Con contrastes entre propuestas escritas, opiniones orales y apatías, los barrios y centros laborales cubanos viven un inusual debate político durante la consulta popular del proyecto de Constitución, destinado a entrar en vigor en un año, informa Ivet González [1] (IPS) desde La Habana.
Por primera vez en una consulta de este tipo, se incluye a los 1,4 millones de cubanos residentes en el exterior, desperdigados en más de 120 países según cifras oficiales, que podrán emitir sus criterios a través de un sitio web disponible desde septiembre.
En este país insular caribeño de 11,2 millones de habitantes los debates comenzaron el 13 de agosto y concluirán el 15 de noviembre.
«La Constitución vigente, de 1976, lleva mucho tiempo y quizás la gente más joven no la conocen ni se sienten vinculados a ella», dijo a IPS la jubilada Dania Rodríguez, quien participó en su barrio de Kholy en una de las primeras reuniones realizadas el lunes 13, que se prevé que totalicen más de 135 000 a lo largo de la consulta.
Para Rodríguez, «este proceso es muy necesario» en el momento actual y «hace que todos nos sintamos más partícipes».
Criticada por unos y alabada por otros, la reforma de la Constitución avanza en Cuba desde julio, con el propósito de que la próxima ley fundamental incluya cambios encauzados por el gobierno de Raúl Castro (2008-abril 2018) y permita la continuidad de las transformaciones por parte de su sucesor, Miguel Díaz-Canel.
Se espera que el complejo proceso culmine en 2019, con la aprobación o no en un referendo del texto final, revisado por el parlamento y enriquecido con las propuestas ciudadanas.
Manteniendo el sistema socialista como irrevocable y el Partido Comunista de Cuba (PCC) como único legal, el proyecto compuesto por preámbulo y 224 artículos propone modificaciones en la estructura de gobierno desde el municipio hasta la cúpula, allana el camino al matrimonio igualitario y reconoce la propiedad privada, entre otras.
Una diversidad de criterios en temas políticos y de gobierno que rara vez resulta visible en los espacios públicos cubanos, junto a posturas de escepticismo y silencio, afloraron en dos reuniones a las que IPS tuvo acceso el lunes 13 como el resto de la prensa internacional y local.
Alrededor de 140 vecinos de Kholy asistieron a la cita nocturna guiada por una militante del PCC en el municipio de Playa y un jurista. Extendido hasta tarde en la noche, varios participantes se auxiliaron de teléfonos celulares para iluminar sus anotaciones en los tabloides y presentar sus criterios.
Sentada en uno de los pocos puestos disponibles, Rodríguez opinó sobre la estructura de gobierno municipal y provincial presentada en el documento, el tema que más debate provocó en la reunión, donde además se propuso explicitar que los servicios de salud y educación son gratuitos y hasta crear un tribunal constitucional.
«Tiene cosas muy positivas (…), independientemente de que creo que el gobernador debe ser elegible», abundó la jubilada, quien defiende el voto directo en las urnas y no por designación de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) como modo de elección de la nueva figura de los gobernadores provinciales.
El proyecto reconoce la autonomía de los 168 municipios y empodera a estas instancias de gobierno. Sin embargo, sustituye las actuales Asambleas Provinciales del Poder Popular en cada una de las 15 provincias por un pequeño consejo dirigido por un gobernador a designar por el parlamento.
También se plantea una división de poderes legislativos y ejecutivos en la cúpula, con la incorporación de nuevos cargos como el de presidente de la República y primer ministro, junto a una redistribución de las potestades y funciones entre el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y el parlamento.
«Yo apoyo el proyecto (…), pero mi preocupación está en la hora de ponerlo en práctica, en que se vigile el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones», dijo a IPS la médica Diana Isel Ribiana, quien trabaja en la policlínica Nguyen Van Troi, del municipio capitalino de Centro Habana, donde 50 trabajadores de la salud fueron consultados.
La profesional de la salud enfatizó en la implementación efectiva de los artículos que obligan a los funcionarios y entidades estatales a seguir la legislación vigente y atender a la población.
«Existen varios organismos que no cumplen con sus funciones, entonces es terrible hacer cualquier trámite y una no sabe ni dónde quejarse», puso como ejemplo.
«Los criterios van a ser recogidos tal cual los expresen las personas. Todos los criterios cuentan, las adiciones y supresiones, incluso aquellos que son comentarios. Estamos hablando de la ley general de la República», explicó a IPS la funcionaria Sucel Lameré, quien condujo la reunión en la policlínica.
En cada municipio fue creada una comisión para digitalizar todos los planteamientos realizados en los debates, con nombre y apellido de cada persona, que serán organizados por el Centro de Estudios Sociopolíticos y de Opinión.
El procesamiento implicará a más de 4000 personas en el país mientras otras 15 000 como Lameré fueron capacitadas para facilitar las consultas populares en cuartetos, donde dos personas conducen y explican dudas mientras las otras dos recogen por escrito los planteamientos ciudadanos.
«El ejercicio (de reforma constitucional) ha sido más democrático y promete serlo más en el proceso deliberativo popular que está comenzando», dijo a IPS el analista político Carlos Alzugaray, para quien «se hacía imprescindible actualizar también el sistema político» en un país que ya implementó cambios económicos y sociales.
Otros planteamientos ciudadanos que trascendieron en las reuniones y los medios locales de prensa se refieren a la responsabilidad individual y familiar ante el derecho a la salud, la soberanía del ciberespacio, la eutanasia e incluir el derecho a invertir a cubanos que residen en el país y tienen dinero para ello.
La gran novedad de la consulta popular radica en la participación por vez primera de los emigrantes, con una fuerte comunidad en Estados Unidos, aunque no podrán votar en el referendo previsto para febrero de 2019.
«Es un paso en la dirección correcta», indicó a IPS por correo electrónico María Isabel Alfonso, de Cuban Americans for Engagement (Cafe), un grupo que promueve el entendimiento entre los dos países, que atraviesan un proceso de normalización de las relaciones diplomáticas desde el 17 de diciembre de 2014.
Compartió que «la noticia ha sido recibida con entusiasmo por quienes deseamos mantener vínculos constructivos con nuestro país de origen, y con escepticismo y desdén, por quienes optan por mantener dinámicas de hostilidad o no pueden reconocer ningún aspecto positivo en los cambios que atraviesa la sociedad cubana»
No obstante, apuntó que «una reforma más radical implicaría que, como parte de la nación que somos, pudiéramos votar en el referendo de febrero, donde se aprobarán las propuestas de cambio».
La actual Constitución fue reformada parcialmente en 1978, 1992 y 2002, tras su entrada en vigor en 1976.
- Edición: Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
