Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, una celebración que se lleva a cabo desde 1995, el mismo año en que se lanzó el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.

El Decenio tiene como meta fortalecer la respuesta internacional a los problemas que enfrentan las poblaciones indígenas en áreas como los derechos humanos, el medio ambiente, la educación y la salud.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, urgió el miércoles a los Estados a aumentar sus esfuerzos para respetar los tratados que protegen a los pueblos indígenas. “Incluso si los tratados fueron firmados o ratificados hace más de un siglo, éstos siguen siendo la piedra angular de la protección de la identidad, la tierra y las costumbres de estos pueblos”, dijo Pillay en un comunicado.

Pillay aseguró que el hecho de que la explotación y la expropiación de sus recursos continúen hoy en día, “pone de manifiesto la necesidad de trabajar más para proteger los derechos de alrededor de 370 millones de personas indígenas en el mundo”.´

“El mensaje para este Día Internacional de los Pueblos Indígenas es que se deben redoblar esfuerzos para construir una colaboración entre los Estados y los pueblos indígenas que esté basada en la confianza, el respeto mutuo, el estado de derecho y la afirmación de la cultura y las costumbres de los aborígenes”, sentenció Pillay.

El caso de México

Las demandas históricas que los pueblos indígenas de México han formulado en numerosas ocasiones se refieren, como en la mayoría de otros países, a la necesidad de que se respeten y reconozcan sus derechos fundamentales, la conformación pluricultural de la nación, la posibilidad de un desarrollo económico propio y autónomo, la representatividad indígena en los ámbitos político y social, y el derecho a mantener y desarrollar sus prácticas culturales.

Existen 62 pueblos indígenas en todo el país, pero muchos mexicanos ni les ven, y si lo hacen es para explotarles. Además, hay otro problema importante: los integrantes de prácticamente todas las etnias están migrando, incluidos cuicatecos, popolucas, tzotziles, mixes, mixtecos, chinantecos, otomíes, huastecos, purépechas, lacandones y mayas. Las etnias que presentaron la migración más nutrida hasta mediados de la década pasada fueron los huastecos y los mixtecos.

Chiapas, uno de los estados con más indígenas (y pobreza), incrementó cinco puntos porcentuales la migración en su territorio entre 2000 y 2005, al pasar del 3,1% al 7, 9; es decir, en el año 2000 salieron del aquella entidad aproximadamente 6.526 indígenas, mientras que para el 2005, el éxodo alcanzó cifras que rebasaron los 11.066.

Otra realidad del país es que las personas que tienen la piel oscura sufren en sus carnes un menosprecio constante. Hace unos días lo denunciaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en un nuevo intento de contribuir en la erradicación de los problemas que enfrentan más de 15,7 millones de personas por el simple hecho de ser indígenas. Aseguran que siguen siendo víctimas de discriminación y rechazo por su origen, color de piel, creencias, manifestaciones culturales, lengua y forma de vestir. Del 1 de enero al 30 de junio de 2013, la CNDH recibió 282 quejas.

Un ejemplo reciente lo tenemos en Sonora. Amnistía Internacional acaba de comunicar que se encuentra gravemente preocupada por la seguridad y la libertad de dos líderes indígenas yaquis, Mario Luna Romero y Tomás Rojo. Estas personas forman parte de la comunidad de Vicam, situada en el municipio de Guaymas (Sonora), la cual protesta contra la construcción de un acueducto que, aseguran, pondría en riesgo la subsistencia y forma de vida de la comunidad.

La comunidad ha argumentado que los permisos administrativos para la construcción de este acueducto  fueron otorgados sin la debida información, consulta y participación de la tribu, a pesar de poseer los derechos de propiedad sobre el 50% del caudal del río afectado por el proyecto. Ya en 2012, la CNDH emitió una recomendación dirigida a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Gobierno del Estado, reconociendo la violación de los derechos humanos de esta tribu en la licitación y construcción del acueducto .

Lo que ya es intolerable es que las protestas, la rebelión contra la injusticia, se salde habitualmente con indígenas muertos. Entre los últimos casos destaca el de Coyuca de Benítez (Guerrero), donde han sido asesinados tres campesinos esta semana. Se trata de Raymundo Velázquez Flores, dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur y secretario general del Partido Comunista de México (PCM); de Samuel Vargas Ramírez, integrante del Comité Regional del PCM y de una tercera persona que a la hora de escribir este artículo aún no había sido identificada, si bien se presumía que podía tratarse de Velázquez. Estaban atados de pies y manos y presentaban signos de tortura. Coyuca se encuentra en la zona de Costa Grande, en donde hace años que los productores se quejan de que los cultivos tradicionales no son rentables, pues se importan otros, casi siempre asiáticos, que se pueden vender más baratos.

Unos días antes asistíamos consternados al asesinato del ambientalista Noé Vázquez Ortiz en Amatlán de los Reyes (Veracruz). Este hombre falleció mientras recogía frutos para darles la bienvenida a todos los delegados del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). Murió a pedradas, según contó mi amigo Jesús Robles Mallof en un emotivo artículo dedicado a su memoria. En Amatlán pretenden construir la hidroeléctrica El Naranjal como parte de un proyecto de más de 112 obras hidráulicas en ese Estado.

Indígenas del mundo

También la ONU está cansada de denunciar arbitrariedades y abusos a comunidades de los más dispares lugares. Sus últimas declamaciones han sido para los gobiernos de Chile e Israel. Al primero le exige que deje de aplicar la Ley Antiterrorista de Pinochet, pues se utiliza sobre todo en casos contra activistas mapuches, quienes reclaman la restitución de los territorios despojados por la fuerza durante la dictadura.

A Israel le acusa de política discriminatoria de desplazamiento forzado contra los árabes beduinos radicados en el desierto de Negev, pues son ciudadanos israelíes y tienen los mismos derechos que el resto a la propiedad, a la vivienda y a los servicios públicos.

Hace unos días, la asociación Survival, dedicada a la defensa de los pueblos indígenas, informaba de un importante éxito: la dimisión de tres ministros peruanos por sus presiones para aprobar una polémica obra gasística en la Amazonia. Se trata del proyecto Camisea, ubicado dentro de la Reserva Nahua-Nanti para tribus no contactadas. El plan de expansión ya había sido ampliamente condenado y, en marzo de este año, la ONU pidió su inmediata suspensión. La semana pasada, el Ministerio de Cultura había emitido un informe detallando los peligros que el proyecto podría implicar para los indígenas, pero desapareció horas antes de hacerse público. Como consecuencia, han dimitido tanto el ministro y como su segundo.

En el mundo hay más de 150 millones de indígena que viven en sociedades tribales repartidos en más de 60 países. Aunque sus derechos de propiedad territorial están reconocidos en el derecho internacional, no se respetan en ningún lugar. Así y todo, pueblos guaraníes de Brasil, bosquimanos de Botsuana, ayoreos de Paraguay, dongrias de India, y ciertas tribus aisladas de Perú, ha conseguido que los dirigentes de sus respectivos países reconocieran sus derechos, gracias al apoyo de Survival.