Gabriel Téllez Mengíbar
Las desigualdades de trato que el sistema fiscal produce entre los españoles son una prueba más de que lo establecido en tiempos de la transición ya no sirve para hoy. Un punto en el que queda reflejada la afirmación anterior es, sin duda, la recaudación del 0,7% de cada renta presentada y su destino inamovible hasta ahora a dos únicos destinatarios: el Gobierno de turno y la Iglesia. Son los únicos beneficiarios del chollo del IRPF con sus respectivas clientelas de organizaciones subvencionadas.
Pero la realidad nacional es mucho más compleja y no puede acomodarse a ese corsé que impide una democrática distribución de los millones de euros que los declarantes aportamos con el 0,7%. Si etimológicamente democracia pudiera entenderse como la doctrina favorable a la intervención del pueblo en el Gobierno –con la actual ley electoral, desde luego eso es imposible-se está faltando descaradamente a ese principio cuando se nos hurta el derecho a decidir el destino del 0,7% de nuestra declaración imponiéndonos las dos única opciones: la de la casilla gubernamental o la del bando religioso.
Comprendo que los católicos lo tengan claro y disfruten satisfechos con la mamandurria, y que otro tanto ocurra al archipiélago de organizaciones, encuadradas genéricamente como ONG, a las que la Administración les regala esa pasta sin pedir nuestra opinión. Porque de esto se trata, de que los ciudadanos podamos decidir sin cortapisas quiénes deben ser los beneficiarios. Además, de paso, con la libérrima elección de cada cual se podría llevar a cabo lo que tanto se oye en la calle: que partidos políticos, sindicatos y todo tipo de colectivos organizados y legales se sustente exclusivamente de las cuotas de sus afiliados y de las aportaciones del IRPF designadas de manera explícita por los declarantes.
¿En qué razonamiento equilibrado cabe que un ateo deba sufragar forzosamente a la Iglesia o a las ONG enchufadas del Gobierno? ¿Es justo acaso que un antitaurino tenga sin remedio que financiar a Cáritas o a Cruz Roja cuando en el currículo de ambas figura la organización o el beneficio de corridas de toros? En marzo, Cáritas de Don Benito (Badajoz) aceptó, con total ausencia de escrúpulos, que se montara uno de esos sangrientos espectáculos bajo el pretexto de la recaudación de fondos. El obispo de Badajoz, el primer responsable de Cáritas en esa provincia, debería aclarar si las reglas del juego han cambiado y ahora el fin sí justifica los medios, incluido el de recibir dinero manchado de sangre. En un listado sobre ONG que Asanda (Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales) ha hecho público, se puede comprobar lo golosos que resultan los billetes para el variopinto racimo de organizaciones no gubernamentales que se compadrea con espectáculos donde cualquier asomo de ética y moralidad está desaparecido. Desde la Cruz Roja a asociaciones que practican el efecto llamada a inmigrantes ilegales, pasando por Intermonoxfan, Hermanitas de los Pobres, Manos Unidas o Médicos Sin Fronteras; todos ellos pringados en crueles espectáculos taurinos. El listado completo puede consultarse en www.asanda.org.
Ya es hora de que ese impresentable duopolio –el Gobierno de turno y la Iglesia- dé paso a un reparto democrático según la voluntad del contribuyente, cuyo destino deberá ser cualquier entidad legal y sin ánimo de lucro. Exijámoslo. Pidamos imperiosamente el fin del clientelismo político y religioso a costa de nuestro bolsillo. El 0,7% es nuestro, de los ciudadanos, no de los mamandurriadores, y por lo tanto nosotros somos los que debemos decidir el receptor de la aportación.
Gabriel Téllez / periodista y coordinador en Ávila del PACMA/
