En las últimas semanas, la propuesta de aumentar drásticamente la carga fiscal sobre la industria del juego en México se ha convertido en objeto de acalorados debates. En el foco de la discusión está la iniciativa de introducir un impuesto especial del 50 por ciento sobre los ingresos tanto de los casinos en línea como de los tradicionales.
Surge una pregunta lógica: ¿llevará una medida tan radical al crecimiento del sector ilegal y a la pérdida de inversiones o, por el contrario, será una fuente de ingresos adicionales para el presupuesto y ayudará a proteger a los grupos vulnerables de la población?
Qué propone el gobierno en el marco de la nueva iniciativa fiscal
Las autoridades mexicanas han propuesto la introducción de un impuesto especial IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) del 50 por ciento para todo tipo de juegos de azar, incluidas las plataformas en línea. El IEPS es un impuesto federal especial que en México tradicionalmente se aplica a productos y servicios asociados con riesgo social: alcohol, tabaco, bebidas azucaradas y ahora también juegos de azar.
¿Cómo argumenta el gobierno su posición? Según el Ministerio de Hacienda, la nueva medida debería aportar al presupuesto alrededor de cinco mil millones de pesos (equivalente a unos 270 millones de dólares al tipo de cambio actual) ya para 2026. Al mismo tiempo, las autoridades pretenden acercar el sistema fiscal a los estándares internacionales y utilizar los ingresos adicionales para financiar programas de salud. Se destaca por separado que la nueva medida permitirá reducir la propagación del juego problemático y patológico.
La implementación del impuesto está prevista para el 1 de enero de 2026. La ley se aplicará tanto a operadores locales como a plataformas extranjeras que presten servicios a mexicanos. En caso de negarse a pagar el impuesto, los operadores serán bloqueados temporalmente.
Reacción de la industria y principales preocupaciones de los actores del mercado
Los operadores de casinos y expertos del mercado se han manifestado en contra de un aumento tan brusco de la carga fiscal. Los representantes del Consejo de la Industria del Casino afirman que aumentar el impuesto al 50 por ciento llevará a una migración masiva de jugadores al sector ilegal, además de hacer que el negocio legal no sea rentable. En una declaración oficial del Consejo se señala: «Tal gravamen pondrá en riesgo la estabilidad del negocio legal y dirigirá a los usuarios hacia plataformas ilegales que no pagan impuestos y no están reguladas por el Estado».
Los operadores legales de juegos de azar ya experimentan actualmente una carga fiscal bastante alta. Al mismo tiempo, una parte significativa de sus ganancias se gasta en el mantenimiento de los casinos. En cuanto al sector en línea, una parte considerable de los ingresos la ocupa el marketing. Los principales operadores, como Grupo Caliente, Codere y Bet365, invierten en marketing para atraer a jugadores jóvenes. Estos son los Millennials de entre veinticinco y cuarenta años.
Los datos concretos sobre los gastos de marketing de los casinos legales en México son limitados debido a la información fragmentada, pero según estudios del sector, se pueden estimar como una parte significativa de los ingresos. En el juego en línea a nivel global, el marketing representa entre el veinte y el treinta por ciento de los ingresos. Para atraer a nuevos jugadores se utilizan todo tipo de herramientas. Una de las más efectivas, según los expertos, son las promociones sin depósito en casinos. Nuestros expertos encontraron esta información al preparar el artículo tras estudiar sitios temáticos de reseñas. Hoy en día, esta es una herramienta clave de marketing para atraer a nuevos jugadores sin riesgo para ellos.
Al mismo tiempo, los gastos de la propia plataforma son bastante significativos. Con un millón de nuevos usuarios al año (un crecimiento del tráfico del 70 por ciento en tres años), los gastos en no-deposit pueden alcanzar entre cinco y quince millones de dólares anuales por plataforma.
En general, el marketing es el principal motor de crecimiento, pero los impuestos altos (la propuesta del 50 por ciento de IEPS en 2026) pueden reducir los presupuestos.
¿Pero realmente ayudará el endurecimiento del control fiscal? Según estimaciones de analistas independientes, ya hoy en día hasta el 60 por ciento del mercado de juegos de azar en línea en México está ocupado por el segmento no licenciado: operan más de 4500 sitios sin permiso. Si la carga fiscal aumenta, es muy probable que esta proporción crezca. Como resultado, el Estado puede perder no solo ingresos, sino también el control sobre el sector.
Otro aspecto importante es el riesgo de reducción de empleos. Según datos del sector, en el ámbito de los juegos de azar trabajan unas 60.000 personas directamente y 144.000 de forma indirecta. Los operadores legales aportan hasta 10 mil millones de rublos en impuestos cada año. El aumento de impuestos, según los opositores a la iniciativa, pone en riesgo la conservación de estos empleos y de las actuales aportaciones al presupuesto.
La magnitud del sector del juego en México y su importancia para el país
La industria del juego ocupa un lugar destacado en la economía del país. Según datos oficiales, la contribución del sector es del 0,55 por ciento del PIB, aunque los ingresos fiscales que genera no superan el 0,01 por ciento del total de ingresos presupuestarios. El gobierno utiliza este desequilibrio como argumento a favor de aumentar el rendimiento fiscal.
El juego en línea muestra un rápido crecimiento: actualmente los ingresos anuales se estiman en 3,7 mil millones de dólares, y según las previsiones para 2028 el tamaño del mercado podría duplicarse con un crecimiento anual superior al 15 por ciento. Especialmente dinámico es el segmento de apuestas deportivas: para 2028, según estimaciones, podría representar más de 1,7 mil millones de dólares en ingresos. Sin embargo, el mercado es poco transparente: la mayor parte del volumen de negocio pasa por recursos ilegales.
A escala latinoamericana, el mercado mexicano se considera uno de los más grandes y prometedores, lo que hace que cualquier cambio en la política fiscal sea especialmente relevante para toda la región.
Experiencia internacional y comparación de modelos fiscales
El gobierno hace referencia a la experiencia de otros países. En las presentaciones se mencionan tasas oficiales: en Francia la carga fiscal alcanza el 83,5 por ciento, en el Reino Unido y Polonia el 50 por ciento, en Argentina el 41,5 por ciento, en España el 39,4 por ciento, en Brasil alrededor del 39 por ciento. Pero, ¿es correcto comparar la práctica mexicana con la de estos países?
Los expertos señalan que las comparaciones directas y los porcentajes pueden ser engañosos. En diferentes países se utilizan distintas bases fiscales: en Francia la tasa elevada solo se aplica a las ganancias extraordinarias, en el Reino Unido el impuesto se cobra no sobre la ganancia neta, sino sobre los ingresos brutos. En varios países existen escalas progresivas y deducciones por devolución de premios a los jugadores.
De manera similar, los impuestos sobre los juegos de azar a menudo se comparan con los impuestos especiales sobre el tabaco o el alcohol, ya que su objetivo no es solo aumentar el presupuesto, sino también reducir el consumo asociado al riesgo social. Sin embargo, la eficacia de estos enfoques en cada país depende de la especificidad del mercado y del nivel de control estatal.
Posibles consecuencias para el mercado, la sociedad y el Estado
¿Qué escenarios de desarrollo son posibles con la introducción del impuesto del 50 por ciento? Los analistas identifican tres principales amenazas: un mayor crecimiento del sector ilegal, la reducción de la base fiscal debido a la salida de operadores del mercado, así como el riesgo de despidos masivos. En el pasado, medidas similares en otros países llevaron a un rápido aumento de operadores ilegales y a la pérdida de ingresos presupuestarios, contrariamente a los planes iniciales.
El efecto social de la nueva política está abierto a debate. Por un lado, el aumento de impuestos puede reducir la accesibilidad de los juegos de azar para los grupos vulnerables, que es el objetivo de las autoridades. Por otro lado, el fortalecimiento del sector ilegal anulará las medidas de prevención, y las personas dependientes del juego quedarán sin apoyo ni supervisión.
La situación de los operadores extranjeros también plantea interrogantes. En caso de no pagar el nuevo impuesto, sus sitios pueden ser bloqueados, sin embargo, las empresas extranjeras ya están buscando soluciones alternativas. ¿Es capaz el país de garantizar el control sobre el espacio digital y afrontar los nuevos retos técnicos?
Valoraciones de expertos y perspectivas sobre los próximos pasos
Las opiniones de los especialistas sobre la reforma propuesta son divergentes. Algunos expertos consideran que los objetivos fiscales difícilmente se lograrán sin modernizar la legislación, ya que la base de la regulación del juego en México no ha cambiado desde 1947. Según representantes de la industria, primero es necesario adaptar la base normativa a la situación actual del mercado y solo después aumentar los impuestos.
Al mismo tiempo, el gobierno insiste en la necesidad de aumentar inmediatamente el rendimiento fiscal. Los analistas independientes subrayan que sobrecargar a los operadores actuales con tasas adicionales no tiene sentido mientras no exista un control y lucha efectivos contra el sector ilegal.
Hoy los legisladores se enfrentan a una serie de cuestiones abiertas: cómo diferenciar la carga para operadores legales e ilegales, qué mecanismos de control utilizar en el entorno digital, cómo evitar que la industria sufra una salida de inversiones y la pérdida de empleos.
Actualmente, la iniciativa se discute en las comisiones parlamentarias especializadas bajo la dirección de Carol Antonio Altamirano. La fecha de la votación depende de los resultados de los procedimientos de conciliación, y no se descarta que se introduzcan correcciones en el texto final de la ley.
En la agenda no solo está el tamaño del impuesto, sino también la calidad de la regulación, así como la creación de confianza entre el Estado y la industria. Sin diálogo y un enfoque equilibrado, las reformas en el sector del juego pueden generar más problemas que soluciones.
