Paulo Macedo, el ministro de Salud portugués, anunció el viernes que ha llegado a un acuerdo con la farmacéutica Gilead en el precio para el tratamiento de la hepatitis C, que será entregado a unos 10.000 pacientes en los próximos 2 a 3 años.
Hay alrededor de 13.500 pacientes de esta enfermedad en hospitales portugueses, de los cuales unos 3.500 con cirrosis, por lo que según el gobierno el tratamiento innovador también llegará a los pacientes en estadios menos severos, evitando así que la dolencia pueda progresar a cirrosis, cáncer u otras complicaciones graves.
Durante varios meses, Infarmed (la agencia oficial de los medicamentos) y Gilead negociaran a un ritmo lento, con el Gobierno sin demostrar prisa, lo que provocó que durante el año 2104 cientos de pacientes empeoraron o murieran debido a esta estrategia gubernamental de ahorro económico, provocando una omisión de auxilio a los enfermos y su consecuente muerte.
Esta política está claramente definida en un documento publicado en septiembre de 2014 por Infarmed, en el que la Comisión Nacional de Farmacia y Terapéutica determina los criterios de evaluación para el acceso a los medicamentos innovadores. Estos criterios daban el acceso limitado a la medicina a los pacientes en estado prácticamente casi terminal, lo que provocó la indignación de hepatólogos y la desesperación de los pacientes y sus familias.
Durante todo el año 2014, varios médicos alertaron al gobierno sobre la gravedad de la situación, sobre todo el actual presidente del Colegio de Médicos.
Después de septiembre de 2014, la oficina del Ministro de Salud, en estrecha coordinación con Eurico Castro Alves, presidente de Infarmed, hicieron propaganda de una serie de medidas: 150 tratamientos de emergencia hasta el final del año y unos 1000 por cada año subsiguiente.
Pero a finales de 2104, en realidad estaban siendo tratados sólo un par de docenas de pacientes.
Se desconoce si el Ministerio Público habrá tomado alguna iniciativa para abrir una investigación penal sobre estos casos, de omisión de tratamiento o de homicidio por negligencia.
La situación cambió en la última semana con la noticia de la muerte de una mujer de 51 años, que esperaba desde hace meses por el medicamento, provocando una aceleración política del ministro de Salud para llegar a un acuerdo con la farmacéutica.
No se saben los detalles del acuerdo confidencial (por imposición de Gilead), pero se cree que el precio será de unos 24.000 euros por cada tratamiento, contra los 48.000 euros inicialmente exigidos por los laboratorios.
O sea, prácticamente dentro del mismo precio que tanto España como Francia habrán logrado negociar hace meses. También se acordó que habrá un precio fijo por el tratamiento, independientemente de la duración.
La pregunta ahora en abierto es saber cuáles serán los nuevos criterios de evaluación para el acceso a los medicamentos. O, como afirmo en TV el hepatólogo Fernando Ramalho, si los criterios se seguirán definiendo por un grupo de «comisarios políticos» sin ningún tipo de preparación o capacidad científica en el campo de la hepatología.