Se acaba de conocer que un comando no identificado entró hace unos días en el domicilio de Anabel Hernández, una de las periodistas mexicanas más amenazadas.
Según informa la revista Proceso, al menos diez personas irrumpieron el mismo día en otras tres viviendas más de la misma colonia donde vive Anabel, situada en Naucalpan, en el Estado de México, lo que podría inducir a pensar que no conocían exactamente la dirección o bien lo hicieron para despistar.
Los asaltantes entraron al domicilio de Hernández, quien afortunadamente estaba fuera, por una ventana que no fue dañada, como tampoco lo fueron las puertas, por lo que se piensa que se trataba de gente acostumbrada a entrar en viviendas ajenas. Llegaron a bordo de camionetas particulares sin placas de circulación, iban vestidos de civil y se comunicaban por radio con palabras como “comandante” y “jefe” en el momento en que reportaban las incursiones en los domicilios.
Los vecinos aseguran que los sujetos armados primero dijeron ser agentes judiciales, luego que eran “zetas” (un grupo de narcos) y posteriormente que pertenecían a la Policía Federal, con el argumento de que realizaban un operativo. Lo que se sabe seguro es que durante el asalto no intervino ninguna autoridad, a pesar de que existe un módulo de seguridad (una especie de pequeña comisaría) a escasamente una calle.
Durante el asalto, el comando secuestró a dos personas, una de ellas el escolta de la propia periodista (asignado por la Procuraduría (fiscalía) del Distrito Federal que estaba apostado en un vehículo delante de la casa.
Anabel es muy conocida por su labor de investigación sobre la corrupción y ha trabajado en diarios como Reforma, Milenio y El Universal y colabora con Reporte Índigo. Su libro «Los señores del narco» (2010) detalla la complicidad del crimen organizado y las autoridades, y tras su aparición, recibió amenazas de muerte. En el año 2012 recibió en Dubái la Pluma de Oro de la Libertad otorgado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), que premia los esfuerzos en defensa de la libertad de la prensa.
En una entrevista concedida en 2011, la periodista narraba cómo se vio abocada a dedicarse al periodismo de investigación tras el secuestro y asesinato de su padre en Ciudad de México en diciembre de 2000. La policía le dijo entonces a la familia que solo investigaría el crimen a cambio de dinero. La familia se negó a pagar por los servicios policiales, temiendo a que estos últimos acusarían a cualquiera, con tal de obtener dinero de la familia.
En su libro, Los señores del narco (2010), detalla la complicidad entre el crimen organizado y las autoridades, desde el Gobierno hasta la policía, el ejército y los empresarios. Su última publicación, México en llamas: el legado de Calderón, constituye una enérgica denuncia de los casos más escandalosos de corrupción y complicidad política del llamado «sexenio de la muerte», donde destacan apellidos tan diversos como García Luna, Cárdenas Palomino, Acosta Chaparro, Miranda de Wallace o Salinas de Gortari. En marzo pasado tuvo que cancelar una presentación en Chihuahua por seria amenazas. Sus sospechan apuntan a ciertos elementos del organismo que debería protegerla: la PGR (Procuraduría General de la República).
