Cuba reforzó el marco legislativo para enfrentar la violencia de género, pero falta implementarlo en forma concreta, acciones complementarias para cerrar brechas y cambios socioculturales que eliminen las condiciones que propician el acoso sexual y las agresiones, informa Luis Brizuela (IPS) desde La Habana.
La Encuesta Nacional de Género de 2016, cuyos resultados fueron publicados en 2019, arrojó que 39,6 por ciento de las mujeres cubanas de quince a 74 años han sufrido alguna forma de violencia en algún momento de su vida.
En contraste, solo 3,7 por ciento de las víctimas en relaciones de pareja ha acudido a alguna institución o servicio a pedir ayuda.
Apenas 10,5 por ciento de las personas encuestadas identificó la violencia como un problema para las mujeres, y fueron las residentes en las cinco provincias del este de Cuba quienes más lo señalaron así, en comparación con las de las restantes regiones.
Si bien este país insular del Caribe de once millones de habitantes carece de una ley específica sobre violencia de género, un reclamo de numerosas feministas, en los últimos años sí se adoptaron importantes políticas al respecto.
La Constitución vigente desde abril de 2019 establece la igualdad de derechos y responsabilidades de hombres y mujeres, y encarga al Estado protegerlas de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios.
En marzo de 2021 entró en vigor el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), principal política pública del Estado cubano para el desarrollo de otras políticas a favor de la equidad de género.
En diciembre de ese mismo año se publicó la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar, con carácter vinculante para ministerios e instituciones involucradas.
Ya en 2022, en septiembre, entró en vigor el Código de las Familias y dos meses después el nuevo Código Penal, que reforzaron las acciones contra la violencia machista, además de nuevas leyes que transversalizan el enfoque de género.
«Las violencias basadas en género y sexualidad son un problema multidimensional, multicausal y transversal; las acciones para frenarla paulatinamente también deben seguir esas líneas», explicó a IPS la abogada cubana Alina Herrera.
En América Latina y el Caribe, países como Brasil, México y Argentina cuentan con importantes instrumentos jurídicos dirigidos a eliminar la violencia de género o darle un tratamiento especializado. Sin embargo, los índices de violencia por razones de género no disminuyen a corto plazo.
Para tal transformación, insisten analistas, además de desmontar estereotipos e imaginarios culturales discriminatorios, urge cerrar brechas de desigualdades económicas, laborales y sociales de las mujeres y personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer (Lgbtiq+).
Incorporar otras herramientas
A juicio de Herrera, si bien las leyes son imprescindibles para consolidar políticas, son necesarias otras herramientas dirigidas a la prevención, como las medidas de emergencia, educativas e institucionales, entre otras.
«Entre las emergenciales se encuentran las casas de acogida o refugios; las líneas telefónicas de auxilio o de emergencia de violencias de género de forma exclusiva; la policía especializada en género y sexualidad; los botones de pánico», detalló la también activista feminista y antirracista residente en México.
Agregó que «se trata de habilitar todas las opciones posibles para salvar una vida en peligro inminente o en peligro potencial. Ninguna de esas tiene Cuba. A pesar de que el PAM supera los dos años de aprobado».
Incluso, abundó la investigadora, acciones educativas como el Programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos para el sistema escolar, aplazado desde septiembre de 2021, «hace falta que con urgencia se restablezca. Los productos televisivos esporádicos son importantes, pero no suficientes para el ámbito educacional y cultural».
Observatorio
El 8 de junio se presentó el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género que, responde a una de las necesidades planteadas en el PAM de utilizar correctamente el enfoque de género en la construcción de indicadores y captación de estadísticas, así como hacer análisis integrales, cuantitativos y cualitativos, en materia de igualdad, que contribuyan a la adopción de políticas públicas.
Esta «herramienta imprescindible», valoró Herrera sobre el nuevo instrumento de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei), tiene el mérito «de agrupar varias dimensiones de las desigualdades de género… Proyecta una dimensión estructural de la violencia y eso es importante».
Otro acierto, opinó, «ha sido visibilizar variables imbricadas al género como la condición racial o color de la piel, y el territorio. Sin embargo, queda una gran omisión para las identidades de género y las orientaciones sexuales no heteronormativas».
La publicación del Observatorio ocurrió después que en mayo el Tribunal Supremo Popular anunció la confirmación de las sanciones de privación perpetua de libertad contra dos hombres que asesinaron a igual cantidad de mujeres.
Se trató de la primera ocasión, al menos de conocimiento público, en que se aplicó el artículo 345 del nuevo Código Penal que establece sanciones de veinte a treinta años, privación perpetua de libertad o muerte, a quien prive de la vida a una mujer como consecuencia de la violencia de género.
Ante la ausencia de estadísticas oficiales continuas sobre muertes de mujeres por razón de género, el Observatorio de Género de la plataforma independiente Alas Tensas, en alianza con otras plataformas civiles no reconocidas por el gobierno, publican desde hace tres años su Informe Anual sobre Feminicidios en Cuba.
Creado en 2019, y con el apoyo de una red de observadoras de todo el país encargada de confirmar la información con diversas fuentes, incluida la familia y amistades de las víctimas, ese observatorio verificó catorce casos en 2019, 32 en 2020, 36 en 2021 y 36 en 2022, para un total de 118 en cuatro años.
Desde enero y hasta este jueves 6 de julio, esa plataforma independiente contabiliza 47 feminicidios este año. Según los procesos judiciales resueltos en los tribunales de la isla en 2022, 16 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja, informa ese observatorio.
En 2021, al menos 4473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en veintinueve países y territorios de la región, según los registros del regional Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
«Un aspecto urgente a solucionar es el cálculo de la tasa de feminicidios», alertó Herrera, quien consideró «desacertado» que la base de cálculo hayan sido solo sentencias penales dictadas para establecer esos homicidios por razón de género, que en algunos países latinoamericanos se tipifica también como femicidio.
Argumentó que el conteo de feminicidios «es un proceso de rigor que enlaza varios momentos y referencias del resultado de esos crímenes… los procesos penales hasta dictarse una sentencia pueden demorar y no adecuarse al año natural correspondiente».
En abril, el presidente Miguel Díaz-Canel enfatizó que Cuba no reconoce el término feminicidio, «porque aquí hay una voluntad expresada, una voluntad política y una manera de accionamiento a nivel social en contra de la violencia de género».
No obstante, admitió que sí existen feminicidios, mientras exhortó a construir «una cultura, una manera de hacer que nos permita prevenir y evitar que cualquier mujer pueda llegar a esa situación.
