinadas a proteger a los grupos vulnerables.
Desde la perspectiva fiscal, España aplica importantes gravámenes sobre los ingresos brutos del juego (GGR). Estos tipos varían en función del tipo de actividad, pero en general oscilan entre el 20% y el 25%. Aunque esto puede suponer una carga importante para los operadores, garantiza que el Estado obtenga ingresos que financien los servicios públicos.
El panorama en evolución de México
México, por el contrario, opera bajo un marco más fragmentado y menos actualizado. Su industria del juego está regulada principalmente por la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, con modificaciones introducidas posteriormente. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) supervisa las licencias, pero la propia ley se considera a menudo obsoleta dada la rápida evolución del juego digital.
En la práctica, México autoriza los casinos físicos y algunas operaciones online mediante acuerdos con titulares de licencias locales. Sin embargo, no existe una ley integral sobre el juego online equivalente a la Ley del Juego española. Esto crea un entorno en el que la interpretación desempeña un papel importante, y los operadores deben colaborar estrechamente con los reguladores para garantizar que se cumplen las normas.
También difiere la tributación en México. Los operadores suelen pagar impuestos vinculados a las apuestas y los ingresos, pero el sistema está menos armonizado que el de España. Esto puede crear oportunidades de crecimiento, pero también retos en cuanto a claridad, sobre todo para las marcas internacionales que entran en el mercado mexicano.
Publicidad y protección de los consumidores
El planteamiento español sobre la publicidad es bastante estricto. En 2020, el gobierno impuso amplias restricciones a los anuncios de juegos de azar, prohibiendo el apoyo de personajes famosos, limitando los tiempos de emisión y exigiendo advertencias sobre el juego responsable.
México, por su parte, mantiene un enfoque más ligero con respecto a la publicidad. Aunque existen algunas restricciones, no son tan exhaustivas como las de España. Esto hace de México un campo más abierto para los operadores.
Implicaciones para los operadores
Para los operadores, España representa un mercado bien estructurado pero con una regulación elevada. Los costes de cumplimiento son altos, pero la estabilidad y la confianza de los consumidores son ventajas importantes. México ofrece una estructura menos rígida, potencialmente atractiva para el crecimiento, pero con mayor incertidumbre debido a leyes anticuadas e interpretaciones divergentes.
Las plataformas diseñadas para México suelen hacer hincapié en la localización, el idioma y los matices culturales. No es de extrañar que cualquier plataforma de casino centrada en México deba adaptarse no sólo a las carencias normativas, sino también a las expectativas de los jugadores moldeadas por la tradición.
Conclusión
España y México presentan dos enfoques distintos en cuanto a la regulación del juego. El marco centralizado y estrictamente controlado de España da prioridad a la protección del consumidor y a los ingresos del Estado, aunque a un alto coste para los operadores. El sistema mexicano, más flexible aunque anticuado, permite el crecimiento pero deja grandes áreas que necesitan reformas.
Tanto para los operadores como para los jugadores, es esencial comprender estos entornos normativos, ya que las normas no sólo determinan el cumplimiento, sino también la experiencia general del juego.
