Naciones Unidas ha hecho público un informe sobre Myanmar elaborado por una misión de expertos en el que concluye que la violencia sexual perpetrada por los militares birmanos fue parte de una estrategia deliberada para intimidar, aterrorizar y castigar a la población civil de las minorías étnicas del país.
La violencia física extrema y la manera abierta en que infligen la violencia sexual los soldados refleja una cultura generalizada de tolerancia de la humillación y un propósito deliberado de causar dolor o sufrimiento físico y mental a los civiles de las minorías étnicas en Myanmar, señalaron los expertos en derechos humanos integrantes de la Misión Investigadora de la ONU para ese país.
En un informe, la Misión describió las tácticas brutales empleadas en los estados de Kachin y Shan y destacó las “operaciones de limpieza” de 2017 que obligaron a 700 000 rohinyás a huir a Bangladesh, subrayando que las atrocidades registradas en el estado de Rakhine son un indicador de los intentos genocidas del ejército contra esa minoría.
La Misión halló que los soldados practicaron rutinaria y sistemáticamente violaciones, algunas de ellas masivas, y otros actos de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños, hombres y transgénero, transgrediendo de manera flagrante las leyes humanitarias internacionales.
El presidente de la Misión, Marzuki Darusman, señala que “la comunidad internacional debe pedir a los militares de Myanmar que rindan cuentas por el tremendo dolor y sufrimiento causado a personas de todos los géneros en el país”.
Darusman alerta que “Myanmar está destinado a repetir su ciclo de violencia y violaciones a los derechos humanos a menos que se ponga fin a la impunidad”.
El informe, divulgado en el segundo aniversario del inicio de las operaciones, es un recordatorio de la necesidad de que haya una rendición de cuentas. Los expertos entrevistaron a cientos de sobrevivientes y testigos de la violencia sexual en el norte del país, en Kachin y Shan, y en el occidente, en el estado de Rakhine.
Radhika Coomaraswamy, una de las integrantes de la Misión, destacó la diferencia que normalmente existe entre las denuncias de ataques y violencia sexual entre hombres y niños y personas transgénero, llamando a romper ese silencio.
La mayor parte de los asaltos estuvieron dirigidos contra mujeres y niñas e incluyeron golpizas, quemaduras con cigarrillos, apuñalamientos, violaciones y esclavitud sexual en las bases militares. La Misión documentó también casos de violación y tortura sexual a hombres y niños.
Christopher Sidoti, el otro integrante de la Misión, refirió que por primera vez se enfatiza la violencia contra las personas transgénero. “Hablamos con mujeres rohinyás transgénero y encontramos que son doblemente víctimas, una por ser rohinyás y otra por ser transgénero”, explicó.
La Misión afirmó que la conclusión que puede hacerse tras oír los relatos es que la violencia sexual perpetrada por los militares birmanos fue parte de una estrategia deliberada y bien planeada para intimidar, aterrorizar y castigar a la población civil.
La Misión Investigadora para Myanmar presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019.
Marzuki Darusman fue el fiscal general de Indonesia; Radhika Coomaraswamy trabajó como representante especial de la ONU para niños y conflictos armados y fue relatora especial sobre violencia contra mujeres y niñas; y Christopher Sidoti ocupó el cargo de comisionado de derechos humanos en Australia.
