El ex secretario general del Partido Popular (PP) en Valencia, Ricardo Costa, ha declarado hoy, 24 de enero de 2018, en la Audiencia Nacional que la financiación ilegal de su partido era una actividad dirigida desde la cúpula en la que él participó siguiendo instrucciones: ”lo supe, no lo impedí, omití mi obligación de denunciarlo y estoy dispuesto a asumir las consecuencias».
Ricardo Costa ha especificado claramente que en el PP, los modelos de financiación, inicialmente, eran dos: “subvención electoral”, que es completamente legal, y mediante “dinero negro” que era aportado en efectivo por los empresarios que posteriormente obtenían en concursos públicos la explotación de servicios públicos y la ejecución de obras públicas en la Comunidad Valenciana.
Posteriormente ha explicado que el entonces presidente del Partido Popular de Comunicad Valenciana (PPCV), Francisco Camps, propuso y efectuó un tercer sistema “basado en la emisión de facturas por servicios no prestados a través de la empresa Orange Market”, propiedad del también implicado Francisco Correa. Dichas facturas las debían pagar los empresarios adjudicatarios a Orange Market. Costa se opuso radicalmente a este sistema, hasta el punto de viajar a Madrid, y mantener una reunión ex profeso con Luis Bárcenas, gerente nacional del PP en aquel momento, para exponerle esta situación, algo que el entonces gerente le indicó que era una “práctica prohibida en el PP” y calificó como “Filesa II”.
Un sistema de financiación ilegal instaurado
Igualmente, quien fuese Vicesecretario y Secretario General del PPCV, ha puesto diferentes ejemplos de la mecánica de financiación ilegal ordenada por Camps y respaldada por Adela Pedrosa (actualmente secretaria 2ª de la Mesa del Senado), Víctor Campos, Vicente Rambla y Juan Cotino, entre otros.
Costa ha relatado distintos hechos con los que ha arrojado luz sobre los datos que se están investigando: se ha remontado a julio de 2007, cuando recibió una llamada del vicepresidente primero del Gobierno, Vicente Rambla, en la que le dice que ya ha hablado con Álvaro Pérez y que éste le ha indicado que tiene que hacer varias facturas a diferentes empresas para pagar una parte de la campaña, concretamente a Hormigones Martínez y Padelsa. Ricardo Costa, por su parte, le respondió personalmente que no quería saber nada de las facturas. Por otro lado, Rambla le indicó que alguien debía recoger unas cantidades en efectivo, y durante el mes de agosto de ese mismo año, David Serra y otra persona se encargaron de recoger ese dinero de varias empresas:”El mecanismo de las facturas ya se había iniciado. Yo acepté a mandar a gente a recoger el dinero, David Serra y una segunda persona”. Las empresas eran Secopsa (15.000 euros), Enrique Ortiz (350.000 euros) y Rover Alcisa (150.000 euros). Ese dinero se le hace entrega a la gerente, Cristina Ibáñez, quien dependía directamente del Gerente Nacional, quien lo cuenta con otra persona presente («No queríamos pensar que nadie de la sede cogía un solo euro”) y que posteriormente es entregado a Pablo Crespo. Esto no ocurrió una sola vez, y fue de este modo como se liquidó, por parte del PPCV, la deuda contraída por los servicios prestados para la realización de la campaña.
Elecciones municipales y generales
Respecto a las elecciones municipales, el imputado ha explicado que el PP de la Comunidad Valenciana no participa ni en la organización de los actos ni en los pagos, tal y como se refleja en los estatutos del propio Partido Popular. Los pagos se organizan y ejecutan por las direcciones provinciales. Sin embargo, Ricardo Costa ha manifestado tener constancia de que varios actos relativos a las elecciones municipales de 2007 se pagaron con aportaciones y facturas a empresarios, especificando que“La campaña municipal que se hizo en Elda a Adela Pedrosa: la Secretaria General en aquel momento me citó a una comida en Elda, donde estaba su jefe de campaña y Álvaro Pérez, y la señora Pedrosa me pidió que el PPCV pagara su campaña municipal. Yo le contesté que mis instrucciones a Pérez sobre las campañas las pagaban los candidatos municipales, y que si ella quería que se lo pagará el PP, tenía que hablar com Víctor Campos”.
En cuanto a las elecciones generales de 2008, Costa alude que la mecánica era similar a las elecciones municipales. El PP de la Comunidad valenciana no participaba en su organización ni en el pago de estos actos, ha explicado, ahora bien, en los actos de las municipales de 2007 y en las generales de 2008 en los que participó Mariano Rajoy, presidente nacional del partido, y que fueron organizados y pagados por el PP Nacional, sí hubo pagos en efectivo adicionales abonados por el PPCV para cubrir gastos extras indicados por Francisco Camps.
Ricardo Costa ha indicado que los sobornos, para Álvaro Pérez eran una práctica habitual en las relaciones comerciales, y éste «estaba extrañado de que no le hacíamos ninguna petición a Orange Market a cambio de darles trabajo”.
Por otra parte, Costa ha incidido en que él no era responsable de la financiación ilegal del PP «Serra, Ibáñez y yo no firmábamos un talón sin comprobar que el concepto era verídico”.
Ricardo Costa ha sido contundente en su comparecencia ante el Juez Vázquez Honrubia y ha asegurado que la decisión de colaborar con la justicia no se ha visto en ningún momento afectada ni en su contenido ni en su forma con lo acontecido en este juicio hasta la fecha, sino que es fruto de su convicción y reflexión durante estos años. Por esta razón, ha sido explícito en “manifestar mi arrepentimiento y pedir disculpas a la sociedad española y valenciana, y a mi familia”.
Según su declaración, sólo desea “colaborar con la justicia”, porque considera que cometió errores por falta de denuncia y se arrepiente de no haber actuado como hubiera debido. En ningún momento ha estado con la “soga al cuello”, ya que toda su declaración es deseada y fruto de un proceso de reflexión meditado en aras de la transparencia que merece la sociedad española.
