Los diputados franceses adoptaron este martes (5 de mayo de 2015) un controvertido proyecto de ley sobre los servicios de información, defendidos por el gobierno en nombre de la lucha contra el terrorismo, pero muy criticado por el riesgo de una «vigilancia masiva», informa Andes.
El texto fue aprobado en primera lectura por 438 votos a favor, 86 en contra y 42 abstenciones.
El primer ministro socialista, Manuel Valls, celebró la aprobación del texto, considerando que «preserva las libertades fundamentales», y «enmarca la actividad de nuestros servicios de inteligencia y los provee de mayores medios».
Tras la votación en la Cámara baja, el Senado deberá pronunciarse sobre la iniciativa legislativa a finales de mes y aún puede ser modificado. «Espero que sea adoptado antes de verano para que entre en vigor lo antes posible», añadió Valls.
El proyecto de ley estaba en preparación antes de los atentados yihadistas de enero en París, pero los ataques reforzaron su legitimidad, a ojos del gobierno.
Aunque el presidente, François Hollande, ha anunciado que recurrirá al Consejo Constitucional al término del trámite parlamentario para «garantizar» un texto «totalmente conforme» a la ley fundamental, esa promesa no ha calmado a sus numerosos detractores, que denuncian que este instaurarán «métodos de vigilancia muy intrusivos».
En París, varios centenares de manifestantes se congregaron el lunes frente a la Asamblea nacional para una manifestación «24 horas antes de 1984», en alusión a la célebre novela de George Orwell.
Entre los opositores a la iniciativa se encuentran la extrema izquierda, los ecologistas, la extrema derecha, sindicatos de magistrados y periodistas, y varias asociaciones, como Amnistía Internacional.
También la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo, que alertó contra los límites de esta ley y pidió «guardafuegos legislativos» para «garantizar el respeto de los derechos fundamentales».
Cajas negras
El proyecto de ley define al mismo tiempo las misiones de los servicios de información y el régimen de autorización y control en el uso de técnicas de espionaje (de escuchas telefónicas a acceso a datos, cámaras de vigilancia, etc.).
La Comisión nacional Informática y Libertades (autoridad administrativa independiente), así como magistrados y numerosos expertos del mundo digital han expuesto sus temores ante los poderes «exorbitados» concedidos a los servicios de información, y se oponen a toda «escucha sistemática y masiva».
Un punto del proyecto de ley cristaliza sus preocupaciones: la puesta en marcha en las redes de los operadores telefónicos de instrumentos de análisis automático para detectar por medio de «una sucesión sospechosa de datos de conexión» el perfil de personas que puedan representar «una amenaza terrorista».
Estos dispositivos solo recogerían los metadatos, no el contenido de las comunicaciones, pero sus detractores, que los califican de «cajas negras», ven en ellos «el inicio de una vigilancia masiva».
Por su parte, los servicios de inteligencia franceses en principio ven con buenos ojos la iniciativa del gobierno socialista, preocupados por actuar en un vacío jurídico, si bien opinan que, paradójicamente, podría convertirse en un freno a sus actividades, al reforzar los controles administrativos.
