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Elecciones de Honduras: muchas opciones y pocos temas

Honduras inauguró la carrera para escoger al próximo presidente el 24 de noviembre, en la que participan nueve partidos, cuatro de ellos nuevos, de un amplio abanico ideológico y donde las heridas del golpe de estado de 2009 aún marcarán la contienda, según analistas consultados por IPS, informa Thelma Mejía desde Tegucigalpa.

Los comicios, sostienen los analistas, tendrán dos grandes temas: el problema de inseguridad ciudadana, que ha convertido a este país como el más violento del mundo, con un índice oficial de 85,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2012, y la polarización política que dejó tras de sí el golpe de Estado de hace cuatro años.

Gabriel Zelaya y Xiomara Castro
Gabriel Zelaya y Xiomara Castro

El 29 de junio de 2009 fue derrocado por un golpe cívico militar el entonces presidente Manuel Zelaya, quien también protagonizará la campaña porque en esta ocasión se presenta como líder de un nuevo partido, que postula como candidata presidencial a su esposa, Xiomara Castro.

El Tribunal Supremo Electoral convocó la noche del jueves 23 a las elecciones generales, donde 5,3 millones de hondureños estarán habilitados para escoger al presidente, el vicepresidente, los diputados nacionales y del Parlamento Centroamericano y 298 gobiernos municipales.

La convocatoria, lanzada por mandato legal seis meses antes de los comicios, cuenta con la novedad de la participación electoral de cuatro nuevos grupos políticos, entre ellos un proyecto político-militar y otro calificado como “outsider”.

Los recién llegados se sumarán a otros tres grupos tradicionales en su lucha por romper la hegemonía del bipartidismo que ha signado los 30 años de inestable transito democrático de esta nación centroamericana de más de ocho millones de habitantes.

David Matamoros, presidente del Tribunal Supremo Electoral, dijo en una alocución al país que en aras de una mayor participación política, “este alto tribunal autorizó la inscripción de cuatro nuevos partidos políticos, con lo cual se amplían las opciones para el electorado hondureño y se avanza en la democratización de nuestro sistema político”.

El abanico electoral lo conforman ahora el gobernante Partido Nacional (PN), de derecha, que junto con el también conservador Partido Liberal (PL) se han alternado en el poder por más de 100 años.

Los siguen el socialdemócrata Partido de Innovación y Unidad, el Partido Demócrata Cristiano y el izquierdista Unificación Democrática. A los tres se les califica entre los analistas políticos de “bonsai” porque no crecieron en más de dos décadas de existencia.

Los recién llegados son los izquierdistas Libertad y Refundación (Libre) del expresidente Zelaya y el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper), el centroderechista Partido Anticorrupción (PAC) y la Alianza Patriótica, un proyecto político-militar liderado por Romeo Vásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas, quien comandó el golpe de 2009.

En términos de actores, en la recién abierta contienda electoral hay figuras políticas relevantes que estuvieron directamente involucradas en la crisis política de 2009, analizó para IPS el sociólogo y catedrático universitario Eugenio Sosa.

Entre esos actores, sostuvo, están “Zelaya y su esposa Castro, que ahora buscan con Libre retornar al gobierno, y el general Vásquez”.

A ellos se unen “Juan Orlando Hernández, quien era diputado del PN y portavoz de su sector en el Congreso cuando el golpe y ahora es el candidato presidencial, y Mauricio Villeda, postulante del PL, quien apoyó el gobierno de facto de Roberto Micheletti”, presidente del parlamento cuando se produjo el golpe.

“Ello reeditará en esta campaña los calificativos de golpistas y no golpistas, de ultraderechistas y ultraizquierdistas, de proconstituyentes y anticonstituyentes, entre otros”, vaticinó Sosa.

Entre ellos se moverá el comentarista deportivo Salvador Nasralla, candidato presidencial del PAC, “que desarrolla un discurso antipolítica y contra los dirigentes, propio de los llamados ‘outsider’ de la política”, acotó.

El sociólogo avizora una campaña en donde la polarización y la ideologización marcarán el debate donde podrán ser más protagonistas los insultos y las descalificaciones que las propuestas.

El analista Wilfredo García tiene una visión distinta. No cree que el tema del golpe de Estado marque tanto la campaña, pero sí comparte que será virulenta y altamente ideologizada, tras advertir que el bipartidismo se juega en este proceso “su existencia como grupo hegemónico de poder”.

“La seguridad y la corrupción marcarán la campaña, porque es en el gobierno actual de Porfirio Lobo cuando Honduras se desbordó en la violencia, al grado de ser el más violento del mundo, y es también en su administración que ocupamos el nada honroso primer lugar en corrupción en Centroamérica, seguido de Nicaragua”, afirmó.

García consideró que los partidos tradicionales no están dando respuestas y representan la cultura de la corrupción y el clientelismo: “Habrá que poner atención al proyecto político de los militares, que se sienten traicionados por la clase política tras la crisis de 2009 y han optado por buscar un movimiento que represente sus propios intereses. Si la violencia sigue creciendo, ellos van a tener opciones a futuro”, afirmó.

Los primeros sondeos de opinión pública dan a Libre una ventaja en la intención de voto, seguido del PAC, mientras que los dos partidos que han dominado el poder se alternan en el tercer y cuarto lugar.

Pero la fuerte estructura que mantienen los liberales y los nacionales, conduce a los analistas a vaticinar que darán reñida pelea por seguir en el poder.

La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa emitió un comunicado tras la convocatoria electoral, en que exhorta que los comicios se den en un ambiente “libre de violencia e intimidación”.

Datos del Latinobarómetro indican que el desencanto con la democracia en Honduras hizo que el apoyo popular a este sistema de gobierno cayera en 10 puntos entre 2010 y 2011. Esa desafección se pondrá a prueba en noviembre cuando se apueste a una ruptura o un mantenimiento del estatus quo en el poder político, coinciden los analistas.

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