La concentración de la propiedad de los medios de comunicación en Chile dificulta el acceso a una información plural y vulnera uno de los derechos fundamentales de las personas y las sociedades modernas, sostienen un grupo de profesionales y académicos que han hecho llegar sus consideraciones a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Los promotores de esta reflexión han hecho llegar una carta explicativa al Presidente de la comisión de Libertad de Expresión de la SIP, y se organizó una reunión con Elizabeth Ballantine, presidenta de la institución, donde se expondrán temas relacionados a la libertad de expresión e información en Chile
«Queremos hacer presente nuestra mayor preocupación por el estado de la libertad de expresión y el derecho a la información en Chile» señalan los académicos, profesionales de la comunicación, representantes de instituciones, organizaciones y medios de la sociedad civil que firman la carta dirigida a la SIP, organización que celebra su 70ª Asamblea General en Santiago.
La carta expresa que:
En un Chile donde el 20% más rico posee el 61% del ingreso y el 20% más pobre accede al 3,3%, el inequitativo acceso a derechos intangibles como la educación, la cultura o la información, resulta fácil de invisibilizar. A partir de las políticas adoptadas por la dictadura cívico-militar durante la década del 80, la lógica de privatización y liberalización de la economía que imperó en distintos campos, se extendió también a la producción de contenidos simbólicos y comunicacionales, dando paso a la creación de oligopolios en todas las plataformas de medios.
La libertad de expresión e información está distorsionada por el mercado, como multiplicidad de otras cosas, tanto en Chile como en el resto del mundo. Y sabemos que no es el mercado el garante de la libertad de expresión, sino la existencia de una diversidad de medios pues la concentración de propiedad es incompatible con la libertad de información.
El legado dictatorial y la administración posterior del modelo neoliberal, nos hace tener hoy el triste primer lugar en los rankings de concentración de la propiedad de los medios de comunicación de América Latina, que dan para Chile un 95%. Un férreo duopolio de medios impresos, un oligopolio de estaciones televisivas con capitales locales y extranjeros, y un 45% del mercado radial concentrado en manos de un conglomerado trasnacional español, constituyen el panorama nacional. Recientemente, la privatización del diario La Nación, único periódico impreso de propiedad pública creado en 1917, contribuyó a agravar la ausencia de pluralismo informativo.
Tales condiciones son, por esencia, contrarias a la democracia. Así lo ha sostenido reiteradamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: en la Opinión Consultiva 5/85 se afirmó que “cuando por efecto de la existencia de monopolios u oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación, se establecen en la práctica ‘medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones’”. Para enfrentar estas amenazas a la libertad de expresión, se requiere que el Estado adopte normas que permitan a todos sus ciudadanos el ejercicio pleno de este derecho.
Estamos convencidos de que todo Estado democrático debe promover tanto el derecho a informar y comunicar de los ciudadanos como el de ser informados, no solo por el valor propio de la información, sino también por su valía instrumental, es decir, por su capacidad de ser instrumento para el ejercicio de otros derechos y para la fiscalización de los poderes públicos.
Chile requiere con urgencia un nuevo marco legal que garantice adecuadamente la libertad de expresión y el pluralismo informativo. En la misma línea, seguiremos insistiendo en la necesidad de que la ley establezca límites a la concentración mediática y que reconozca (así como promueva) la existencia de tres sectores de medios: públicos, privados y comunitarios.
Firman esta carta dirigida a la SIP:
- Juan Pablo Cárdenas, académico ICEI Universidad de Chile, Premio Nacional de Periodismo 2005, director de Radio Universidad de Chile
- Manuel Cabieses, director de la Revista Punto Final
- Miguel Campos, presidente de sindicato El Mercurio de Valparaíso
- Ernesto Carmona, director del Círculo de Periodistas, presidente de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana, Felap
- Víctor Hugo de la Fuente, director Le Monde Diplomatique-Chile
- Carlos del Valle, decano Facultad de Educación y Humanidades Universidad de La Frontera
- Fidel Galaz, director Radio Comunitaria y Ciudadana Sin Tierra
- Andrea Gutiérrez, presidenta del Sindicato de Actores de Chile, Sidarte
- Alicia Lira, presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
- Patricio López, editor general de El Desconcierto
- María Pía Matta, presidenta de AMARC Internacional
- Marco Maya, director Revista La Reineta
- María Olivia Monckeberg, premio Nacional de Periodismo 2009, directora del Instituto de la Comunicación e Imagen, ICEI, Universidad de Chile
- Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile
- Juan Enrique Ortega, ONG ECO, Educación y Comunicación
- Juan Cristóbal Peña, académico Periodismo – Universidad Alberto Hurtado
- Patricia Peña, académica ICEI Universidad de Chile
- Roxana Pey Tumanoff, académica ICEI Universidad de Chile
- Lorena Pizarro, presidenta Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
- Ximena Poo, académica ICEI Universidad de Chile
- Chiara Sáez, académica ICEI Universidad de Chile, coordinadora Programa Libertad de Expresión y Ciudadanía
- Pedro Santander, director Observatorio de Medios de Comunicación PUCV
- Bruno Sommer, director de El Ciudadano
- Paul Walder, director Diario El Clarín
