El presidente argentino, Javier Milei, ha sido imputado por la fiscalía federal tras las denuncias de amenazas e intimidaciones contra la periodista Julia Mengolini.
Según detalla el diario La Nación, la investigación también alcanza a la diputada libertaria Lilia Lemoine y a otros dirigentes oficialistas por su participación en una campaña de hostigamiento en redes sociales.
El caso reabre el debate sobre el deterioro de la libertad de expresión en Argentina bajo el actual Gobierno.
Un proceso judicial con repercusión política
El fiscal federal Guillermo Marijuán decidió imputar a Milei tras analizar las denuncias presentadas por Julia Mengolini, periodista y fundadora de Futurock, quien aseguró haber recibido mensajes intimidatorios y amenazas luego de cuestionar públicamente al presidente.
La investigación judicial busca determinar si las expresiones difundidas por el mandatario y sus colaboradores constituyen un delito contra la libertad de prensa.
La diputada oficialista Lilia Lemoine, una de las figuras más mediáticas del espacio libertario, también fue imputada junto a otros referentes que habrían participado en el hostigamiento digital.
Julia Mengolini, una voz crítica en la comunicación argentina
Mengolini es una reconocida periodista argentina que ha denunciado de forma reiterada el clima de acoso contra comunicadores críticos con el Gobierno: «Lo que estamos viviendo es un nivel de violencia inédito: campañas organizadas que buscan intimidar y silenciar», expresó en declaraciones recogidas por la prensa argentina.
La imputación contra Milei marca un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, ya que pocas veces un presidente en ejercicio ha sido señalado formalmente por amenazas contra un periodista.
Libertad de prensa bajo amenaza
Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF) han advertido sobre un retroceso en la protección de periodistas en América Latina. En su último informe, RSF señalaba que «la violencia contra periodistas y el discurso estigmatizante de líderes políticos constituyen una amenaza directa al derecho de la sociedad a estar informada».
Desde la Fundación Gabo, se subraya que el caso de Mengolini refleja una tendencia preocupante: el uso de redes sociales como herramienta de persecución simbólica y de incitación a la violencia contra la prensa.
Diversos sectores políticos y sociales han expresado preocupación por el caso. El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) recordó que la estigmatización de periodistas por parte de autoridades estatales incrementa los riesgos de agresiones físicas y digitales.
En España, organizaciones sindicales como UGT y CCOO han mostrado su solidaridad con comunicadores latinoamericanos que sufren hostigamientos. De igual forma, plataformas de periodista han alertado sobre la creciente presión contra el periodismo crítico en contextos de polarización política.
La dimensión internacional del caso Milei
El caso de Julia Mengolini no es un hecho aislado. El Knight Center ha documentado múltiples denuncias de acoso digital contra periodistas en Argentina desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023.
La Unesco advierte a su vez que el discurso oficial agresivo puede derivar en un aumento de la violencia real contra la prensa.
Este proceso judicial no solo afectará al entorno político del presidente, sino también a la percepción internacional sobre el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho en Argentina.
La imputación contra Javier Milei por presuntas amenazas a Julia Mengolini abre un escenario complejo para el Gobierno argentino, que deberá enfrentar la presión judicial e internacional.
Más allá de las disputas políticas, el caso evidencia un problema mayor: el deterioro de la libertad de prensa y la necesidad urgente de garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo en Argentina.
