Organizaciones de trabajadores, migrantes, mujeres y educadores de Chile, entre otros grupos de defensa de los derechos sociales, están alertas ante la asunción del ultraderechista José Antonio Kast, el primer presidente surgido de unas elecciones que se ha declarado admirador del dictador Augusto Pinochet, informa Orlando Milesi (IPS) desde Santiago.
Kast asumirá el 11 de marzo 2026 tras ganar con una amplia votación de 58,16 por ciento en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas del 14 de diciembre 2025.
Se trata del mayor giro hacia la derecha en este alargado país sudamericano desde el fin de la dictadura que gobernó entre 1973 y 1990, tras un cruento golpe de Estado.
Kast, quien logró alcanzar la presidencia tras otras dos elecciones fallidas, triunfó prometiendo poner fin al crimen organizado, la expulsión de los migrantes ilegales, mayoritariamente venezolanos, y la recuperación de la economía con una política pro empresarial.
Sus propuestas generan preocupación entre las organizaciones sociales, como comprobó IPS con dirigentes de sectores sindicales, de migrantes, de mujeres y de educadores.
El sindicalismo teme la precarización
Juan Manuel Díaz preside la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, que reúne a 780.000 afiliados de los 1,3 millones sindicalizados en este país de 18,4 millones de habitantes y diez millones de población activa.
Respetamos los procesos democráticos, dijo Díaz a IPS, quien sostuvo que «nuestro rol es avanzar y defender derechos conquistados», y que Kast anticipó en la campaña electoral que entre sus objetivos está flexibilizar el mercado laboral, cuando «el mercado laboral chileno es ya muy flexible».
El dirigente pone en duda que Kast sostenga la ley vigente desde abril de 2024, que reduce gradualmente la jornada laboral, desde las actuales 44 horas, a 42 este año 2026 y 40 en 2028.
Según Díaz, Kast dio una señal muy clara cuando apenas resultó electo viajó a Argentina junto a líderes empresariales para reunirse con el presidente Javier Milei, también ultraderechista.
«Coincide con la reforma que impulsa Milei para modificar las relaciones laborales, cambiar el rol de los sindicatos y permitir hasta el trueque para pagar los salarios», aseveró.
Añadió que «la gente tiene miedo a quedar cesante porque su endeudamiento va creciendo. Y por eso acepta trabajar en cualquier cosa, pero a costa de derechos y beneficios y en condiciones casi infra humanas».
Y aportó datos, al afirmar que el trabajo en Chile se ha precarizado por la subcontratación: «En 2010 en Codelco había 15.700 trabajadores de planta y 32.000 externos. Hoy quedan 5000 de planta», en referencia a la estatal Corporación Nacional del Cobre, más conocida por su acrónimo Codelco, responsable de la explotación del mineral, el principal producto de exportación del país.
Algo similar ocurre en la administración del Estado y de los municipios, en un país donde el gobierno central contaba en marzo de 2025 con 507.790 empleados, de los que 80 por ciento deberían ser trabajadores permanentes y solo 20 por eventuales, pero «Hhoy está al revés», afirmó.
Respecto a los derechos de la mujer, Kast anticipó en sus campañas electorales el fin del Ministerio de la Mujer y el término del derecho de aborto terapéutico, solo permitido bajo tres causales, entre otras medidas para reducir derechos de género y otras conquistas de la sociedad.
En la campaña de 2025, Kast evitó estas definiciones para concentrarse en temas de seguridad nacional, con la promesa de terminar con la violencia de bandas criminales, en un país con cifras delictivas moderadas, expulsar a miles de inmigrantes, reducir el Estado terminando con los operadores políticos y bajar impuestos a las empresas.
Eduardo Cardoza, secretario del Movimiento de Acción Migrante, cree que la migración se utilizó políticamente en la campaña recordando que Kast prometió contenerla, imponer restricciones y expulsar a los que están en situación irregular.
«Este relato está alejado de toda evidencia y niega los aportes que la migración entrega incluso en condiciones de irregularidad», sostiene Cardoza.
El Banco Mundial y la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal) coincidieron en que la migración aporta 10,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) chileno.
«Contribuye al desarrollo y no le cuesta un peso a la sociedad. Están aportando, pero en condiciones de vida cada vez peores. Desde el 2018 creció la pobreza multidimensional de los migrantes», explicó Cardoza.
Mujeres sin expectativas, solo temor
Rosa Yáñez, directora del Movimiento pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH), dijo a IPS que con Kast las mujeres no tienen expectativas de mejorar su situación y sus derechos.
Este Movimiento fue creado hace noventa años para promover el voto de las mujeres, lo que se logró en 1949.
«La esperanza que tenemos las mujeres organizadas con el próximo gobierno es nada», comentó la dirigente en el marco de una asamblea de la organización, que el 10 de enero 2026 debatió cómo actuar ante el gobierno de Kast.
«Estamos preocupadas y debatimos qué hacer, porque en la casa no nos vamos a quedar. Impulsaremos acciones cuando veamos amenazados algunos derechos», explicó a IPS.
Como demandas urgentes mencionó «la necesidad que las mujeres tengan mejores planes para enfrentar la vejez. No solamente con pensiones sino con atención integral de salud», porque el candidato hoy electo «dijo que la familia debiera hacerse cargo».
Y sobre el derecho al aborto dijo que «parece que lo primero que hará el próximo gobierno es quitar la causal por violación para permitir el aborto».
Kast anticipó que recortará en sus primeros dieciocho meses en el poder 6000 millones de dólares del presupuesto y las organizaciones temen que esto signifique reducir planes sociales.
«Las mujeres seremos perjudicadas porque ellos son partidarios que volvamos a nuestras casas, a criar y a lo doméstico porque no nos corresponde estar en el trabajo», sostiene la directora del MEMCH.
Relevar la educación pública
Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, dijo a IPS que los maestros están expectantes ante el gobierno de Kast, aunque no les corresponde definirse como opositores o partidarios.
«Hay preocupación, sobre todo con políticas educacionales que signifiquen retrocesos, pérdida de derechos», admitió en dialogo con IPS, porque «durante décadas las políticas han defendido la educación privada favoreciendo el negocio educativo. Para nosotros el Estado tiene una gran deuda con la educación», aseveró.
Y agregó que «más de 25 por ciento de los profesores jóvenes deserta antes del quinto año del ejercicio profesional y prefieren trabajar en otra actividad donde obtienen mejores salarios».
Panorama social
En Chile se vivió un momento de revolución social en 2019, con multitudinarias protestas en contra de las bajas pensiones, del contubernio empresarial para subir precios a productos de consumo básico y otras demandas para profundizar la democracia.
Durante la gestión de Gabriel Boric no se logró aprobar una nueva constitución por un doble rechazo plebiscitario, primero a un proyecto elaborada por constituyentes de izquierda y luego a una propuesta derechista encabezada por constituyentes del Partido Republicano, creado por Kast.
El fracaso de ambos procesos hace anticipar que las tensiones sociales acumuladas acentuarán las movilizaciones populares si el gobierno de Kast concreta retrocesos en los derechos alcanzados durante el ciclo democrático iniciado en 1990.
