Un artículo de Antonio Vallespín en Aquí Madrid parte de un elemento cotidiano —la factura de la luz— para desplegar un análisis más amplio sobre cómo las asimetrías estructurales del mercado terminan debilitando las democracias liberales. Lejos de tratarse de un problema técnico o sectorial, el autor sostiene que el funcionamiento desigual de determinados mercados estratégicos, como el energético, genera efectos políticos profundos, erosionando la confianza ciudadana, vaciando de contenido la representación democrática y facilitando el avance de soluciones autoritarias.
Vallespín plantea que el mercado no actúa como un mecanismo neutral de asignación de recursos cuando existen posiciones dominantes, información opaca y marcos regulatorios capturados por intereses privados. En ese contexto, decisiones que afectan de manera directa a la vida cotidiana —como el precio de la electricidad— dejan de percibirse como resultado de políticas públicas deliberadas y pasan a presentarse como inevitables, técnicas o ajenas a la voluntad política. Esta despolitización del conflicto económico constituye, según el autor, uno de los principales factores de deterioro democrático.
La factura de la luz opera en el texto como ejemplo paradigmático. Su complejidad deliberada, la dificultad para comprender cómo se fija el precio final y la sensación de indefensión del consumidor reflejan un modelo en el que el ciudadano queda relegado a un papel pasivo, incapaz de identificar responsables o exigir rendición de cuentas. Cuando el impacto económico es persistente y afecta a capas amplias de la población, esta dinámica alimenta frustración, desafección y una percepción de abandono institucional.
Uno de los ejes centrales del artículo es la asimetría entre ciudadanía, Estado y grandes actores económicos. Vallespín argumenta que, en muchos casos, el Estado ha dejado de actuar como mediador o corrector de desequilibrios para convertirse en gestor de un marco que prioriza la estabilidad del mercado sobre la protección social. Esta inversión de prioridades debilita la legitimidad democrática, ya que las instituciones electas parecen incapaces de modificar realidades que afectan directamente al bienestar colectivo.
El autor subraya que esta situación no conduce automáticamente al autoritarismo, pero crea las condiciones para su aceptación social. Cuando la democracia es percibida como un sistema incapaz de ofrecer soluciones materiales, se abre espacio para discursos que prometen orden, eficacia y decisiones rápidas, aunque sea a costa de derechos y controles. En este sentido, el autoritarismo no surge como ruptura abrupta, sino como respuesta gradual a una democracia vaciada de capacidad transformadora.
Otro aspecto relevante del texto es la crítica a la externalización de responsabilidades políticas. Vallespín señala que los gobiernos tienden a escudarse en «el mercado», «Europa» o «las reglas económicas» para justificar decisiones impopulares, diluyendo así la noción de soberanía democrática. Esta narrativa contribuye a naturalizar desigualdades que son, en realidad, producto de decisiones normativas concretas.
El artículo también advierte del papel que juega el lenguaje técnico y económico en este proceso. La complejidad discursiva no solo dificulta la comprensión ciudadana, sino que opera como barrera de acceso al debate público, reforzando la idea de que ciertos asuntos no pueden ser discutidos democráticamente. De este modo, la política se vacía de contenido deliberativo y se transforma en mera administración de lo inevitable.
En su tramo final, Vallespín amplía el foco y conecta el caso del mercado eléctrico con otras áreas estratégicas, como la vivienda, la energía o los servicios básicos. En todos ellos identifica un patrón común: mercados altamente concentrados, regulación débil o capturada y un impacto directo sobre derechos fundamentales. La suma de estas dinámicas configura lo que el autor denomina «democracias fallidas», no por ausencia de elecciones, sino por la incapacidad de las instituciones para garantizar condiciones materiales mínimas de ciudadanía.
La tesis de fondo es clara: sin corrección de las asimetrías del mercado, la democracia se convierte en un cascarón formal. El autor no plantea una oposición simplista entre mercado y democracia, sino una advertencia: cuando el primero opera sin contrapesos efectivos, termina colonizando el espacio político y reduciendo la capacidad colectiva de decisión.
El artículo concluye señalando que la defensa de la democracia pasa necesariamente por reequilibrar la relación entre mercado, Estado y ciudadanía. De lo contrario, la frustración social seguirá siendo canalizada por proyectos autoritarios que prometen soluciones simples a problemas complejos, consolidando así un círculo vicioso de desafección, desigualdad y pérdida de derechos.
Acceder en:
