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Presión para que España libere al periodista Hamza Yalçin

La Federación Internacional y Europea de Periodistas (FIP y EFJ), junto con sus afiliadas en España y Suecia, han condenado enérgicamente la detención del periodista sueco-turco Hamza Yalçin por parte de las autoridades españolas. La detención se produjo la semana pasada en Barcelona tras una orden internacional emitida por Turquía a través de Interpol sobre supuestas tramas terroristas.

Hamza Yalçin
Hamza Yalçin

La FIP / EFJ pide a las autoridades españolas que no entreguen a Hamza Yalçin a las autoridades turcas, ya que la seguridad del periodista y la independencia judicial de un juicio no estarían garantizadas en Turquía, donde unos 160 periodistas están encarcelados.

Según la agencia turca Turkish Dogan, Turquía emitió una orden de detención en abril contra Yalçin con la acusación de insultar al presidente Erdogan en un artículo publicado en Focus, una revista turca. También está acusado de tener “vínculos terroristas” con un grupo ilegal de extrema izquierda basado en dos artículos que publicó como editor en jefe de Odak Dergisi, según los informes.

Respondiendo a la orden de detención de la Interpol, las autoridades españolas arrestaron a Hamza Yalçin en el aeropuerto El Prat de Barcelona el 3 de agosto, mientras se dirigía a Londres para ir de vacaciones. Está detenido desde el 4 de agosto a disposición de la Audiencia Nacional.

Turquía tiene ahora 40 días para presentar el expediente de acusación y hacer la petición de su extradición oficial. La decisión dependerá del Tribunal Supremo de España, aunque el gobierno de Mariano Rajoy tenga la última palabra, agregaron los informes.

Afiliada a la FIP / EFJ en Suecia, Svenska Journalistforbundet, así como en España Comisiones Obreras (CC OO) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), han emitido hoy declaraciones condenando la detención.

“Nos unimos a nuestros afiliados e instamos a la Audiencia Nacional y al gobierno de este país a que no entreguen al periodista Hamza Yalçin a las autoridades turcas”, dijo el presidente de la FIP, Philippe Leruth.

“Debido a la extrema represión contra las voces independientes por parte del gobierno de Recip Tayyip Erdogan, tememos por la seguridad y el respeto de los derechos democráticos de nuestro colega y veamos estas acusaciones de ‘terrorismo’ como otro pretexto para perseguir a la prensa libre y crítica en Turquía”, agregó.

El Ministerio sueco de Asuntos Exteriores pidió que se le permita visitar al periodista en Barcelona y también se aseguró de que tiene un abogado y está trabajando para aclarar las acusaciones, dijo la canciller sueca, Margot Wallstrom.

“Acogemos con beneplácito la participación de la Cancillería sueca que ha pedido a las autoridades españolas que manejen el proceso de acuerdo con los tratamientos humanitarios internacionales como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales”, dijo el presidente de EFJ, Mogens Blicher Bjerregård.

“Nos unimos a nuestra filial sueca para pedir a las autoridades españolas que rechacen la extradición e instan al gobierno sueco a hacer lo mismo. Nos solidarizamos con nuestros colegas turcos en Turquía y con los colegas turcos exiliados que viven en los Estados miembros de la UE. La UE y sus Estados miembros no pueden permitir que el gobierno de Recip Tayyip Erdogan apunte a los críticos, especialmente si viven en el extranjero”, sostiene la FIP.

Yalçin, de 59 años, es un doble ciudadano sueco-turco que ha vivido en el exilio en Suecia desde 1984. Es el editor en jefe de la revista Odak Dergisi, una publicación socialista que critica al gobierno turco y participa en Amnistía Internacional y PEN Organizaciones internacionales. También es miembro de la Asociación de Escritores Suecos.

El año pasado, tras el fracasado golpe de estado en julio, Erdogan y su gobernante Partido Democrático y Justicia (AKP, por sus siglas en inglés) comenzaron una represión nacional contra voces disidentes, incluyendo el cierre forzado de cientos de medios de comunicación y grupos de la sociedad civil y el encarcelamiento de alrededor de 160 periodistas.

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