Amnistía Internacional ha hecho público un comunicado en el que acusa a la Oficina de Asilo y Refugio del bloqueo de expedientes de solicitud de asilo de algunas nacionalidades. Es el caso de Amira, una activista libia que lleva dos años esperando una respuesta.
“Necesito sentir que no soy un número”, dice Amira (nombre ficticio), quien huyó de su país, Libia, por las amenazas que recibía como defensora de los derechos de las mujeres y, en particular, por sus críticas a la Ley Islámica (Sharia). Amenazas como “Te escupo a ti y a la mujer que te crió, infiel, enemiga de Dios. Te espera la muerte” la obligaron a solicitar asilo en España en 2014. Hoy Amira sigue esperando una respuesta por parte de las autoridades españolas. “Después de dos años, mi solicitud de asilo sigue pendiente. Siento que estoy perdiendo la esperanza, mis sueños, mi vida… A veces, hasta me planteo por qué sigo viva”, asegura con amargura.
Amnistía Internacional muestra su profunda preocupación por este caso y denuncia el bloqueo de expedientes de solicitud de asilo de algunas nacionalidades por parte de la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente de la Dirección General de Política Interior. Según la ley, la administración tiene un plazo de seis meses para resolver el expediente; de no ser así, pasado ese momento debe informar de las causas. Sin embargo, Amira lleva dos años esperando una respuesta por parte de las autoridades.
Además, desde Amnistía Internacional existe una gran inquietud por un grupo de personas marroquíes atrapadas en Melilla que, pese a haber solicitado asilo por motivos de orientación sexual, llevan entre seis y ocho meses esperando su traslado a la Península, lo que supone un agravio comparativo respecto a otras nacionalidades y contraviene los acuerdos internacionales. España ya ha recibido diferentes llamadas de atención de diversos organismos internacionales por este hecho.
“Lamentablemente, el de Amira no es un caso aislado, sino un ejemplo de las políticas que en materia de asilo y refugio se están llevando a cabo en España y que dificultan o niegan el derecho a la protección internacional. Personas procedentes de países como Libia, Mali o Ucrania, pueden ver su petición de asilo paralizada como ha sucedido en el caso de Amira, mientras las autoridades esperan a que la situación de derechos humanos mejore en sus países de origen”, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, que también recuerda a las personas marroquíes solicitantes de asilo que todavía están esperando su traslado a la península desde Melilla, “lo que podría estar relacionado directamente con su nacionalidad”.
A mediados de 2014, enfrentamientos entre milicias rivales y grupos armados en Libia desembocaron en un grave conflicto durante el que se han cometido graves violaciones de derechos humanos. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya alertó entonces de la situación de vulnerabilidad de las mujeres activistas en Libia, quienes, como Amira, son a menudo acosadas para que renuncien a sus funciones públicas en el país.
Actualmente, la situación en Libia no ha mejorado. La presencia de milicias armadas de corte islamista en una sociedad profundamente conservadora y religiosa incrementa el riesgo de que mujeres como Amira, que no acatan las normas sociales o cuestionan los estereotipos de género, sufran violaciones de derechos humanos; el sistema judicial apenas funciona; casi 2,5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, como agua potable, saneamiento y alimentación; muchos hospitales y clínicas están cerrados, dañados o son inaccesibles debido a los combates; aproximadamente el 20% de los niños y niñas no pueden ir al colegio y, además, las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en el país sufren toda clase de abusos y violaciones de derechos humanos.
Dos años sin respuestas
Cuando llegó a España, en abril de 2014, a Amira le asignaron una plaza en un centro de una organización no gubernamental en Alicante, donde pasó seis meses. “Nadie me dijo que pudiera tener otro tipo de ayudas al salir del centro. Pedí que me dejaran quedarme más, pero me dijeron que no, que era la ley”, asegura. Cuando se fue, recibió una cantidad única de 340 euros en concepto de “ayuda de salida”. No tenía trabajo ni medio de subsistencia.
Amnistía Internacional denunció recientemente esta situación en su informee “El asilo en España: un sistema poco acogedor”, que refleja un sistema discriminatorio, arbitrario, obsoleto e ineficaz que puede llevar a las personas a la indigencia a medio plazo.
Amira hoy ha conseguido salir adelante en España, pero continúa sufriendo la indiferencia de las autoridades, que le niegan una respuesta sobre la protección internacional a la que tiene derecho. “Ya he ido cinco veces a la comisaría a renovar mi tarjeta y cada vez que voy siento la misma decepción. Después de dos años así, me pregunto por qué mi caso continúa pendiente sin haber recibido ninguna explicación”, señala.
Amnistía Internacional ha puesto en marcha una acción online dirigida a la Oficina de Refugio y Asilo para solicitar que Amira y todas las personas solicitantes de asilo tienen acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes.
