Los bajos salarios estatales en Cuba ante el elevado costo de la vida llevan a muchas personas a optar por empleos en el sector privado o mantenerse en el ámbito informal, en detrimento de su realización profesional o ver mermados derechos, informa Luis Brizuela (IPS) desde La Habana.
Se trata de un fenómeno reforzado con la profundización de la crisis económica en la isla, el aumento de la inflación y la irrupción en los últimos años de los llamados nuevos actores económicos, dígase trabajadores autónomos, cooperativas no agropecuarias y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
«A mi juicio existen pocos incentivos para permanecer en trabajos estatales cuando los salarios no alcanzan ni para las necesidades básicas», comentó Raciel, de 35 años, un profesor que al cabo de diez años dejó a un lado su profesión y asumió la de camarero en un restaurante privado del Centro Histórico de La Habana.
Raciel solicitó a IPS omitir su apellido, al igual que el resto de las personas que brindaron testimonio para este reportaje.
«Todo el dinero se me iba en comida y transporte. Si ahorraba para un par de zapatos, debía olvidarme de salir a algún lugar bonito con mi novia. Ahora gano seis o siete veces más, y con menos exigencias», agregó el joven.
Yunia, una contadora de 38 años, opinó que «mientras un salario de 4800 pesos se vaya en una bolsa (de un kilogramo) de leche en polvo, un litro de aceite y dos kilogramos y medio de carne de pollo, será difícil convencer a alguien de que trabajando así podrá triunfar en la vida».
Aseguró que sus ingresos «mejoraron mucho», cuando además de su trabajo estatal, comenzó a llevar los libros de cuentas de sendas mipymes en la capital cubana, hace par de años.
Durante el primer semestre de 2023 el salario medio mensual de las empresas del Estado se ubicó en 4856 pesos cubanos, equivalente a unos 40 dólares según la tasa oficial de un dólar por 120 pesos cubanos.
Tal monto se torna en unos quince dólares según el cambio en el mercado informal de divisas el cual sirve de referencia para la formación de precios de una significativa cantidad de productos, bienes y servicios a los cuales acceden las familias en busca de satisfacer necesidades básicas.
La Constitución, vigente desde 2019, cataloga la empresa estatal como el sujeto principal de la economía.
El propio texto puntualiza que toda persona en condición de trabajar tiene derecho a obtener un empleo digno, mientras la ley No. 116 del Código de Trabajo de 2013, refiere que el trabajo «es un derecho y un deber social del ciudadano y los ingresos que por él se obtienen son la vía fundamental para contribuir al desarrollo de la sociedad y a la satisfacción de sus necesidades personales y familiares».
Algunas medidas proempleo
Desde 2010, diversas medidas gubernamentales han favorecido la expansión del sector cooperativo y privado con el propósito de desatar fuerzas productivas y avanzar en la actualización del modelo económico y social de orientación socialista.
Algunas decisiones como la reincorporación de personas jubiladas, el teletrabajo y el trabajo a distancia; así como el pluriempleo, son modalidades poco aprovechadas aún debido a factores como la inflexibilidad de la jornada laboral de ocho horas, desconocimiento de las normas y hasta prejuicios.
A inicios de 2021 se ampliaron a unas 2100 las actividades que puede desarrollar el sector privado y cooperativo, en correspondencia con el Clasificador Nacional de Actividades Económicas.
En septiembre de ese año llegó la autorización para crear mipymes, que ya suman casi once mil. A juicio de economistas, tal posibilidad abrió puertas a la iniciativa autónoma de más calificación y especialización, con posibilidades de concretar encadenamientos productivos y ofrecer mayor valor agregado a productos y servicios.
Quedaron vedadas al sector privado total o parcialmente 124 actividades, entre ellas, actividades de médicos y odontólogos, agencias de viajes y operadores turísticos o las relacionadas con la arquitectura, estas últimas entre las más demandadas por una parte de la ciudadanía y esos gremios de profesionales.
Alrededor de 35 por ciento del empleo del país es absorbido por las denominadas formas de gestión no estatal, que han experimentado mejoras en sus ingresos.
No obstante, el todavía abultado aparato del Estado emplea a dos tercios de los 4,5 millones de personas ocupadas, según el Anuario Estadístico 2023, con datos correspondientes a 2022.
Con una población de once millones de habitantes, Cuba dispone de siete millones de personas en edad laboral, pero solo 4.590.600 conforman la población económicamente activa.
En la isla, la edad laboral comienza a los diecisiete años; para las mujeres llega hasta los sesenta años y para los hombres hasta los 65 años.
El Anuario Estadístico 2023 muestra que, por cada cien personas en edad laboral, solo 65,6 estaban ocupadas. En el caso de las mujeres, 52,7 de cada cien se encontraban activas.
Empleos más inclusivos
«Hay muchas personas con más de sesenta años, con deseos de trabajar, pero algunos negocios ponen obstáculos. Anuncios piden muchas veces mujeres jóvenes, con ‘buena presencia física’ y hasta sin hijos», argumentó Jorge, un especialista en recursos humanos, de 66 años, residente en La Habana.
Varios instrumentos legales, incluido el Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral, vigente desde septiembre de 2023, buscan evitar y recurrir situaciones de este tipo.
A juicio de Jorge los empleadores, estatales o no, «deben tener más en cuenta a las personas quizás no tan jóvenes, pero talentosas y aún vitales, más en un país envejecido como el nuestro y con una emigración muy grande».
El envejecimiento demográfico, las bajas tasas de fecundidad y la emigración de personas jóvenes, calificadas y en edad laboral, retan las metas de desarrollo de Cuba, cuya población comenzó a decrecer.
Se estima que los últimos dos años y medio podría haber emigrado al menos cinco por ciento de la población de este país caribeño.
Para 2025 la isla tendrá una población inferior a once millones, diecisiete años después debe bajar de los diez millones y serán menos de nueve millones en 2055, según las proyecciones de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei)
Alrededor de veintitrés por ciento de la población cubana tiene sesenta años y más, y para 2025 uno de cada cuatro residentes será un adulto mayor.
Una década después este grupo poblacional representará un tercio del total y aumentará las presiones sobre la población económicamente activa, que a su vez disminuirá.
Focalizar el empleo informal
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social más de 209.000 personas se incorporaron al empleo durante 2023.
Los datos indican una tasa de desempleo de 1,6 por ciento, que internacionalmente se califica como pleno empleo.
Recientes declaraciones ponen en la mira a las personas con empleo informal quienes, insisten las autoridades, incurren en evasión del fisco y se encuentran en situación de vulnerabilidad, al no disponer de protecciones como los demás trabajadores.
El Código de Trabajo establece protecciones, mediante el Sistema de Seguridad Social, en casos de enfermedad, accidente, maternidad, invalidez y vejez; si fallece el trabajador o trabajadora esa protección la reciben sus familiares, de conformidad con la ley.
Quienes trabajan en la informalidad no están registradas oficialmente como ocupados o buscando empleo.
La Encuesta Nacional de Ocupación de 2022, publicada por la Onei el año pasado, mostró que las mujeres representan 63,7 por ciento de la población no económicamente activa (PNEA), vale decir, la población con edad laboral, pero que no estaba ocupada en empleos formales ni estaba buscando empleo.
La mayoría de este grupo corresponde a quienes hacen los quehaceres del hogar (30,7 por ciento), en el caso cubano mayoritariamente mujeres, jubilados y pensionados por edad (28,6 por ciento) y estudiantes (16,1por ciento).
Otra lectura de estos datos sugiere que las mayores reservas del mercado laboral en Cuba se encuentran en la PNEA y, dentro de esta, en la población femenina.
«No tengo vacaciones, ni derecho a una pensión cuando cumpla sesenta años. Pero estoy ganándome la vida así, y criando a mi hija y ayudando a mi mamá. Ganó más que si estuviera sentada en una oficina. Es una realidad», confesó Regla, de 47 años, quien comercializa disímiles productos de manera informal en La Habana Vieja.
Investigadores han alertado que el gobierno debe resolver la dicotomía de contar con un capital humano altamente desarrollado, y la falta de condiciones para absorberlo a plenitud y satisfacer las necesidades y expectativas de esos sectores profesionales, más allá de las salariales.
Entre las prioridades para 2024, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social proyecta fomentar trabajos más relacionados con los proyectos de desarrollo local, así como implementar el Servicio de gestión de empleo local, dirigido a fortalecer las capacidades en la generación, incorporación y capacitación para el trabajo.
Asimismo, buscan priorizar la incorporación de mujeres y jóvenes que permanecen en la población no económicamente activa.
Durante la reunión de análisis del año anterior y perspectivas, efectuado el 19 de marzo, trascendió que la entidad pondrá especial interés en la promoción de «empleos verdes», aquellos que contribuyan a la protección de los recursos naturales y el medioambiente, al enfrentamiento al cambio climático, la protección de la diversidad biológica y mayor calidad ambiental.
