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Jueces españoles piden regular la carga de trabajo profesional

Las asociaciones más representativas de los jueces que ejercen en España han presentado una demanda de conflicto colectivo para la supresión del denominado “Mapa Judicial de Riesgos y sistema de alertas” y que se proceda a la regulación de la carga de trabajo de jueces y magistrados a efectos de salud laboral conforme a un criterio de dedicación o rendimiento. 

La Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de Junio de 1989, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, se aplica también a la función pública, y, en el ámbito del personal judicial, a juezas y jueces, que, de acuerdo con el art. 317 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, tiene derecho a la regulación de las cargas de trabajo

Las asociaciones judiciales se sienten legitimadas “para obligar al Consejo General del Poder Judicial, único competente al efecto, a fijar de una vez por todas unos módulos adecuados a la complejidad y necesidades de la sociedad a la que servimos, compatible con el derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar”.

Explican haber recurrido a un conflicto colectivo porque a fecha de hoy todavía no existe en el ámbito judicial regulación de la carga de trabajo a efectos de salud laboral y “los criterios que de manera unilateral y provisional pretende emplear el Consejo General del Poder Judicial son completamente ineficaces a los efectos de proteger la salud de los miembros de la carrera judicial, pese a que el Plan de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial 2015-2016 prevé dicha obligación”.

Argumentan que desde el año 2014 llevan reclamando al Consejo que proceda a cumplir sus obligaciones con una regulación de la carga de trabajo que sustituya los módulos anulados en el 2006: “Lo hemos hechos en negociación con el Consejo, directamente o a través de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, sin que hasta la fecha no hayamos conseguido más que la implantación de un ‘sistema de alertas’, impropio de un plan de prevención de riesgos y de fijación de cargas de trabajo”.

Las asociaciones que han promovido este conflicto colectivo son la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.

 

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