«Hace más de cinco años tuve un jefe que me acosaba y me pedía tener sexo. Como no acepté, empezó a sobrecargarme con trabajo o no me autorizaba para algunas gestiones cuando lo necesitaba. Pedí la baja, porque esa situación me estaba afectando psicológicamente», refirió Beatriz, una comunicadora residente en La Habana.
Esta joven pidió a IPS mantener en reserva su apellido, al igual que algunas personas más que brindaron testimonio para este reportaje.
Ofelia, una contadora en la oriental ciudad de Holguín, afirmó a IPS que «muchas personas en cargos directivos, sobre todo hombres, se sienten intocables, y empiezan a ponerle zancadillas a sus subordinados para que abandonen sus puestos y colocar a sus socios».
En su caso, indicó, el problema no fue de tipo sexual, «expuse malas decisiones de mi superior y me gané un enemigo. Me hacía la vida imposible, y lo peor, con el conocimiento de otros directivos del centro».
«La pelea fue dura, no me botaron porque mi trabajo era intachable. Finalmente, cambiaron al jefe, aunque no por mis reclamaciones», rememoró.
El acoso es una de las múltiples formas de expresión de la violencia basada en género, y aunque las víctimas suelen ser mujeres y personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (Lgbtiq+), los hombres también pueden verse afectados.
«A veces quien te dirige tiene menos conocimientos y se siente en desventaja. Lo viví con un director que me echaba en cara que ambos ganábamos casi lo mismo, que yo tuviera una maestría, diplomados y resultados de trabajo. Veía en mí una amenaza para mantener el cargo», confió Roiniel, un ingeniero eléctrico en La Habana.
«No me informaba de ciertas tareas, para hacer ver que yo era irresponsable e incumplidor. Otras veces se guardaba posibles cursos o eventos, o no me autorizaba a asistir a estos, porque decía que no era de interés de la empresa», agregó en su diálogo con IPS.
Las asimetrías en las relaciones laborales pueden, de hecho, reforzar desigualdades de poder y propiciar comportamientos nocivos. A ello se suma la preeminencia de una cultura patriarcal, machista y homofóbica que normaliza ciertos tipos de acoso.
Promover ambientes laborales seguros
Para prevenir y afrontar este tipo de situaciones se implementa en Cuba el Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral, que vio la luz en forma de decreto del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, en septiembre de 2023.
La herramienta legal, aplicable tanto a empleadores estatales y privados, tiene como objetivo la identificación, prevención y control; la capacitación de trabajadores y empleadores; así como la asistencia a los afectados por estas situaciones.
Busca promover ambientes laborales seguros; además de fomentar condiciones de armonía y equidad mediante la tolerancia cero frente a expresiones discriminatorias y violentas por motivos de género, orientación sexual, identidad de género, color de la piel, entre otros.
Durante una conferencia de prensa en La Habana, el 27 de marzo, el director general de empleo del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Ariel Fonseca, precisó que diagnósticos ministeriales y de instituciones de educación superior corroboraron sesgos hacia aspirantes a empleo y convocatorias laborales relacionados con la edad, características físicas y reclamos no relacionados con capacidades profesionales y laborales.
No obstante, el funcionario no aportó datos sobre la prevalencia y posibles denuncias durante los seis meses de aplicado el decreto.
En años recientes anuncios de negocios privados han requerido mujeres jóvenes, sin hijos, con «buena presencia física», inclusive algunos han solicitado de manera explícita personas blancas, lo cual suscitó críticas ciudadanas y reflexiones de intelectuales.
«No lo dicen abiertamente, pero si peinas canas dejas de ser ‘atractiva’ para algunos empleos. El año pasado fui a un mercado de alimentos privado donde, decía un cartel, necesitaban vendedoras», explicó Raysa Carballo, una maestra jubilada en La Habana.
Al dialogar con IPS, Carballo enfatizó que «dispongo de tiempo libre, practico taichí, sé expresarme y tratar con personas, y estoy bastante saludable; sin embargo, el dueño, con mucha amabilidad, no me contrató. Quizás es porque yo desentonaría con las jóvenes muy vistosas que trabajan allí».
La norma contempla el tratamiento y la aplicación de la medida que corresponda a quienes incurran en violaciones contra la integridad física o psicológica hacia otras personas en el ámbito laboral, con el propósito de lograr una adecuada coordinación de agentes e instituciones implicados en su prevención y atención.
«Es bueno un mecanismo así. En mi vida laboral he recibido burlas por ser gay. Muchos trabajadores a veces se sienten indefensos porque, aunque saben que hay normas como la Constitución, no saben de procedimientos para denunciar un maltrato o les da miedo perder el trabajo si lo hacen», argumentó a IPS el torcedor de tabacos Yankiel Mederos, desde la localidad de Santa Cruz del Norte, al este de La Habana.
Marco legal
En el último lustro, políticas públicas en este país insular del Caribe de once millones de habitantes ampliaron el marco legal para amparar derechos, a partir de la aprobación de la Constitución en 2019.
Además de reconocer la dignidad humana como valor supremo para el reconocimiento y ejercicio de los derechos, y defender los principios de igualdad y no discriminación, el texto constitucional encarga al Estado proteger a las mujeres de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios.
En marzo de 2021 entró en vigor el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), principal política pública del estado para el desarrollo de otras políticas a favor de la equidad de género y que, entre varios objetivos, propone exigir, atender, dar seguimiento y enfrentar, de manera integrada y sistemática, las manifestaciones violentas o discriminatorias en todos los ámbitos de la sociedad.
El Programa nacional contra el racismo y la discriminación racial, conocido como Color cubano, se aprobó en noviembre de 2021 como una política pública de superación de desventajas asociadas al color de la piel.
Desde 2023, una investigación entre varios ministerios y entidades busca diagnosticar las brechas asociadas al color de la piel en el sector no estatal en Cuba, además de trabajar en el establecimiento de indicadores que permitan determinar dónde hay discriminación racial y qué hacer para evitarla.
El Código de las Familias y el Código Penal, vigentes desde 2022, reforzaron las acciones contra la violencia machista, además de nuevas leyes que incluyen la transversalidad en el enfoque de género.
Desmontar estereotipos
Las experiencias de varios países con instrumentos jurídicos contra el acoso, la violencia basada en género y la discriminación confirman que son herramientas fundamentales, pero no suficientes.
El 25 de marzo, el medio independiente El Estornudo publicó una investigación que expuso casos de abusos sexuales, acoso y revictimización durante la última década en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, 35 kilómetros al sur de La Habana.
En un comunicado el día 28, la institución subrayó que además de implementar un «Protocolo de Convivencia de Paz» y una «Oficina de Bienestar», entre otras acciones, «trabaja desde la prevención» y que «los casos atendidos desde entonces han sido llevados de manera rápida y efectiva, y con los infractores se han tomado medidas disciplinarias, administrativas y penales».
En 2022, un informe del departamento de Medios de Comunicación, Entretenimiento y Artes de UNI Global y la Federación Internacional de Actores evidenció la arraigada y perjudicial cultura del sexismo, la discriminación, la violencia y el acoso en los sectores audiovisual y de las artes escénicas en América Latina.
Casi 90 por ciento de los encuestados manifestó haber experimentado situaciones de violencia o acoso en sus lugares de trabajo, en específico, 95 por ciento para los trabajadores trans o no binarios, 87 por ciento para las mujeres y 70 por ciento para los hombres.
Activistas, intelectuales y organizaciones civiles subrayan la urgencia de desmontar estereotipos e imaginarios culturales discriminatorios, así como cerrar brechas de desigualdad económicas, laborales y sociales que suelen afectar con mayor énfasis a mujeres y personas Lgbtiq+.
En el caso cubano, insisten en reforzar el componente educativo, para lo cual exhortan a aplicar el Programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos para el sistema escolar, aplazado desde septiembre de 2021.
«Un desafío de esta y tantas normas legales en Cuba es que no terminen engavetadas, que ante una denuncia la escuchen, haya empatía, no revictimicen y sobre los acosadores y violentos caiga el peso de la ley.
También debe valorarse la indemnización al trabajador por el daño moral, psicológico o psíquico», dijo a IPS la estudiante de psicología Karla Rojas desde la central ciudad de Santa Clara.
