Amnistía Internacional (AI) ha hecho público un informe en el que documenta que las milicias paramilitares que combaten integradas nominalmente en las fuerzas armadas iraquíes contra el Dáesh utilizan armas de arsenales militares iraquíes, suministradas por Estados Unidos, Europa, Rusia e Irán, para cometer crímenes de guerra, ataques de venganza y otras atrocidades, ha manifestado Amnistía Internacional hoy en nuevo informe.
Investigaciones sobre el terreno y detallados análisis periciales de datos fotográficos y de vídeo elaborados desde junio de 2014 han permitido determinar que estas milicias paramilitares se han beneficiado de transferencias de armas fabricadas en al menos 16 países y entre las que figuran tanques y artillería, así como una amplia variedad de armas pequeñas, sostiene AI.
Las milicias, predominantemente chiíes, han utilizado estas armas para facilitar la desaparición forzada o secuestro de miles de hombres y niños, en su mayoría suníes, así como tortura y destrucción gratuita de bienes.
“Los proveedores internacionales de armas, como Estados Unidos, diversos países europeos, Rusia e Irán, deben darse cuenta de que con todas las transferencias de armas a Irak se corre un riesgo real de que acaben en manos de milicias con un largo historial de violaciones de derechos humanos”, ha señalado Patrick Wilcken, investigador de Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
“Todo Estado que venda armas a Irak tiene que demostrar que se aplican medidas estrictas para garantizar que no son utilizadas por las milicias paramilitares para violar flagrantemente derechos. Si no lo hace no debe efectuarse ninguna transferencia.”
Las Unidades de Movilización Popular, compuestas de 40 o 50 milicias distintas, se establecieron a mediados de 2014 para ayudar a combatir al Estado Islámico (Daesh). En 2016 quedaron integradas formalmente en las fuerzas armadas iraquíes, pero recibían apoyo del gobierno desde mucho antes.
El informe de Amnistía Internacional, titulado Irak: Mirar para otro lado. La provisión de armamento a las Unidades de Movilización Popular [1] está centrado en cuatro milicias principales que, como documenta la organización, han cometido violaciones graves de derechos humanos: Munathamat Badr (Brigadas Badr u Organización Badr), Asaib Ahl al Haq (Liga de los Justos), Kataib Hizbullah (Brigadas de Hezbolá) y Saraya al Salam (Brigadas de la Paz).
La investigación de Amnistía Internacional revela que las milicias de las Unidades de Movilización Popular han adquirido mayor poder e influencia desde 2014. Reciben armas y salarios de las autoridades iraquíes y entran cada vez más en combate o toman el mando de puestos de control junto con las tropas iraquíes. Se ha documentado que, al amparo de la aprobación oficial, algunas Unidades de Movilización Popular han llevado a cabo ataques de venganza, principalmente contra árabes suníes, sin que nadie les haga rendir cuentas.
“Las autoridades iraquíes han ayudado a armar y equipar a las milicias de las Unidades de Movilización Popular y les pagan sus salarios. Tienen que dejar de hacer oídos sordos a estas violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos sistemáticamente”, ha señalado Patrick Wilcken.
“Todo miliciano que combata hombro con hombro con el ejército iraquí debe ser objeto de exhaustivo y riguroso control. Los que puedan haber cometido graves violaciones de derechos humanos deben ser apartados de sus unidades mientras se llevan a cabo investigaciones judiciales y procesamientos. Las milicias indisciplinadas y que no rindan cuentas deben someterse al control y la disciplina de las fuerzas armadas o ser, si no, desarmadas y desmovilizadas completamente.”
Las autoridades iraquíes se enfrentan en materia de seguridad a tremendas amenazas del Estado Islámico, que continúa cometiendo atrocidades en las zonas bajo su control y llevando a cabo mortales atentados contra civiles en otras partes de Irak. Pero las medidas adoptadas para responder a estas amenazas deben respetar el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Amnistía Internacional insta a Irak a que se adhiera de inmediato al Tratado sobre el Comercio de Armas, instrumento internacional donde se establecen normas estrictas para detener las transferencias y el desvío de armas que puedan fomentar la comisión de atrocidades.
Armar a las Unidades de Movilización Popular
Las Unidades de Movilización Popular utilizan más de 100 tipos de armas, fabricadas originalmente en al menos 16 países. Entre ellas hay armas pesadas, como tanques y artillería, además de una amplia variedad de armas pequeñas –una mezcla ecléctica que incluye fusiles automáticos M-16 y Kalashnikov estándar, ametralladoras, pistolas y fusiles de francotirador–.
Desde su establecimiento a mediados de 2014, las Unidades de Movilización Popular han recibido cada vez más material de los arsenales militares iraquíes, suministrado directamente por las autoridades iraquíes. Gran parte de él es material del modelo de la OTAN, de fabricación reciente y procedente principalmente de Estados Unidos, así como material de Rusia y Europa oriental.
Más de 20 países han suministrado armas y munición a Irak durante los últimos cinco años, principalmente Estados Unidos, seguido de Rusia. Según el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, las exportaciones de armas a Irak aumentaron un 83 % entre los periodos de 2006–2010 y 2011–2015. En 2015, Irak era el sexto mayor importador de armas pesadas del mundo.
Los a menudo caóticos y deficientes sistemas de rastreo de armas de las fuerzas armadas iraquíes hacen que resulte muy difícil determinar dónde van a parar las transferencias de armas una vez en Irak. Este problema, sumado a la naturaleza variable del conflicto, permite con frecuencia que las armas se desvíen a grupos armados o milicias activos actualmente en Irak y en Siria o que éstos se apoderen de ellas.
“Las autoridades iraquíes deben adoptar medidas estrictas para garantizar que los arsenales están seguros y controlados”, ha añadido Patrick Wilcken.
El papel de España
Según datos oficiales, entre 2015 y el primer semestre de 2016, las exportaciones de armas a Irak efectuadas por España superaron los 111 millones de Euros. De esa cantidad, más de la mitad (61,2 millones) correspondieron a granadas de mortero y munición para armas ligeras, mientras que cerca de 20 millones corresponden al menos a 31 vehículos blindados, varios de ellos con brazo robot de desminado.
Además, entre noviembre de 2014 y junio de 2016, el Gobierno español autorizó 11 licencias de exportación de munición, granadas de morteros y vehículos blindados por valor de 167,5 millones de Euros.
En 2014, ante la Comisión de Defensa del Congreso, el Gobierno alegó tener por escrito todas las garantías de que el único usuario de las armas españolas era el Ministerio de Defensa iraquí. En correspondencia con Amnistía Internacional en 2016, el Gobierno defendió que la política de exportación seguiría siendo muy cautelosa y analizaría cada operación caso por caso, exigiendo garantías para evitar desvíos. Sin embargo, no detalló las garantías exigidas en línea con las recomendaciones de Amnistía Internacional: evaluación más rigurosa del riesgo de la exportación; sistemas de marcado, transporte y verificación de entrega; registro diligente y total transparencia de la información; y sólidos controles tras la entrega.
La organización reitera su petición al Gobierno español para que, debido al deterioro de la situación de derechos humanos en Irak, adopte una norma de «presunción de denegación» respecto a la exportación de armas al gobierno iraquí y a las fuerzas armadas y la policía iraquíes.
El papel de Irán
La existencia de tantos proveedores de armas a Irak ha tenido consecuencias imprevistas. Por ejemplo, vehículos armados estadounidenses destinados casi con total seguridad a las fuerzas iraquíes han acabado en manos de Kataib Hizbullah, milicia que tiene vínculos con Irán y que el Departamento de Estado estadounidense clasificó hace ya mucho tiempo como “organización terrorista extranjera”.
Irán sigue siendo un importante patrocinador militar de las milicias de las Unidades de Movilización Popular, en particular de las que tienen estrechos vínculos con figuras militares y religiosas iraníes, como la Organización Badr, Asaib Ahl al Haq y las Brigadas de Hezbolá, todas las cuales están acusadas de graves violaciones de derechos humanos. Estos suministros constantes infringen una resolución de 2015 de la ONU que prohíbe las exportaciones de armas de Irán sin autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU.
“Con el suministro directo de armas a las Unidades de Movilización Popular, Irán se expone a ser cómplice de crímenes de guerra. No debe permitir las transferencias a ninguna milicia de la Unidades de Movilización Popular mientras sigan fuera del mando y el control efectivos de las fuerzas armadas iraquíes y no rindan cuentas de los abusos que comenten”, ha señalado Patrick Wilcken.
Enlaces:
- Mirar para otro lado. La provisión de armamento a las Unidades de Movilización Popular
