El comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI) ha denunciado ante el Defensor del pueblo, a los ayuntamientos españoles que incumplen la cuota legal mínima de taxis accesibles obligada que entró en vigor el pasado 4 de diciembre.
Poblaciones con más de 50.000 habitantes deben contar con un 5 % de taxis accesibles para poder garantizar el transporte de las personas con movilidad reducida.
Según el informe, el 63 % de los municipios incumplen esta reserva mínima de taxis y por ello contravienen la ley nacional. Esto supone una discriminación a las personas con discapacidad física y también excluyen su derecho fundamental a la libre elección de desplazamiento. Un diagnóstico real que da cuenta de las condiciones básicas de accesibilidad que deben tener los municipios que podrán exigir que si no está cubierto ese porcentaje, las últimas licencias que se concedan el autotaxi deberá ser accesible.
Hay que resaltar que los taxis accesibles además de garantizar el transporte de los usuarios con discapacidad y sus acompañantes deben ser un transporte cómodo, seguro y digno; que además facilite la inclusión social plena en otros ámbitos; ya sean educativos, laborales u ocio culturales, además de los sanitarios.
