Organizaciones feministas y de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos, que no hay avances de parte del Estado peruano frente a víctimas de esterilizaciones forzadas, puesto que no ha cumplido con su obligación de investigar y sancionar a los responsables del delito de lesa humanidad, informa Adital.
En el marco del 153º período de sesiones de la CIDH, que se celebra en México hasta el próximo 07 de noviembre, las entidades Aprodeh (Asociación Pro Derechos Humanos), Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CJDI), el Centro de Derechos Reproductivos (CDR) y Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), copeticionarias del caso 12191 «Mamérita Mestanza” [campesina indígena víctima de esterilización por el gobierno] v. el Estado peruano, sobre esterilizaciones forzadas; sostuvieron una reunión de trabajo sobre la falta de cumplimiento satisfactorio del Acuerdo de solución amistosa.
Las copeticionarias manifestaron su preocupación por la impunidad, falta de autonomía y de rigurosidad del Ministerio Público, expresadas en el rumbo que ha seguido hasta el momento la investigación preliminar y la impugnación de la resolución que archivó el caso respecto de la comisión de delitos de lesa humanidad imputados al expresidente Fujimori y sus exministros de Salud.
Esta resolución reconoce que las esterilizaciones forzadas configuraron graves violaciones a los derechos humanos, pero sólo responsabiliza a algunos funcionarios públicos por la comisión de delitos culposos, desconociendo la existencia de un aparato organizado de poder, evitando la atribución de responsabilidad a los autores mediatos.
María Ysabel Cedano, directora de Demus señaló: «preocupa, por un lado, que las líneas de investigación no se hayan desarrollado de manera comprensiva, ya que no se ha analizado el contexto en el que ocurrieron los hecho. Asimismo, llama la atención las irregularidades procesales cometidas en el marco de la investigación penal del caso».
Exigen cambio de fiscal
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos cuestionaron la competencia del Fiscal que resolverá la queja interpuesta, ya que no es el llamado por ley. Exigieron que el Estado subsane de una vez por todas las irregularidades procesales y de fondo que se vienen cometiendo en esta investigación. Gloria Cano, directora de Aprodeh, llamó a que se respete el principio de fiscal natural sin dejar margen a la sospecha de manipulación política alguna.
También cuestionaron que en la investigación y la resolución, el caso de Mamérita Mestanza se trate como un caso aislado, cuando es emblema de una política de Estado que sistemáticamente esterilizó de manera forzosa a miles de mujeres y hombres de zonas rurales y urbano populares del país, quechuablantes y en situación de pobreza, que en muchos casos no comprendieron a que se sometían.
En cuanto a las reparaciones, exigieron que las relacionadas a salud y educación para las y los familiares de Mestanza sean efectivizadas tal y como lo indica el Acuerdo de Solución Amistosa, suscrito en 2003. Asimismo, la representante de Cladem, Cristina Zurutuza, señaló que el gobierno del presidente Humala debe garantizar una política de reparaciones integrales para todas las víctimas de este crimen.
Patrón sistemático de graves violaciones a los DDHH
De acuerdo con el informe presentado por el fiscal Marco Guzmán Baca el presente año, se estima que existen 10 000 mujeres presuntas víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú.
Un total de 1448 mujeres (Cuzco 830, Piura 410 y Cajamarca 208)[1] fueron llamadas a declarar. Actualmente existen 2074 víctimas incluidas en el expediente de investigación penal de Mestanza.
Estas cifras, así como otros estudios, demuestran que las esterilizaciones forzadas ocurridas entre 1996 y 2000 no constituyen, en modo alguno, hechos aislados, excesos, ni mucho menos actos de negligencia cometidos por personal médico y profesionales de la salud. Por el contrario esto muestra que se trata de un delito de lesa humanidad, que se impulso y ejecutó en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, impulsado por el expresidente Alberto Fujimori.
