Líderes del gobierno y de la oposición de Venezuela protagonizaron un debate, inédito en lo que va de siglo y transmitido en cadena de radio y televisión, como primer paso para buscar entendimientos sobre la crisis económica, social y política marcada por más de dos meses de manifestaciones, informa Humberto Márquez (IPS) desde Caracas.
Las protestas y su represión costaron hasta ahora 41 muertos, incluidos siete uniformados, 600 heridos, 2.300 detenidos –un centenar aún entre rejas– y 70 casos denunciados de torturas. También dejaron acusaciones de parcialidad de instituciones como la Fuerza Armada, el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría del Pueblo.
Los cancilleres Luiz Figueiredo, de Brasil, María Ángela Holguín, de Colombia, y Ricardo Patiño, de Ecuador, y el nuncio apostólico del Vaticano, Aldo Giordano, fueron testigos la noche del jueves 10 de seis horas de pronunciamientos de una y otra parte, en un acto en el que el presidente Nicolás Maduro actuó como director y anfitrión.
El presidente llamó a «reconocernos y rechazar las presiones de quienes quieren imponer la vía extrema, la violencia», y pidió a sus adversarios «no pacto o negociación, solo voluntad de paz. Queremos un modelo de convivencia, de tolerancia».
Al encuentro en el palacio presidencial de Miraflores, con Maduro y sus principales colaboradores civiles, acudieron los dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), una coalición multicolor de partidos opositores, desde la derecha a la izquierda exguerrillera.
Del encuentro se desligaron los principales convocantes políticos de las protestas, uno de los cuales, Leopoldo López, está encarcelado y sometido a juicio.
Los estudiantes universitarios, que han iniciado y protagonizado las manifestaciones en la capital y decenas de ciudades del país, no participaron en la reunión y su principal dirigente, Juan Requesens, de la caraqueña y pública Universidad Central, advirtió que «continuaremos la protesta pacífica, pues hay muchas razones para protestar».
«La incertidumbre y el escepticismo que rodeaban este primer encuentro se mantendrán mientras se espera que el gobierno, sobre todo, entregue señales concretas de cambio en sus medidas y políticas», dijo a IPS el docente de posgrado en ciencias políticas Carlos Romero.
Las protestas comenzaron el 4 de febrero en la suroccidental ciudad de San Cristóbal y llegaron a Caracas el 12 de ese mes, impulsadas por universitarios que denunciaban la delincuencia que acecha sus campus.
Prosperaron con la convocatoria de opositores radicales a «la salida» de Maduro, y se propagaron en forma de marchas y barricadas repelidas por fuerzas militares y policiales y por grupos civiles irregulares vinculados al gobierno.
Un telón de fondo económico anima el descontento de sectores de clase media y bajos recursos que acompañan a los estudiantes, por una inflación de casi 60 por ciento anual, escasez de alimentos y otros bienes de primera necesidad, además de extenuantes filas diarias de consumidores para adquirir artículos que se expenden bajo racionamiento.
También avivan las protestas la criminalidad, con más de 24.000 homicidios durante 2013, y el mal funcionamiento de servicios como electricidad, agua y hospitales públicos, sobre todo fuera de Caracas.
El jueves 10, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indicó en un informe preliminar que Venezuela se convirtió en el segundo país más violento del mundo, con 53,7 homicidios intencionales cada 100.000 habitantes.
Maduro, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y mandos de la Fuerza Armada sostienen que lograron detener un plan, con respaldo de Washington, para subvertir el orden constitucional y derrocar al gobierno, en el marco de las manifestaciones.
El presidente ganó las elecciones del 14 de abril de 2013, tras la muerte el 5 de marzo de Hugo Chávez, que gobernó el país desde 1999.
Con un efecto de bola de nieve, las primeras razones para protestar dieron paso a otras, como la demanda de que se investiguen muertes junto a las barricadas, la mayoría de ellas a balazos, de que se castigue a los responsables de violaciones de derechos humanos y de que se libere a los detenidos.
Entre ellos se encuentran López y dos alcaldes opositores, de San Cristóbal y de una ciudad del central estado de Carabobo, a los que el Tribunal Supremo de Justicia destituyó en un juicio considerado sumario e impuso un año de cárcel, por desatender su orden de eliminar las barricadas erigidas por manifestantes en sus municipios.
La liberación y la reposición en el cargo de los alcaldes fueron parte de los planteamientos de la oposición durante el encuentro que terminó entrado este viernes 11.
Además, se reclama el desarme de los grupos de choque de civiles armados.
Con ese telón de fondo, los políticos del gobierno y de la MUD se enrostraron sus contrapuestas visiones del país, la economía y la democracia, con una letanía de quejas sobre la conducta de los contrarios durante los últimos 15 años.
«Las perspectivas de acuerdo sobre las cuestiones de fondo todavía son escasas, por las visiones tan confrontadas, al cabo de una primera reunión que más que diálogo o negociación pareció una terapia de grupo», comentó a IPS otro docente de ciencias políticas, José Vicente Carrasquero.
El canciller ecuatoriano Patiño señaló que, «a pesar de las dificultades para el encuentro, resultó positivo, era necesaria una catarsis, que se vieran cara a cara».
El coordinador de la MUD, Ramón Aveledo, político de ideología democristiana, propuso fechas para próximos encuentros, comenzando con uno entre el gobierno y los estudiantes.
La MUD insistió en sus propuestas de respeto a las pautas de la Constitución de 1999, la separación de los poderes públicos, la adopción de medidas contra la inseguridad y la promulgación de una ley de amnistía.
Esa ley, para la que el grupo opositor llevó un proyecto a la reunión, liberaría a los castigados por las actuales protestas y quienes purgan largas condenas por su implicación en la violencia que detonó un breve golpe de Estado contra Chávez, del que este jueves se cumplen 12 años.
Maduro designó una comisión gubernamental que evaluará los temas y los próximos encuentros. Uno de ellos, el canciller Elías Jaua, advirtió que «el presidente ganó el mandato del pueblo y no puede hacer lo que pretende la MUD como gobierno».
En la reunión participó también el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, quien fue el contrincante de Maduro en los comicios de hace un año, y que lidera a la oposición moderada. «O esto cambia, o esto revienta», sentenció al concluir sus palabras.
